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La Moncloa resucita la estrategia del miedo a Vox y prepara ya otra campaña emocional
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NUEVO CICLO ELECTORAL

La Moncloa resucita la estrategia del miedo a Vox y prepara ya otra campaña emocional

El Gobierno anticipa el discurso que reservaba para las europeas después de que el PP meta en la agenda tumbar las leyes de memoria histórica en comunidades. Recupera el plan del 23-J sobre la pinza de Feijóo y Abascal

Foto: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con su equipo. (Europa Press/Alberto Ortega)
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, con su equipo. (Europa Press/Alberto Ortega)
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El avance de los partidos de ultraderecha, al que apuntan todas las encuestas, se asume ya como el gran cambio de las próximas elecciones europeas. Pero sigue sin definirse la relación con estas fuerzas, al alza en todos los países de la UE. Y este será uno de los grandes debates de la campaña. Hace meses que Pedro Sánchez tiene claro que resucitará el eje de su discurso en las generales: o el PSOE (y la ensalada de partidos que le acompañan) o el PP (y su sintonía con Vox). El presidente del Gobierno se implicará al máximo como uno de los grandes referentes de la socialdemocracia europea, junto al canciller alemán, Olaf Scholz. Y el combate ha comenzado.

El regreso a una campaña emocional, que es como se concibió el 23-J, en este caso sobre el futuro de Europa, estaba escrito de antemano. No obstante, los socialistas lo han estrenado nada más comenzar el trimestre electoral, que concatena las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y las europeas del 9 de junio. El PP se lo ha puesto fácil con la derogación de las leyes de memoria histórica en medio de todas estas citas. Y el Gobierno no ha perdido la ocasión de exprimir las críticas y anunciar recursos ante el Tribunal Constitucional.

La supresión de estas normas fueron una exigencia de Vox para alcanzar pactos autonómicos con el PP. En Aragón se ha revocado la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2019, para impulsar el Plan de Concordia Democrática, Reconciliación, Recuerdo y Reconocimiento, que engloba a perseguidos por "razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa", antes y después de 1936.

Y en las dos últimas semanas se han presentado iniciativas similares en la Comunidad Valenciana y en Castilla y León. El Gobierno de Carlos Mazón tumbará la norma de Memoria Democrática aprobada en 2017 por el Ejecutivo de Ximo Puig. Pero Alfonso Fernández Mañueco se cargará una ley del anterior presidente popular, Juan Vicente Herrera, el Decreto de memoria histórica y democrática de 2018. En ambos casos se retrotraen a 1931 para equiparar las víctimas del franquismo con las de la Segunda República.

Foto: Santiago Abascal, durante un acto de Vox. (EFE/L. Rico)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anticipó este lunes que el Gobierno llevará estas leyes ante el Tribunal Constitucional. En el caso de Aragón se propondrá una reunión bilateral para tratar de llegar a un acuerdo y si no es posible presentarán el recurso. El Ejecutivo sostiene que esta norma vulnera el derecho internacional porque elimina la condena al franquismo y los homenajes a quienes perdieron la vida en los campos de concentración nazis. Y se actuará de igual modo si se aprueban las leyes de concordia de la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

El proceder de los barones del PP, Jorge Azcón, Mazón y Mañueco permite al Gobierno desempolvar las críticas de la sintonía del PP con Vox que había perdido fuelle por el monopolio del debate de la amnistía, la dependencia del PSOE de Junts, el estallido del caso Koldo y todos los temas que se han cruzado después, desde las reuniones de la mujer del presidente con Air Europa al presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Europa Press/Alejandro Martínez Vélez) Opinión

Torres defendió ayer que estas normas buscan "unir" los años del "totalitarismo" y del franquismo, con un periodo de "régimen democrático" como fue la Segunda República, y acusó al PP de intentar "blanquear la dictadura", "obligado por Vox".

Hasta ahora, lo que Moncloa había intentado en su relación con las comunidades populares, era favorecer el entendimiento para poner en evidencia la línea de oposición dura de Alberto Núñez Feijóo y acabar con la idea de que España era ingobernable porque el poder autonómico está mayoritariamente en manos del PP. Con ese propósito la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, llegó al acuerdo de Doñana. Prosiguió en Murcia, con la regeneración del Mar Menor. Y el ministro de Transportes, Óscar Puente, desbloqueó la ampliación del puerto de Valencia. Este idilio se ha acabado en cuanto Vox entra en la ecuación y el PSOE se enfrenta a tres citas electorales.

El avance de los partidos de ultraderecha, al que apuntan todas las encuestas, se asume ya como el gran cambio de las próximas elecciones europeas. Pero sigue sin definirse la relación con estas fuerzas, al alza en todos los países de la UE. Y este será uno de los grandes debates de la campaña. Hace meses que Pedro Sánchez tiene claro que resucitará el eje de su discurso en las generales: o el PSOE (y la ensalada de partidos que le acompañan) o el PP (y su sintonía con Vox). El presidente del Gobierno se implicará al máximo como uno de los grandes referentes de la socialdemocracia europea, junto al canciller alemán, Olaf Scholz. Y el combate ha comenzado.

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