La demanda de Puigdemont altera en francés las declaraciones del juez Llarena

La demanda civil presentada por Carles Puigdemont en Bélgica reproduce en su contenido el textual las declaraciones ante los medios que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena realizó tras un acto privado celebrado en Oviedo y hace recaer en estas palabras del magistrado el peso de sus acusaciones de daños provocados a la reputación y su honor. El escrito se presentó ante un Juzgado de Primera Instancia de Bruselas en francés y se acompaña de una traducción jurada en castellano.

Hasta aquí todo correcto. No obstante, una comparación de los textos en sus dos versiones -francés y castellano- permite comprobar que se ha introducido en la variante en francés un sutil cambio en las palabras del magistrado que altera el sentido de la frase concreta que pronunció ante la prensa tras participar en una conferencia ofrecida en Oviedo en febrero de 2018.

En la transcripción en castellano Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' lo estén siendo por motivos políticos y asegura que trata de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal. Dice textualmente, en respuesta a una pregunta sobre si en el procedimiento hay presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

En la transcripción en castellano Llarena descarta que los investigados en la causa sobre el 'procés' estén siendo investigados por motivos políticos

En este textual el magistrado incide en la presunción de inocencia de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de acusados por rebelión y sedición. No obstante, en la traducción al francés las palabras del juez sugieren que les considera sin ninguna duda culpables de estos comportamientos delictivos. La frase en este idioma, contenida en la demanda es la siguiente: "Ce nést pas le cas que nous travaillons a la Cour Supreme, il s'agit de comportements que sont inclus dans notre Code Penal et que, peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c'est ce qui s´est produit, il faut faire une enquête".

Ambas cosas no significan, ni mucho menos, lo mismo. La frase en el idioma en que se leerá en el tribunal belga que ha citado al magistrado el próximo 4 de septiembre se traduciría al castellano por "con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados". Esta disonancia en las dos versiones fue detectada por un profesor francés hispanoblante, que alertó de las diferencias en las redes sociales, y cuya apreciación fue después difundida por varios juristas. El Confidencial ha comprobado que figura tal cual en el original de la demanda civil presentada en Bruselas por el 'expresident' y cuatro de sus 'consellers'. Poco después, su abogado confirmó que informará al tribunal del error.

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Fuentes de la defensa consultadas por este diario quitan importancia a este matiz y ponen el acento en la primera parte de las declaraciones del juez, en las que niega que en la causa que conduce existan presos políticos. Para los abogados de Puigdemont, dirigidos por el belga Paul Bekaert, la importancia de esas afirmaciones de Oviedo reside en que el juez admite que no comparte uno de sus principales argumentos de defensa: los motivos de la instrucción y encarcelamiento son políticos y no penales. Que lo descarta de plano y les prejuzga por ello.

Distintas fuentes jurídicas e incluso el entorno más cercano del propio magistrado ven en este principio una evidente contradición y "trampa". Aseguran que es impensable que el magistrado hubiera indicado lo contrario ante la prensa -que Junqueras y el resto de encarcelados son presos políticos- que sería lo mismo que decir que la acusación por rebelión y malversación no se impulsa por motivos delictivos sino ajenos a la labor de un juez. Una prevaricación de libro.

Más leña para lo que ya se ha convertido en la crisis gubernamental de agosto. En tres días, la postura del Ejecutivo ha virado de la oposición de Justicia a defender al magistrado precisamente por estas declaraciones traducidas de forma incorrecta, a una defensa a ultranza del juez. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, quiso zanjar este lunes la polémica que ha provocado las iras de jueces y fiscales de todas las asociaciones, salvo JpD, asegurando que se va a defender a Llarena en Bélgica "hasta las últimas consecuencias".