La presidencia europea de España hace un último intento con el catalán y el euskera en la UE

La oficialidad del euskera, catalán y gallego en la Unión Europea se ha convertido, sin estar previsto que así fuera, en uno de los principales asuntos de la presidencia española del Consejo de la UE. Desde que los socialistas llegaron a un acuerdo con Junts per Catalunya para elegir a Francina Armengol presidenta del Congreso de los Diputados, el Gobierno ha dado máxima prioridad a los Consejos de Asuntos Generales (CAG), a los que ha llevado una y otra vez la propuesta para que las tres lenguas cooficiales sean reconocidas como lenguas oficiales del club comunitario. Y lo ha hecho, cada una de las veces, sin éxito.

Este martes el Gobierno hará un último intento durante el semestre europeo sabiendo que esa puerta está cerrada ante el escepticismo de un buen grupo de Estados miembros. Habitualmente en estos encuentros ha participado en las últimas ocasiones José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en lugar de Pascual Navarro, secretario de Estado de Unión Europea, que es el que debe participar en estas reuniones. Pero esta vez Albares no estará y dejará a Navarro al frente del encuentro, una muestra más de que propuesta no puede salir adelante, aunque el ministro regresa a Madrid para participar en el Consejo de ministros.

Originalmente, a finales del mes de noviembre, y hasta este mismo lunes, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea mantuvo en el orden del día del CAG la “adopción” del reglamento lingüístico de la UE, para sorpresa de muchos de sus socios. “Una vez más nos sorprende un poco que esté en el orden del día para su adopción, aunque todavía no ha habido una evaluación de las implicaciones presupuestarias por parte de la Comisión y tampoco se ha consultado a los grupos de trabajo ni al servicio jurídico”, lamentaba hace poco una fuente diplomática. La queja no es por el intento de que se reconozcan como lenguas oficiales de la UE, sino por los métodos. Albares, sin embargo, explica que el asunto sí se ha tratado en los grupos de trabajo.

Finalmente, una agenda actualizada este lunes 11 de diciembre rebaja mucho el perfil y cambia la adopción por un simple intercambio de puntos de vista. Es algo que ya ocurrió en septiembre, la primera vez que el asunto llegó a la mesa del Consejo: primero se apuntó hacia una adopción, y después se dejó en un intercambio de opiniones. El asunto, por lo tanto, quedará sin cerrar durante la presidencia española del Consejo de la UE, que finaliza el próximo 31 diciembre. Algunos socios se han mostrado molestos por la insistencia con la que España ha puesto el asunto en la agenda. Eso ha sido posible precisamente porque al ser la presidencia Madrid tenía el control total sobre la agenda, pero eso cambiará a partir del 1 de enero, cuando Bélgica asuma la presidencia, y distintas fuentes esperan que el asunto deje de volver cada poco tiempo a las reuniones del Consejo de Asuntos Generales, aunque España podrá seguir pidiendo que el asunto se incluya en la agenda.

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Al resto de capitales no se les escapa que es una cuestión política, que es un compromiso del Gobierno con los nacionalistas, pero se sorprenden ante la insistencia del Ejecutivo porque consideran que ya han trasladado que no apoyan las medidas. El Gobierno se ha consolado en que nadie ha vetado la medida. La explicación que se da desde algunas de las delegaciones europeas es que no se ha llegado al punto en el que se deba vetar algo. Nunca se ha llegado al punto de una votación en la que quedaría claro que no existe la unanimidad necesaria para sacarlo adelante.

En octubre, preguntado precisamente por si habría una votación sobre este asunto, Albares aseguró que no era el momento, porque todavía no estaban los informes sobre el coste financiero de convertir en oficiales a las tres lenguas. “No tiene sentido llevar a votación un asunto cuando todavía no se han evacuado los informes”, señalaba. El informe preliminar de la Comisión Europea llegó el 6 de diciembre y apuntaba a un coste estimado de 132 millones de euros al año, una carga que el Gobierno de España había anunciado que asumiría por completo. "Cada vez vamos haciendo una propuesta que incluye los comentarios de los demas para que la propuesta de españa sea la de los 27", ha asegurado Albares este lunes en Bruselas.

El ministro de Asuntos Exteriores, que habitualmente no participa en los CAG, pero que sí se está quedando a este punto de la agenda para trasladar la importancia que tiene para el Gobierno, ha intentado calmar las dudas de otras capitales, más allá de los costes que genere esta medida, subrayando que esta medida sería únicamente para las lenguas cooficiales en España por su particularidad y por el reconocimiento que tienen en la Constitución. La razón es que hay otros países preocupados ante la posibilidad de que aceptar estas lenguas pudiera abrir la puerta a que lenguas minoritarias en dichos Estados miembros pidan las mismas medidas.