Hacienda celebra su "victoria política" tras forzar a Ayuso a reactivar el impuesto de patrimonio

Un revés judicial para Isabel Díaz Ayuso que supone también una derrota ante el Gobierno de Pedro Sánchez. El blindaje que dio el Tribunal Constitucional al impuesto a las grandes fortunas que aprobó el Gobierno el pasado año ha forzado a la dirigente popular a recuperar el impuesto al patrimonio, uno de los tributos que son el paradigma de la política fiscal que defiende la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto es así que Galicia y Andalucía, dos comunidades en manos del PP, siguieron los pasos que inauguró Esperanza Aguirre hace ya dos décadas. Desde el Ministerio de Hacienda, no esconden su regocijo por lo que consideran una "victoria política".

Díaz Ayuso se adelantó a Juanma Moreno en la batalla en los tribunales contra el impuesto a los ricos, a pesar de que María Jesús Montero anunció la creación de este tributo después de que el andaluz anunciase su bonificación en patrimonio. El gravamen está diseñado para recaudar a partir de las fortunas superiores a tres millones de euros. Con ese objetivo, recogió 623 millones, según los datos que el Ministerio de Hacienda hizo públicos el pasado septiembre, con la liquidación de un tributo que se pretende hacer permanente, tal y como establece el acuerdo entre el PSOE y Sumar para formar un nuevo Gobierno. La mayor parte de esa recaudación se produjo en la Comunidad de Madrid y, en menor medida, en Andalucía y Galicia.

El martes, en el Senado, Montero criticó a Díaz Ayuso por intentar ahora gestionar algo que había "demonizado". Según la dirigente popular, tenía un objetivo confiscatorio y además invadía las competencias de las comunidades autónomas. Esto último es relevante, ya que el argumento utilizado por el Gobierno madrileño es que el nuevo tipo se solapaba con el impuesto al patrimonio, cedido a las comunidades autónomas. Esa cesión es precisamente lo que permitía al Ejecutivo de la Comunidad de Madrid bonificarlo al 99%, es decir, eliminarlo de facto. Por eso resultó llamativo que Díaz Ayuso, tras el varapalo del Constitucional, anunciase que tenía intención de reclamar la gestión que antes había criticado.

El obstáculo para los planes de Díaz Ayuso es que el nuevo tributo es estatal y el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene intención de cederlo a las comunidades del régimen común. Euskadi, que tiene su propio régimen fiscal, como Navarra, reclamó su gestión al principio, pero la idea ha quedado congelada. Ese bloqueo solo dejó una salida a la presidenta madrileña y la destapó el miércoles en la Asamblea. Su intención es reactivar el impuesto al patrimonio de cuya eliminación hacía bandera, lo que en el Ministerio de Hacienda y Función Pública consideran un "éxito desde el punto de vista político" después de la ofensiva de la baronesa popular a través del Tribunal Constitucional.

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Pero la celebración en el departamento de Montero no se queda ahí, ya que defienden el "éxito técnico" que supone el fracaso del recurso de la Comunidad de Madrid. Los responsables de elaborar el tributo tuvieron que afanarse para evitar ese solapamiento con patrimonio, algo que han logrado con su victoria en el TC. "Y también es un éxito en el sentido de vanguardia fiscal a nivel internacional", explican desde Hacienda, a pesar de que los ingresos se han quedado en el 58% de la previsión inicial, cifrada en 1.500 millones de euros. En total, 12.000 contribuyentes (el 0,1% del total) abonaron el tributo con una cuota media de 53.000 euros.

La pugna con Sánchez

El denominado impuesto a los ricos es uno de los principales frentes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez. Además de la batalla judicial, Díaz Ayuso impulsó una deducción fiscal para inversores procedentes del extranjero, de hasta el 20% de lo desembolsado en el IRPF, concebido como un “contrapeso” al tributo impulsado por el Gobierno.

El punto de partida ahora es similar. La ley anunciada por la presidenta popular, que será registrada en la Asamblea las próximas semanas, aspira a volver a recaudar a los grandes patrimonios censados en la Comunidad de Madrid y después revertirlo al contribuyente en nuevas bajadas de impuestos, aunque el Ejecutivo regional no ha detallado aún si habrá alguna medida en ese sentido, al margen de las ya presentadas.

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El plan de Ayuso pasa por reactivar el impuesto autonómico para patrimonios superiores a tres millones de euros, el mismo límite que establece la norma estatal. Es decir, que en ningún caso libera al contribuyente de ese pago, sino que simplemente va a parar a las arcas de la Comunidad de Madrid y no del Estado. "No vamos a quedarnos parados", dijo la propia presidenta regional este martes, tras anunciar la medida. La duda es concretar ahora cómo pretende revertir la subida de impuestos que, de facto, se producirá cuando quede reactivado el de patrimonio.

En Sol, llevan meses volcados en torpedear el impuesto. La Comunidad de Madrid considera que esta y otras políticas de Pedro Sánchez son una amenaza para el crecimiento y la creación de empleo. Según los cálculos de la Consejería de Economía y Hacienda, que dirige Rocío Albert, calculan que tendría un impacto negativo en la inversión de hasta 1.200 millones de euros. Si lo recuperan ahora, es porque aseguran que el 90% de lo recaudado se hace en la Comunidad de Madrid y, por tanto, es preferible gestionarlo directamente para después poder devolverlo, aunque esa idea haya quedado en el aire y suponga un paso atrás respecto a la apuesta por suspender patrimonio que defendía hasta ahora.