El rechazo de Euskadi a aplicar el impuesto a los ricos da alas al PP en su ofensiva contra Hacienda

El Gobierno vasco, que comparten PNV y PSOE, no tiene intención de aplicar el impuesto a las grandes fortunas que se tramita en el Senado, y en el PP pretenden aprovechar ese resquicio en su ofensiva contra el Ministerio de Hacienda, por lo que consideran un ataque a la autonomía fiscal. Los populares preparan un doble recurso al Tribunal Constitucional para parar este nuevo tributo y la entente que se está pergeñando en Euskadi para eludir este impuesto servirá como argumento al equipo económico de Génova para su rechazo a este tributo.

Juan Bravo, vicesecretario económico de la cúpula de Alberto Núñez Feijóo, considera que este acuerdo entre jeltzales y socialistas en Vitoria es una prueba de que el nuevo impuesto es una suerte de "impuesto al patrimonio bis" y supone una "invasión de competencias". Ese argumento es el que utilizarán los gobiernos de Andalucía y Madrid para acudir al tribunal de garantías una vez se apruebe de forma definitiva el gravamen. Desde San Telmo, recuerdan que la autonomía fiscal está blindada en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), pero también en la propia Constitución y en los distintos estatutos de autonomía.

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Los dos ejecutivos están preparando aún su recurso, pero la postura del Gobierno de Iñigo Urkullu refuerza su posición contraria a la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Lo que el Gobierno dé a navarros y vascos, debe dárselo también a los andaluces", explican desde la Consejería de Hacienda andaluza, que dirige Carolina España. Este posicionamiento está en consonancia con la postura de Javier Fernández Lasquetty, el titular madrileño de Hacienda, que al conocer la intención de Euskadi solicitó la cesión del impuesto con la intención, también, de bonificarlo.

La tesis del PP es que este impuesto es una respuesta directa a la política fiscal que aplica Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre, a la que ahora se ha sumado Juanma Moreno en un intento por competir con la capital y atraer a Andalucía a grandes fortunas. El argumento del barón malagueño es que la llegada de grandes patrimonios extranjeros y la vuelta de andaluces que se fueron en busca de entornos fiscales más laxos generan más recaudación por IRPF.

Fernández Lasquetty pidió también la cesión del impuesto a los ricos para bonificarlo, como pretende hacer el Gobierno vasco

El hecho de que Montero desvelase su impuesto a los ricos poco después del anuncio de Moreno hace pensar a los populares que se trata de una respuesta directa a la estrategia del presidente de la Junta. En el PP andaluz, molestó el anuncio de la ministra de Hacienda, a quien acusaron de perjudicar a su propia comunidad tras crear un tributo que dinamitaba la bonificación al impuesto al patrimonio y no hacerlo antes a pesar de que Madrid tenía el tributo anulado desde hace años. El nuevo tributo, por su parte, contempla tres tramos, uno para patrimonios de tres a cinco millones de euros, que pagará un 1,7%; otro para fortunas de cinco a 10 millones, con un tipo del 2,1%, y un tercero por encima de 10 millones, que se gravará en un 3,5%.

El acuerdo entre PNV y PSE para no aplicar el impuesto, que todavía tiene que cristalizar, según adelanto El Correo, es una gota más en el enfado de los gobiernos andaluz y madrileño. Socialistas y jeltzales están de acuerdo en que el impuesto al patrimonio que aplican las haciendas forales —que tienen capacidad recaudatoria— es suficientemente alto y que el nuevo impuesto solo afectaría a unos centenares de contribuyentes con fortunas muy altas. Esos son los motivos que esgrimen para eliminar el impuesto una vez que acabe su tramitación. Fue la propia María Jesús Montero quien dijo al presentar el impuesto que el nuevo tributo iba a concertarse con las haciendas vasca y navarra. Desde Hacienda, explican que todas las modificaciones fiscales que afectan al régimen foral deben concertarse.

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Al recurso que preparan las dos comunidades con el impuesto bonificado —y que podrá repetirse en Galicia y Murcia, que también rebajaron patrimonio— hay que sumar el que activará el PP desde el Congreso a partir de enero. Andalucía y Madrid utilizarán la "invasión de competencias" para intentar parar el impuesto, pero el grupo popular en la Cámara Baja irá al Tribunal Constitucional con la fórmula elegida por el Gobierno para aprobar el tributo.

PSOE y UP han creado el impuesto a las grandes fortunas como una enmienda a la proposición de ley por la cual ponen en marcha los tributos a los beneficios extraordinarios de la banca y las eléctricas. En el PP, consideran que esta maniobra hurta el debate parlamentario sobre el asunto, pero también buscan otros resquicios para su ofensiva en el tribunal de garantías. Y no son los únicos, ya que la patronal catalana Foment del Treball está buscando apoyo en el Congreso para impulsar un recurso de inconstitucionalidad, según explicó el presidente de este organismo, Josep Sánchez Llibre. El empresario catalán cargó contra el Gobierno por tomar "decisiones precipitadas" que afectan a la economía productiva y perjudican "la confianza empresarial y afectan gravemente a la seguridad jurídica".