El fin de las 'golden visa' choca con la apuesta por atraer inversión de Moreno y Ayuso

La eliminación de las golden visa impulsada por el Gobierno central es una enmienda a la totalidad de la medida que aprobó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en el contexto de la crisis económica y financiera que comenzó 2018. Pero la medida anunciada por Pedro Sánchez también es un golpe en la línea de flotación de la política fiscal y regulatoria que abanderan los dos grandes barones del PP, Isabel Díaz Ayuso en Madrid y Juanma Moreno en Andalucía. La primera, como heredera de décadas de gobiernos del PP en la capital, y el segundo desde que llegó al poder en la comunidad más poblada del país, han hecho causa a favor de la simplificación y las rebajas fiscales como un instrumento para atraer la inversión y activar la economía.

"El mensaje que mandas es negativo", explican desde la Consejería andaluza de Hacienda y Financiación Europea, donde aseguran que el número de operaciones vinculadas a las golden visa es pequeño. Esa posición choca con la que defendió este martes el Gobierno central, que aseguró que la compraventa de inmuebles asociada a la concesión de estos visados llegó a suponer el 7,1% de las transacciones en Marbella y el 5% en Barcelona. Este "mensaje negativo" contrasta con el esfuerzo que ha dedicado Moreno desde su llegada a San Telmo, tras 37 años de ejecutivos socialistas. El escenario que ha dibujado desde entonces el malagueño desde entonces es que sus políticas han acabado con el "infierno fiscal" que estableció el PSOE y que ahora Andalucía compite en lo económico con las regiones más dinámicas del país. Este mismo martes, según desveló el propio Moreno, el jefe del Ejecutivo andaluz tuvo un almuerzo con periodistas de fuera de España donde defendió que la comunidad se ha convertido en un "polo de atracciones extranjeras".

Cuando Moreno anunció la bonificación del impuesto al Patrimonio al 99%, en septiembre de 2022, lo hizo pensando en los propietarios de grandes fortunas que viven en Andalucía casi la mitad del año, pero no trasladan su domicilio fiscal a la comunidad, en teoría, por la alta presión impositiva. Se trataba de inversores y millonarios que viven fuera de España, pero buscan la calidad de vida del sur de la península. Pero también grandes fortunas radicadas en Madrid, hasta donde el presidente de la Junta se fue para hacer el anuncio. Hubo quien leyó entonces aquel movimiento como un intento del barón andaluz por competir con su compañera Isabel Díaz Ayuso, que ya tenía el impuesto de Patrimonio bonificado desde hacía años, fruto de casi 30 años de gobiernos del PP en la comunidad.

Tras el anuncio del andaluz, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo público que aprobaría un impuesto a las grandes fortunas que, de forma parcial, condonaba la reforma de Moreno Bonilla. El presidente de la Junta, su homóloga en Madrid y el PP en tromba entró en cólera y anunció una serie de recursos al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, ya que el impuesto al patrimonio está cedido a las comunidades. El Alto Tribunal ha dado la razón al Ministerio de Hacienda, que se apunta apuntó una "victoria política" en palabras del equipo de María Jesús Montero. Pero eso no ha desanimado a los barones populares a seguir apostando por este camino, aunque se encuentren con las piedras que les pone el Gobierno central.

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R. Ugalde M. Hernández

El último ejemplo es la rebaja fiscal aprobada recientemente por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, una deducción en el IRPF por el valor del 20% de las inversiones en la comunidad realizadas por residentes en el extranjero, tanto madrileños como foráneos. Esta propuesta ha llegado después de una nueva deflactación del IRPF vinculada a los Presupuestos autonómicos. La consejera de Economía y Hacienda de la CAM, Rocío Albert, calificó de "cosmética" la medida y rechazó que vaya a tener impacto en la política de vivienda, una posición que también comparten en Andalucía, donde consideran "lamentable" el argumento utilizado por el Gobierno para justificar la eliminación de la golden visa, una medida que ya tomó el Ejecutivo portugués hace cuestión de unos meses.

"Romper las reglas del juego genera desconfianza, inseguridad jurídica y ahuyenta la inversión", defendió Albert, palabras muy similares a las utilizadas por Madrid y Andalucía para responder al impuesto a las grandes fortunas de María Jesús Montero. Este choque no es más que un nuevo capítulo de las confrontaciones que acumulan Moncloa y los territorios del PP, un fenómeno que ha experimentado un crecimiento notable en el contexto del ciclo electoral que comenzó el pasado 18 de febrero en Galicia y que tendrá los siguientes hitos en las vascas del 21 de abril, las catalanas del 12 de mayo y, como colofón, las europeas del 9 de junio.

Por el momento el PSOE no ha querido dar el siguiente paso en materia fiscal, a pesar de la presión de Sumar por crear también un impuesto a las herencias que serviría para contrarrestar la carrera de rebajas en los impuestos autonómicos de sucesiones y donaciones. Los argumentos de los presidentes regionales para poner en marcha estas reducciones también son la activación de la economía y evitar la fuga de grandes herencias a las regiones donde estos tipos están más bajos. De fondo está la intención de María Jesús Montero de "armonizar" este tributo para evitar la competición fiscal entre territorios, pero la ministra de Hacienda sólo está dispuesta a hacerlo en el contexto de una reforma de la financiación autonómica.

Esta reclamación es su eterna asignatura pendiente y la principal reclamación de los presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha. Y Juanma Moreno se lo recordó al propio Pedro Sánchez en directo el lunes en Sevilla, donde ambos coincidieron en la inauguración de las obras de la ampliación del Metro de la capital andaluza. Este martes, ante el Consejo de Alcaldes del PP andaluz, el jefe del Ejecutivo autonómico redobló su exigencia y se mostró muy duro con el presidente del Gobierno por "menoscabar los recursos de los andaluces para privilegiar a otro territorios", una referencia directa a Andalucía. "La solidaridad, la justicia y la igualdad ya no están en el diccionario del PSOE porque no las pueden utilizar", zanjó el barón popular, que ha vuelto a elevar el tono de confrontación contra el líder socialista en las últimas fechas.