Vox se apunta una victoria ante el PP tras borrar las leyes de Memoria en las CCAA

Vox se ha apuntado una victoria clave para su discurso político. Los Gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas han acelerado la derogación de las leyes de memoria histórica y democrática, tal y como exigió la formación ultraconservadora en la firma de los pactos, e impulsado los textos alternativos. En Aragón ya es un hecho, mientras que en la Comunidad Valenciana y Castilla y León presentaron esta semana su Ley de Concordia. Extremadura y Baleares serán los siguientes, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez amenaza con ir al Constitucional.

La oposición a las políticas de memoria, impulsadas fundamentalmente por la izquierda, ocupa una parte central en el argumentario de Vox. Santiago Abascal mantiene una crítica feroz a estas leyes, tanto a nivel estatal como autonómico, por su "sectarismo" y carga ideológica y porque clasifica a las víctimas "entre buenos y malos" según el periodo histórico (II República, Guerra Civil y dictadura). La formación lleva años embarcada en esta especie de cruzada, incluso culpando al PP de complicidad, y exigió la derogación de las normas como una línea roja en las negociaciones con los populares para la formación de los Ejecutivos regionales. También en Andalucía años atrás, aunque el resultado fue dispar.

El partido no ha tardado ni un año en ejecutar los acuerdos y aplicar el rodillo sobre la memoria democrática en los gobiernos que salieron de las urnas el pasado 28 de mayo. La derogación de las leyes es el mejor aval de Santiago Abascal y los suyos de cara al nuevo ciclo electoral, con el mensaje de que la formación "siempre cumple" con sus votantes.

Este argumento, apuntan fuentes cercanas a la dirección, será una de las banderas de Vox antes de los comicios en Euskadi, Cataluña y Bruselas en su particular pulso con el PP para liderar el centro-derecha, si bien no hay ninguna expectativa de gobernar en los procesos autonómicos. Todos los huevos están en la cesta de las europeas del 9 junio, donde prevén recuperar algo de oxígeno tras los últimos fiascos.

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Casi todos los gobiernos regionales del PP y Vox ya han borrado de su ordenamiento estas normas. Primero fue Aragón, el pasado mes de febrero, y la semana pasada hizo lo propio la Generalitat Valenciana. El Ejecutivo aragonés derogó la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2019, e impulsó el denominado Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento, enfocado a los perseguidos por "razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa", antes y después de 1936, e incluyendo a víctimas de ETA y el terrorismo islámico. Lo hizo con los votos de los populares, Vox y el PAR.

El punto de partida es corregir la presunta "discriminación" y el "sesgo" preexistente, así como el marco temporal de actuación. En la Generalitat Valenciana se suprimirá el texto de 2017, aprobado por el socialista Ximo Puig, y se sustituirá por otro distinto. El Gobierno ha presentado la Ley de la Concordia, que deberá ser refrendada en el Parlamento con los votos del PP y Vox. Como ha informado este diario, supondrá el final de las investigaciones en torno al franquismo, aunque se continuará con las exhumaciones. La norma reconoce a todas las víctimas de "violencia social, política, terrorismo, persecución ideológica y religiosa" desde 1931 hasta la actualidad.

En Castilla y León la iniciativa se ha demorado dos años, pero finalmente Vox ha impuesto su criterio en la coalición tras importantes fricciones. La iniciativa prevé acabar con el Decreto de Memoria Democrática vigente, aprobado en 2018 por Juan Vicente Herrera (PP), y aprobar otra Ley de Concordia con los mismos preceptos este mismo año. El texto remitirá a la II República, al establecer un reconocimiento de "quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta 1978". El espíritu de la norma, detallan en el Gobierno, es borrar la "visión sesgada y frentista".

Próximos movimientos

El resultado será el mismo en Extremadura, donde el PP y Vox también gobiernan juntos, y en Baleares, donde el apoyo de la formación ultraconservadora es externo. En ninguno de los dos casos se ha presentado aún el texto alternativo, aunque las fuentes consultadas detallan que llegará próximamente. Los de Santiago Abascal solo tienen un consejero en el Gobierno de la extremeña María Guardiola, aunque incluyeron el final de las políticas de memoria en su acuerdo. "La sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada", advertía el pacto suscrito entre las dos fuerzas, con el compromiso de derogar la ley de 2018.

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En las islas, según el acuerdo firmado, se mantendrá la Ley de Fosas, que regula las exhumaciones, pero se finiquitará la de Memoria, que tanto el PP como Vox consideran que tenía una mayor "carga ideológica". Fuentes del grupo parlamentario del partido ultraconservador explican que la propuesta se formalizará con seguridad antes del próximo verano. En Cantabria los populares también hicieron lo propio, mientras que en Murcia, donde conviven en coalición, no existe legislación al respecto y no hay nada decidido en ese sentido.

Las iniciativas del PP y Vox han provocado una respuesta airada de la izquierda, con el argumento de que las bautizadas como leyes de concordia suponen un "retroceso democrático". "Es como si en Alemania promovieran la defensa del nazismo", dijo el socialista castellanoleonés Luis Tudanca, tras conocer los planes del Ejecutivo autonómico. Pero ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez quien ha ido más allá y advierte incluso de que acudirá al Tribunal Constitucional. Así lo han manifestado públicamente la secretaria general del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, o la Delegación del Gobierno en Castilla y León. "Concordia no puede ser defender el franquismo frente a la democracia", aseveró Morant.