El Gobierno eleva a la ONU y la UE el pulso por las leyes de memoria contra el PP y Vox

Europa y el mundo como campo de juego de la política nacional. Ahora por la reforma de las leyes de memoria democrática. El Gobierno, en pleno trimestre electoral, eleva la pugna con el PP y Vox por los cambios introducidos a nivel autonómico en estas normas, por imposición del partido de ultraderecha.

Esta misma semana ya anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional si estas comunidades no retiran los puntos que pervierten las leyes de memoria y equiparan la dictadura con el periodo legal de la Segunda República o impiden la búsqueda de cuerpos en fosas comunes. Pero fuentes del Ejecutivo han avanzado este martes que darán más pasos a nivel internacional y denunciarán las modificaciones ante la ONU y a la UE.

El miedo a una alianza de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal fue determinante en las elecciones generales para que el PSOE obtuviera un millón más de votos. Pedro Sánchez lo convirtió en el eje principal de su campaña. Ahora la aprobación o el registro de leyes, denominadas de concordia en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, ha permitido al PSOE recuperar este discurso en otro momento marcadamente electoral, con elecciones en el País Vasco el 21 de abril, el 12 de mayo en Cataluña y las europeas del 9 de junio.

El Gobierno se ha volcado estos días en denunciar y proceder contra estas decisiones de las comunidades del PP y el propio presidente del Gobierno, recién aterrizado de su gira en Oriente Próximo, ha realizado esta mañana una visita al laboratorio forense del Valle de Cuelgamuros, donde se intenta exhumar a 160 víctimas del franquismo, a instancias de sus familiares, acompañado del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

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Marisol Hernández

Fuentes del Ejecutivo han avanzado este martes que recurrirán al Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación, y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas para que "evalúen la conformidad de estas medidas con las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de Derechos Humanos".

Además, promoverán distintas iniciativas en el Parlamento Europeo para propiciar un debate sobre este asunto. Una decisión que se produce a pesar de que los socialistas son siempre muy críticos con actuaciones similares del PP en temas como la eliminación de la sedición, la reforma de la malversación o la ley de amnistía.

Y acudirán al Consejo de Europa para invocar la "posible violación" de varias disposiciones del Convenio de Derechos Humanos. Informarán primero a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Comisario de Derechos Humanos para ponerles en conocimiento, pedirán un debate "urgente" en la Asamblea Parlamentaria de ese órgano y solicitarán la elaboración de un informe sobre la situación de la memoria democrática en España.

Visita "electoral"

La visita del presidente al Valle de Cuelgamuros ha provocado la airada reacción de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha registrado administrativamente una queja porque él haya podido acceder al laboratorio forense y a las criptas o columbarios donde se encuentran los restos, algo que no se permite a los propios familiares.

Piden que "que nadie sea tratado por encima de las víctimas" y que "la atención a las familias sea permanente, cuidadosa y siempre teniendo en cuenta que son la prioridad de esas actuaciones y tienen derechos inalienables a conocer de primera mano todo el proceso y a estar presentes en él siempre que quieran".

"Las familias que llevan años peleando por sacar de allí los restos de un ser querido se enteraron de las exhumaciones por la prensa y fueron convocadas por primera vez a una reunión el 10 de julio de 2023, en plena campaña electoral, en el Palacio de la Moncloa", recuerda la asociación.

Sólo unas horas después, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha invitado a las 160 familias que han solicitado la exhumacion a comprobar presencialmente la marcha de los trabajos.