El PP estudia acciones legales para frenar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso

El PP comienza a asumir que, aunque "corta", la posibilidad de una nueva legislatura encabezada por Pedro Sánchez es una opción cada vez más real. En público, Génova mantiene intacta su hoja de ruta pese al varapalo en la Mesa del Congreso y reafirma su intención de pedir al Rey que proponga a Alberto Núñez Feijóo como candidato a la investidura. En privado, fuentes autorizadas de los populares se resignan a ejercer el liderazgo de la oposición. Pero ya se preparan para convertir el posible mandato de Sánchez en un "calvario", empezando por la Cámara Baja. Y la formación vislumbra su primera gran batalla: se propone frenar el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso y desautorizar, de paso, a Francina Armengol.

Fuentes parlamentarias del PP se abren, incluso, a judicializar el asunto para que "la sede de la soberanía nacional no se convierta en la de unos pocos", e insisten en el carácter "ilegal" de avalar el uso del catalán, el euskera y el gallego no solo en los acatamientos que sus señorías formalizaron en la jornada del jueves, sino también en la cotidianidad de la vida parlamentaria. Por el momento, solicitarán a Armengol el informe jurídico que sustenta la potestad que "se ha otorgado a sí misma", en contra, dicen, del propio Reglamento de la Cámara. Aunque ella misma reculó este viernes.

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El PP recuerda que Meritxell Batet "nunca llegó tan lejos" y que la ya expresidenta del Congreso interrumpió intervenciones de algunos diputados por utilizar los idiomas cooficiales y no el castellano. Armengol, sin embargo, comenzó su mandato al frente de la Cámara con un aviso: desde la sesión constitutiva de las Cortes, todas las lenguas podrán hablarse en sede parlamentaria. La intención está clara, pero los populares dudan que la socialista pueda asentar su decisión en un armazón legal, teniendo en cuenta que el Reglamento del Congreso ni prohíbe ni menciona el tratamiento de los idiomas territoriales en los diferentes foros de la Cámara.

Armengol sostuvo que la Cámara está "obligada" a "reflejar" la pluralidad nacional pese a la falta de consistencia en el ordenamiento interno. Los equipos jurídicos del PP se preparan para presentar batalla ante la posibilidad de que Armengol maniobre con una reforma del Reglamento de las Cortes, algo que ya se intentó en anteriores ocasiones, pero que no llegó a buen puerto. Opinan en el primer partido de la oposición que Sánchez tiene una "agenda oculta" con el separatismo catalán para garantizarse primero el control de la Cámara, e intentar en las próximas semanas una investidura exitosa.

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El propio Sánchez se comprometió ya a impulsar el uso de las lenguas cooficiales en la Unión Europea como gesto a ERC y Junts, un brindis al sol ante lo que Puigdemont exigió "hechos reales" a cambio de sus votos. El jefe del Ejecutivo en funciones comenzó eligiendo como candidata a la Presidencia de la Cámara a una catalanoparlante y con sensibilidad hacia las lenguas cooficiales. Desde el próximo pleno, auguró Armengol, se podrá hablar catalán, euskera o gallego sin censura. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, no esperó siquiera a la siguiente sesión y durante la rueda de prensa posterior a la sesión constitutiva se negó a responder en castellano a los periodistas que formulaban preguntas en español.

La determinación de la expresidenta balear comenzó pronto a hacer aguas y reconoció este viernes en una entrevista en TVE que no puede avalar automáticamente su uso, sino que tendrá que "consultar" tanto a los servicios técnicos de la Cámara como al resto de grupos parlamentarios. Su intención, no obstante, es habilitar esta prerrogativa en la Cámara "lo más rápido posible", lo que implicaría además activar un sistema de traducción simultánea con el consiguiente coste. En el Senado, donde sí se permite utilizar las lenguas cooficiales en el debate de mociones, tiene un importe de unos 300.000 euros.

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Armengol encontrará un muro en PP y Vox. El popular es el grupo mayoritario de la Cámara con 137 escaños, pero está en minoría en la Mesa del Congreso. El Reglamento sí concreta que, en caso de que Armengol dicte una resolución de carácter general, debe contar con el voto favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces. En este caso, el bloque de la derecha (172 con Coalición Canaria) seguiría en minoría frente a la izquierda (178 votos), por lo que podría salir adelante. El PP contempla ese escenario, por lo que no descarta la vía de los tribunales. En la legislatura que acaba de comenzar, Feijóo ha conseguido arrebatar a Vox una de sus grandes bazas de oposición: los 33 diputados que obtuvieron los de Abascal son insuficientes para acudir al Tribunal Constitucional.