Las agendas secretas de Pedro Sánchez y Pere Aragonès que esconden el pacto de Barcelona

El acuerdo al que llegaron este viernes en Barcelona el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, inaugura una nueva etapa en las relaciones de los ejecutivos español y catalán, que tiene una agenda oculta: en ambas partes hay intereses cruzados que buscan sacar provecho del adversario y cumplir una propia hoja de ruta. Y todo ello se pondrá sobre la mesa en la próxima reunión entre Pedro Sánchez y Pere Aragonès del día 15 en Moncloa.

Fuentes cercanas al Gobierno central apuntan a que lo que se pretende es "ver qué temas se pueden poner en marcha para llegar a acuerdos", pero admiten también que la vista está puesta en los presupuestos generales del Estado del próximo otoño, para los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, necesita apoyos. Los socialistas quieren llegar al pleno presupuestario con los deberes hechos y, con la firma de la pipa de la paz con ERC, lo tienen un poco más cerca.

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Europa Press

Por su parte, el presidente catalán, Pere Aragonès, necesita sacar cosas positivas de la mesa de negociación para acallar los gritos de protesta que le llegan desde Junts per Catalunya (JxCAT) y otros sectores independentistas: le dicen que la mesa de negociación está finiquitada y que el diálogo no es la vía, que hay que volver a la tensión y a la confrontación institucional. Esquerra necesita demostrar que su vía es la que da resultados y si no sale algo positivo, sus rivales independentistas pueden pasarle factura en las urnas.

Aragonès necesita también amansar a sus socios de JxCAT. La reunión de Vilagrà y Bolaños llega en un momento muy delicado de ERC, que afronta unas relaciones muy tensas con sus socios de Junts. Para muestra, un botón: la reunión parlamentaria que tuvieron los independentistas este miércoles con motivo de la reunión de la Mesa del Parlament, acabó a gritos muy subidos de tono entre JxCT y ERC. El PSC abandonó la reunión de la Mesa parlamentaria por la decisión de la presidenta de la cámara, Laura Borràs, de obviar las advertencias judiciales y permitir que se contabilice el voto del fugado Lluís Puig, lo que puede ser un delito de libro. El único diputado de la CUP asistía al cruce de reproches como convidado de piedra. "No disimularon. Los gritos se oían fuera de la sala. No hubo insultos, pero sí reproches muy gruesos, muy subidos de tono", dicen fuentes parlamentarias a El Confidencial.

Un antídoto contra Junts

En contraste con esa escena, la reunión de Vilagrà y Bolaños fue más sosegada, lo que no quiere decir menos intensa. De hecho, ERC necesita neutralizar los embates extremistas de Junts y de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, con éxitos en su bolsillo. Y alguna concesión en la mesa de diálogo que Pere Aragonès y Pedro Sánchez pusieron en marcha sería un éxito y un bálsamo para los republicanos. Además, con el ambiente con los socialistas pacificado, el peso político de JxCAT caería en picado. "Las relaciones entre los dos socios del Govern están más que rotas. Están muy deterioradas", afirman desde algunos sectores políticos catalanes, aunque desde el Govern se trata de vender que todo va como la seda.

Aun así, no lo tiene muy fácil Pere Aragonès con el PSOE, al menos en algunos temas: quería un acto de contrición del Gobierno español sobre el tema Pegasus y el espionaje a independentistas. Ese acto de contrición, según vaticinan fuentes del Ejecutivo central, no llegará porque los pocos activistas que fueron sometidos al escrutinio del CNI no lo fueron porque quisieran ser espiados por Moncloa, sino como consecuencia de las investigaciones independientes que llevan a cabo las fuerzas de seguridad del Estado. Vilagrà y Bolaños pasaron de puntillas sobre el espinoso tema, porque una discusión a fondo del mismo dejaría muchos cadáveres en la cuneta. A ambos les interesa pasar página del espinoso tema e incluso JxCAT no lo ve muy claro: quizá tenga tanto o más que callar el Govern sobre la actuación de los Mossos en la última década que el propio CNI.

ERC quiere 'vender' dos temas sensibles ante su potencial electorado: autodeterminación y amnistía. La primera significaría la primera piedra de un nuevo 'procés' para encarar un referéndum de independencia pactado. En último extremo, el independentismo está dispuesto a realizarlo con la de etiqueta de 'no vinculante', como el escocés. Pero luego, según cuál fuese el resultado, ¿sería utilizado como herramienta política contra el Gobierno central? En círculos socialistas existe el convencimiento de que si el referéndum se llega a hacer, aunque no sea vinculante, si el resultado es favorable a la secesión, el independentismo exigirá que se proceda a la independencia "apelando, como siempre, a la supuesta democracia". Por tanto, no es una opción que se contemple. Y el tema de la amnistía no tiene cabida en una democracia, donde los derechos humanos, políticos, sociales, laborales e ideológicos están garantizados. "España no es una dictadura y, por tanto, no se contempla la amnistía", dicen las fuentes consultadas. Pero ambos temas podrán seguir siendo piezas de debate intelectual en la mesa de negociación. Nadie las vetará, pero es difícil encontrar una solución para ellas.

Una reunión viciada

Al margen de los temas concretos a tratar, la reunión nació ya viciada, aunque ninguna de las dos partes lo quiere admitir: los republicanos congelaron las relaciones con Madrid en abril pasado, tras el estallido del caso 'Catalangate'. Aragonès no quiso reunirse a comienzos de ese mes con el Gobierno español, tal y como le propuso la Moncloa, porque en la cúpula de la Generalitat sabían que se iba a filtrar la denuncia del supuesto espionaje a independentistas y no quería que se le acusase de deslealtad por no avisar al Gobierno central. Por eso, tras publicarse el tema del espionaje, el 'president' fue el primero que pidió inmediatamente una reunión con Pedro Sánchez para reconducir las relaciones entre los dos Gobiernos. O sea, exigió la reunión inmediata que dos semanas antes había rechazado. Pura táctica política.

El documento que Bolaños y Vilagrà pactaron este viernes contempla que los dos gobiernos trabajen aumentando "el grado de confianza mutua necesaria para seguir avanzando" y se comprometen a "garantizar la confianza y la seguridad suficientes para la buena marcha de los trabajos de la Mesa". En ese contexto, no tendría cabida una actitud como la de la reunión perdida de abril, que lejos de fomentar la confianza, alienta los recelos. Pero el pacto deja un resquicio abierto a la discrepancia. O a la discreción, según se mire: "Las reuniones serán públicas cuando existan acuerdos con el fin de informar a la ciudadanía". Si no hay acuerdos, se mantendrán en secreto. Y ahí sí tiene cabida el tacticismo de abril.

El documento marco es, en realidad, un compendio de intenciones. "Los dos gobiernos se comprometen a facilitar un buen clima para la negociación de las propuestas, con la voluntad sincera de llegar a acuerdos parciales y, en su caso, a un acuerdo final. Dichos acuerdos deben partir del reconocimiento de las distintas visiones políticas y sociales y contribuir a superar las diferencias. Deben también ser representativos de una mayoría social amplia y transversal, contribuir a la solución del conflicto político, al refuerzo de los principios democráticos y a la cooperación y la lealtad constitucional", dice uno de los puntos. El resto no es mucho más concreto, a excepción del que señala que "la voluntad de las partes es celebrar un mínimo de dos reuniones públicas de la Mesa en lo que queda del año 2022, con acuerdos en cada una de dichas reuniones. En todo caso, las partes irán valorando y pactando el número de reuniones que se considera necesario celebrar".

Nada que defina por dónde han de ir las negociaciones, que quedan sujetas a la interpretación que cada parte haga de las reuniones, es decir, al libre albedrío de la voluntad política coyuntural que tengan los partidos involucrados. Pero aun así, el pacto abre una puerta a la esperanza de la normalización política en Cataluña.