El PSOE calienta el ciclo electoral y abre una causa general contra las comunidades del PP

Suenan los tambores electorales y se encienden las maquinarias de los partidos. Y para muestra, la ofensiva que el PSOE y el propio Gobierno de Pedro Sánchez han activado contra las autonomías del PP en los tribunales. Los populares se hicieron con casi todo el poder institucional en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y también gobiernan en tres de las cinco regiones con un calendario electoral propio. Y ahí es donde los socialistas han puesto el punto de mira, con varios recursos contra normas impulsadas por los Ejecutivos autonómicos del partido de Alberto Núñez Feijóo, algunos en coalición con Vox. La estrategia apunta a las reformas de las leyes de memoria de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León, pero también a las leyes LGTBI y Trans de la Comunidad de Madrid.

La fórmula encaja en el último movimiento de Pedro Sánchez en su visita al valle de Cuelgamuros, donde anunció que denunciaría ante la ONU y la UE los movimientos de estos gobiernos autonómicos. El objetivo del Ejecutivo es hacer prevalecer la ley de Memoria Democrática aprobada en la pasada legislatura y que hizo posible la salida de Gonzalo Queipo de Llano de su tumba en la basílica de la Macarena de Sevilla. Moncloa, que prepara ya una campaña basada en lo emocional y lo ideológico, considera que las reformas puestas en marcha por las coaliciones de PP y Vox en Aragón, Castilla y León y Valencia son contrarias a la norma estatal. La apuesta en estos territorios es aprobar una ley "de concordia", exigencia de la formación ultraconservadora desde su entrada en la política institucional en España.

En la pasada legislatura, Vox intentó obligar a Juanma Moreno, que gobernaba en minoría y con su apoyo, a hacer lo mismo, pero el presidente andaluz utilizó una estratagema para sortear la exigencia de su socio. No habría cambios en la ley si la norma no tenía más consenso que el actual, algo que el barón popular sabía imposible. El texto andaluz sigue intacto, aunque la oposición de izquierdas denuncia su parálisis. Pero Carlos Mazón, Alfonso Fernández Mañueco y Jorge Azcón no están en condiciones de seguir los pasos de Moreno. Azcón ya ha derogado su norma por la vía exprés, en Castilla y León PP y Vox presentaron una proposición para eliminar el decreto autonómico y en Valencia han hecho lo propio para la norma aprobada por el Botànic.

El Gobierno, por medio de Ángel Víctor Torres, titular de Memoria Democrática, ha asegurado que intentará negociar para evitar un incumplimiento de la ley estatal que, asegura, "dificulta" el hallazgo de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. El siguiente paso será ir al Constitucional, una decisión que puede paralizar los movimientos de los barones del PP si el Ejecutivo asegura que se ha producido una invasión de competencias. De la mano, el Gobierno acudirá a Naciones Unidas y al Parlamento Europeo, donde hará peticiones de información y planteará debates al respecto.

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Marisol Hernández

En la Comunidad de Madrid no puede darse este debate porque el PP, que gobierna desde hace décadas, nunca ha puesto en marcha una ley de memoria. Pero la región es el epicentro de la bronca política y merece un capítulo aparte. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho de la vía judicial una forma de oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez, con procedimientos variados que van desde las medidas adoptadas durante la pandemia al conocido como impuesto a los ricos. Pero esta estrategia ha mutado ahora en un intercambio de golpes, con denuncias y recursos de ida y vuelta, siempre con un trasfondo político más que evidente.

El Gobierno del PSOE ha abierto un frente contra Madrid por un tema con gran carga ideológica y discursiva. Es el caso de las bautizadas como leyes Trans y LGTBI, aprobadas en 2016 por la también popular Cristina Cifuentes pero modificadas ahora por la Comunidad de Madrid, tras la mayoría absoluta del PP en las elecciones del 28 de mayo. Como ocurre con la pugna por la memoria histórica, se trata de otro capítulo de la llamada batalla cultural, donde el PSOE considera que tiene margen para ganar en este periodo electoral, con tres elecciones en cuestión de tres meses: las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio.

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Europa Press

El Ejecutivo, a través de los ministerios de Igualdad y Política Territorial, ha impulsado la apertura de una comisión bilateral para abordar los cambios en la Ley de Protección Integral Contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e identidad Sexual, por un lado, y la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, por otro. Esta mesa, para la que todavía no hay fecha, es el paso previo al recurso en el Tribunal Constitucional si no se llega a un acuerdo.

Lo más previsible es que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe en el Constitucional, porque Sol no tiene la menor intención de modificar ninguno de los textos. "La Comunidad de Madrid se reunirá con el Gobierno central en la Comisión Bilateral de Cooperación para tratar de evitar un nuevo ataque contra las políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid", señalan fuentes del equipo de Ayuso, que advierten de que la reforma de las dos normas sigue las recomendaciones de las sociedades médicas, de grupos feministas y de juristas. "Reclamaban rectificar aspectos que ponían en peligro la seguridad jurídica, los derechos de las mujeres, el derecho a la salud y el trabajo de los profesionales sanitarios, la libertad de expresión y de cátedra, la pluralidad dentro de las personas LGTBI y la protección de la infancia", concluyen.

Contra las leyes de simplificación

Pero este no es el único frente abierto en la región. El PSOE de Madrid, liderado por Juan Lobato, ha aprovechado la corriente en los tribunales y también ha presentado un recurso en el Constitucional por la Ley de Simplificación de la Comunidad de Madrid, conocida como Ómnibus, que modificó de una vez hasta 50 textos normativos y 31 leyes. Este ha sido uno de los aspectos más criticados por la oposición, que apuntan a una maniobra de Isabel Díaz Ayuso para controlar organismos como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia, entre otros. Los socialistas comparten argumentos con Más Madrid, pero también con Vox, que incluso renunció a la presidencia de la Comisión de la Vigilancia de las Contrataciones por el "autoritarismo" de la presidenta

Esto ya ocurrió en Andalucía, donde Moreno se estrenó en el cargo con un decreto de simplificación que después ha tenido otras tres ediciones. El primero encendió las alarmas en el Gobierno central, que ensayó la estrategia que ahora despliega en Aragón, Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Pero con matices. Primero llevó la norma al Constitucional, paralizando varios preceptos, pero luego puso en marcha la comisión bilateral con la comunidad andaluza. Finalmente, hubo acuerdo, la Junta modificó el texto y el resto de decretos de simplificación han salido adelante sin problemas.

La situación con el Gobierno andaluz ha pasado por varias etapas que van desde el choque directo al acuerdo amistoso. Y el mejor ejemplo de esa realidad es el acuerdo sobre Doñana después de dos años de conflicto. Esta misma semana la ministra Teresa Ribera ha dedicado buenas palabras a la relación de su departamento con la Junta a cuenta del humedal onubense. Pero eso no quita para que salten chispas. La polémica, esta semana, del fichaje del ex número dos de la Consejería de Salud en Asisa, ahora paralizado tras declararlo la Junta incompatible, ha llevado al PSOE a anunciar que llevará a "parte del Gobierno andaluz" a la comisión de investigación sobre los contratos en pandemia que ya ha echado a andar en el Congreso.