Las prisas para usar las lenguas cooficiales en el Congreso siembran de agujeros la norma

El Congreso de los Diputados aprobará este jueves la reforma del reglamento que consolidará el derecho de los diputados a utilizar el catalán, el gallego y el euskera en plenos, comisiones e iniciativas escritas. Pero lo hará con muchas dudas. La tramitación parlamentaria se ha saldado en apenas 48 horas y la Cámara aún no ha aclarado algunos extremos. Por ejemplo, el reglamento no se referirá por escrito a estas lenguas como "cooficiales" en aplicación de la doctrina del Tribunal Constitucional y persiste la incógnita sobre la validez de la transcripción de las intervenciones.

Respecto al segundo punto, se desconoce hasta el momento si en el diario de sesiones vendrá incluida la advertencia de que la Cámara no se hace responsable de la exactitud de la transcripción. Este escenario ya se ha dado antes en jornadas de gran actividad en las que las taquígrafas no han podido cubrir los trabajos de todas las comisiones, señalan fuentes jurídicas consultadas. Nunca ha sucedido, sin embargo, en los plenos, advierten. En estos casos, se delegaba el trabajo en una empresa externa, y siempre se revisaban estos escritos. "Ocurre, pero no tiene amparo legal", zanjan.

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Ahora, como apuntan desde la Cámara Baja, las taquígrafas tienen difícil certificar que la transcripción remitida por la empresa externa en catalán, euskera o gallego se corresponda con las palabras pronunciadas por sus señorías. El miércoles no se hizo público el diario de sesiones con el registro de la jornada anterior, como es habitual, aunque no haya plazos obligatorios. Según el reglamento, el documento debe reproducir "íntegramente" las intervenciones y acuerdos, pero "dejando constancia de los incidentes producidos". El estatuto del personal de las Cortes Generales puntualiza que el cuerpo de redactores, taquígrafos y estenotipistas es responsable de la "reproducción íntegra de las intervenciones y sucesos" en las sesiones de pleno y comisiones a las que asistan.

El primer cometido se hace más complejo al trabajar con una traducción. Recoger otros sucesos tampoco es sencillo cuando se está escuchando a un tercero a través de unos cascos. Fuentes parlamentarias denuncian esta dificultad: "No pueden dar cuenta de lo que ha pasado en el hemiciclo". El acta taquigráfica es casi equivalente a un documento notarial, abundan, sin saber aclarar cómo se plasmará, con garantías, lo ocurrido en los plenos en los intervalos en que se utilicen las lenguas cooficiales.

Además, para confeccionar el diario de sesiones, las taquígrafas, que son funcionarias, corrigen errores menores de los oradores, como nombres o denominaciones de iniciativas parlamentarias. Al entrar otras lenguas en juego, esta labor también se hace más complicada.

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El plan de trabajo es publicar el documento este jueves, añadiendo a la transcripción en castellano avalada por las profesionales que elaboran las actas los fragmentos de intervenciones que han recogido los traductores externos, que ni siquiera están físicamente en la Cámara. No aclaran cómo se comprobará la fidelidad de estas traducciones.

El martes, la web oficial del Congreso ya advertía de que la institución no puede garantizar la validez de las traducciones simultáneas incorporadas a la señal con la retransmisión del pleno, y avisaba de que únicamente tendrán valor tras ser "revisadas". "La interpretación simultánea", apunta, solo busca "facilitar la comunicación entre los participantes en la reunión y no constituye en ningún caso un registro autentificado de los debates".

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La jornada del martes, que había desatado expectación y polémica entre las formaciones de la derecha del arco parlamentario, se saldó sin errores técnicos de calado, a pesar de la incertidumbre generada en el palacio de la carrera de San Jerónimo. Había ya entonces voces que criticaban esta "improvisación". Este jueves, la mayoría que Pedro Sánchez ya está engrasando para su previsible investidura ratificará la reforma, tramitada por la vía urgente y en lectura única, con un plazo de solo 24 horas para formular enmiendas.

Sin rastro de las lenguas "cooficiales"

Otra de las incertidumbres viene por la denominación del catalán, euskera y gallego. Dirigentes de todos los colores políticos se han referido a estas lenguas como "cooficiales" desde la sesión constitutiva de la Cámara Baja, hace algo más de un mes, e incluso la propia presidenta, Francina Armengol, ha repetido esta palabra en varias ocasiones. Fuentes jurídicas de la Cámara apuntan, sin embargo, que la reforma del reglamento no introduce este término, porque contravendría la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional.

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En sus apenas cuatro páginas, la proposición de reforma habla de lenguas "oficiales" en su exposición de motivos, o de lenguas con "carácter de oficial en alguna comunidad autónoma de acuerdo con la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía", la fórmula repetida en sus artículos. En cambio, en el acuerdo de la Mesa que da soporte legal y logístico al uso de estas lenguas antes siquiera de que se apruebe la reforma sí se utiliza el término cooficiales.

Tampoco se usó esta palabra en la reforma del reglamento del Senado para utilizar estas lenguas, y algunos portavoces trataban estos días de ceñirse a la denominación oficiales. Las citadas fuentes destacan que la sentencia del Tribunal de Garantías que tumbó 14 artículos del Estatuto de Cataluña en 2010 es clara al rechazar este término. El fallo afirma que, en órganos constitucionales de naturaleza estatal, no puede tener "cabida" la "cooficialidad idiomática".

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"Tratándose de órganos constitucionales o jurisdiccionales de naturaleza y significación exclusivamente estatales, a los que se refiere el precepto que examinamos, también debe tenerse en cuenta que, con independencia del lugar donde radique su sede y de dónde reciban el impulso para actuar, su actividad se ejerce con referencia no a una determinada comunidad autónoma, sino a todo el territorio nacional, por lo que no puede tener cabida en ellos la cooficialidad idiomática", reza el texto.

En la enmienda a la totalidad que el PP defenderá este jueves, los conservadores afirman que la Constitución no contempla un "sistema de cooficialidad de todas las lenguas españolas en todo el territorio de España". "La proposición de reforma atribuye a las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas los efectos propios del estatus de cooficiales en el Congreso, chocando con los artículos 3.1 y 3.2" de la Carta Magna, afirman en un comunicado. No tienen los votos suficientes para impedir su aprobación, que llega dos días después de que la Cámara Baja empezara a utilizar estas lenguas en pleno.