El PP apurará el trámite de la amnistía en el Senado para evitar dar bazas al soberanismo

El destino y los hados electorales han querido que los calendarios de la tramitación de la amnistía en el Senado y los de las elecciones catalanas se solapen. Y eso obligará al PP a apurar los plazos en su tramitación, para evitar dar una baza electoral extra al independentismo. Ya se quejó Carles Puigdemont en Elna, en el sur de Francia, de que "al independentismo nos duran poco las victorias", justo hablando de la amnistía. Pues bien, el PP hará lo posible para que ERC y JxCAT no tengan motivos de celebración añadidos antes de ir a las urnas el 12 de mayo, según explican fuentes de los populares y también confirman fuentes socialistas en el Senado.

La tramitación de la ley de amnistía acaba el 16 de mayo. En condiciones normales, la Cámara Baja podría haberle dado salida la semana del 6 de mayo si se tiene en cuenta que la siguiente, la del 15 de mayo, es San Isidro y festivo en Madrid. Pero este calendario supondría que el independentismo acudiría a las urnas del 12 de mayo sacando pecho de que la ley clave para la clase política catalana afrontaba su recta final.

Pero el PP no va a cometer ese error. Y menos ahora que ha despejado la candidatura de Alejandro Fernández como cabeza de lista para las catalanas y las encuestas les dan hasta quince escaños. Ahora tiene tres. El PP revive en Cataluña. En las pasadas elecciones generales logró más de 473.000 votos en Cataluña, superando en sufragios a JxCAT o a ERC.

En estas condiciones no se quiere dar a los partidos independentistas la oportunidad de sacar pecho humillando a España. Por lo tanto, se aboga por que los catalanes vayan a votar el 12 de mayo con la ley de amnistía aún enfangada en el Senado gracias a todas las tácticas dilatorias que piensan desplegar los populares. Esta decisión puede ser clave porque por primera vez el independentismo podría perder la mayoría en el Parlament, según algunos sondeos. Que el PP fuera la tercera fuerza catalana en votos en las generales de julio de 2023, ya apuntaba en ese sentido.

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Ahora bien, retrasar la ley de amnistía podría suponer tener que habilitar la jornada de San Isidro como día hábil, algo que ya ha sucedido en otras ocasiones, aunque de manera excepcional. La situación real es que el PP no puede tumbar la ley de amnistía en el Senado, pese a contar en esta Cámara con una amplia mayoría. La razón radica en la configuración institucional del Senado español, que en realidad no opera como una segunda cámara, como hace el Senado estadounidense. En España puede modificar leyes, pero no puede tumbarlas.

Regreso automático

Si una ley no prospera en el Senado, como ocurrirá con la ley de amnistía, esta vuelve de manera automática al Congreso, que le da el visto bueno o no en segunda instancia. De manera que la mayoría en verdad significativa es la de la Cámara Baja. En el caso de la ley de amnistía, ese regreso se producirá a partir del 16 de mayo. Por tanto, la ley de amnistía solo depende de la mayoría que apoya a Pedro Sánchez en el Congreso. Lo que puede hacer el PP, y de hecho está haciendo, es dosificar los tiempos en función de su conveniencia y de los gestos hacia su electorado, en su mayoría contrario a esta norma de perdón al independentismo.

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La estrategia popular

Los populares consideran que la ley de amnistía es inconstitucional y califican su tramitación como "fraudulenta". Así que apenas unas horas después de que se admitiera por la Mesa, han anunciado un recurso ante el Congreso para retirar la norma, que podría acabar en el Tribunal Constitucional en el caso de que el Congreso no atienda al requerimiento.

Sin embargo, la iniciativa de los populares, que debe pasar por la Mesa y tiene que ser aprobada por el pleno de la Cámara Alta, no interrumpiría en ningún caso el plazo máximo de dos meses para tramitar la ley en el Senado y que finaliza el 16 de mayo. Se trata más de poner en evidencia al PSOE que de una verdadera eficacia. Acabe como acabe en el Senado el destino final de la ley de amnistía y sus efectos en la política catalana los decidirá el Congreso.