Declaran incompatible el fichaje del número dos de la sanidad andaluza en Asisa por los contratos a dedo

El fichaje en Asisa de Miguel Ángel Guzmán, número dos de la Consejería de Salud andaluza hasta hace tres meses, es incompatible con la ley autonómica de altos cargos. Así lo ha declarado un informe de la Consejería de Justicia y Función pública realizado después de conocerse la incorporación, ahora paralizada, del que fuera viceconsejero y gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Es precisamente esta última condición, la de jefe de la sanidad regional, la que impide su entrada como director médico en la aseguradora, ya que el SAS firmó hasta 14 contratos de emergencia con empresas del grupo entre 2019 y 2022. Y por ese motivo podría incorporarse a la entidad el 29 de julio de este año, ya que se cumplen en esa fecha los dos años desde su salida de la gerencia del SAS y ese es el límite temporal que establece la ley andaluza.

Ha sido la Inspección General de Servicio de la Junta la que ha indagado en el fichaje después de que Guzmán acordase su fichaje con Asisa sin informar a la Administración después de incorporarse a la Junta cuando el PP llegó al Gobierno andaluz, en los primeros meses de 2019. Después de la crisis de la listeriosis, Jesús Aguirre lo nombró gerente del SAS y es ahí donde está la incompatibilidad, según la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta. El documento, que no se puede consultar, alude a los 14 contratos firmados por las entidades vinculadas Asisa entre noviembre de 2019 y junio de 2022, prácticamente el periodo que Guzmán fue gerente del SAS.

Los contratos no fueron firmados directamente por Guzmán, sino por el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados "por delegación de firma". "Esto no altera la competencia", apuntan desde el departamento que dirige José Antonio Nieto, que constata el "incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de altos cargos". Al mismo tiempo, la Junta considera que no habría incompatibilidad por su cargo de viceconsejero de Salud, que ostentó entre julio de 2022 y diciembre de 2023, cuando dimitió en pleno escándalo por el aumento de las listas de espera. Por ese motivo, el veto para entrar en Asisa caduca el 29 de julio, cuando se cumplen dos años de su cese como gerente del SAS.

Guzmán envió un comunicado a última hora del jueves anunciando que paralizaba su incorporación a Asisa hasta conocer el resultado del dictamen de Justicia y afirmando que acataría lo que dijera el informe. En el mismo escrito, el ex número dos de Salud decía estar convencido de que había cumplido "en todo momento" la ley. Hay que tener en cuenta que los altos cargos, según la ley de incompatibilidad, no están obligados a notificar o consultar si su incorporación a un puesto de trabajo es legal.

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Los contratos firmados bajo su mandato se encuentran dentro de los convenios a dedo realizados por la Junta con empresas privadas en el contexto posterior a la pandemia de covid. En total, Salud dedicó 243 millones de euros a este tipo de contratos para derivaciones a clínicas concertadas incluso cuando el Gobierno central y la propia Consejería andaluza de Hacienda pusieron reparos a este tipo de contrataciones. Asisa se llevó 44 millones de esa partida, según desveló elDiario.es.

La propia Lina García admitió tras estallar el caso que Guzmán debería haber consultado antes de haber gestionado su contrato con Asisa, sobre todo si se tiene en cuenta que la ley de contratos con el sector público impide que una Administración tenga relación con una empresa en la que esté trabajando un ex alto cargo con incompatibilidad. En la Junta admiten la necesidad de cambiar la ley de incompatibilidades, dado que las cesantías que cobran los altos cargos que salen de la Junta no duran los 24 meses de veto que establece la norma.