La Moncloa señala la debilidad de Junts tras la Diada y siembra de dudas la amnistía

El Gobierno quiere aprovechar el desgaste del independentismo en las urnas y en las calles para abaratar el precio de JxCAT ante una posible investidura de Pedro Sánchez. Si en la ejecutiva del PSOE de este lunes se debatió sobre la necesidad de poner sus límites en las negociaciones, desde la Moncloa se agarraban este martes a la caída de participación en la última Diada para asociarla a "una bajada de la aceptación de los planteamientos independentistas". Fuentes del Ejecutivo ponen el foco en una pérdida de influencia "elección tras elección" con la que intentan rebajar las "posiciones de máximos" de sus interlocutores.

"Su posición para negociar es menos fuerte", concluyen las mismas fuentes, al tiempo que buscan alejar el escenario de una ley de amnistía. No solo por los tiempos, señalando las dificultades para cumplir la exigencia de Junts de tenerla lista antes de la investidura de Sánchez, sino también por los contenidos.

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Por el momento, hay conversaciones con el partido de Carles Puigdemont y no negociaciones oficiales, que pospondrán hasta la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Para entonces, esperan tener avanzado el máximo camino siempre que hagan ver a JxCAT que sus cartas no se corresponden con sus condiciones. Sin concretarlas más allá del referéndum de autodeterminación, aseguran que algunas de ellas son "inasumibles". En el entorno de Puigdemont rechazan cualquier pretensión de rebajar sus condiciones y algunos ministros socialistas admiten como una posibilidad el escenario de la repetición electoral. "Con la situación política que tenemos, nada es descartable", indica uno de ellos, aun añadiendo que harán todo lo posible por evitarlo.

Como si de una partida de póquer se tratase, en el Gobierno ponen en duda que al partido de Puigdemont le interese repetir elecciones. Además de destacar su pérdida de peso electoral, confían en un cambio de posición de los junteros por "falta de alternativa" y el avance de su sector pragmático. Y que su bloqueo los situaría al lado de PP y Vox, con el riesgo de caer en la irrelevancia en las próximas elecciones catalanas.

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"Sería un desastre para sus expectativas electorales", advertían ya tras el 23-J fuentes cercanas a los mandatados del Gobierno para negociar. El independentismo perdió 700.000 votos y 10 escaños, mientras que el PSC y Sumar, primera y segunda fuerza, alcanzaron una amplia mayoría. El 50% de los votos frente al 24% de los soberanistas, que firmaron su peor resultado desde 1982. Según resaltan ahora fuentes del Ejecutivo, "la Diada ha sido una respuesta coherente con lo que muestran las urnas".

El propio Puigdemont ha reconocido en público que su posición "en medio de todo el tablero político comporta una responsabilidad". Tras perder relevancia durante los últimos años, volver a las urnas supondría arriesgarse a perder esta posición. Sobre todo en su competición con ERC, que ahora pierde protagonismo. El papel que han jugado los posconvergentes en la negociación para la reforma del reglamento del Congreso va en esta línea.

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El texto acordado para garantizar el uso de las lenguas cooficiales contó con la firma de todos los socios potenciales para la investidura de Sánchez, menos de JxCAT. Todo ello, pese a tratarse de uno de los compromisos adoptados para el acuerdo de la formación de la Mesa del Congreso con el partido de Carles Puigdemont. Fuentes parlamentarias de esta formación avanzaron que votarían a favor de la reforma exprés, pero excusaron su firma porque "no formamos parte de ningún bloque, ni somos socios de nadie". Una declaración de intenciones que anticipa el papel protagonista que estarían dispuestos a asumir para dejar en un segundo plano a ERC.

Las presiones internas y externas, incluyendo las del mundo de la judicatura, llevan a los socialistas a no desvelar sus cartas en las negociaciones. Ni siquiera aclarar si están dispuestos a dar forma a una ley de amnistía, argumentando que sería "anticiparse demasiados capítulos". Con todo, en los últimos días se han intensificado los mensajes dirigidos a trasladar que no están dispuestos a pactar a cualquier precio.

Garantías para una legislatura estable

Un acuerdo de investidura con JxCAT no aseguraría una legislatura estable a Pedro Sánchez. Todas las votaciones y, sobre todo, los presupuestos quedarían en manos de los de Puigdemont. Sin garantías de su apoyo a las cuentas, los independentistas tendrían en su mano la capacidad de dinamitar la legislatura cuando lo decidiesen. La intención de dejar la negociación de un referéndum para una vez que arrancase la legislatura, en caso de que saliese adelante la investidura, es una de las posiciones por las que los socialistas ya no descartan el escenario de una repetición electoral. Igualmente, a ello responden las dudas del PSOE sobre la figura de un relator.

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Los precedentes tampoco invitan al optimismo. Los diputados de Junts votaron a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy para, menos de un año después, oponerse a la aprobación de los presupuestos, junto a ERC, y forzar la repetición de elecciones. En el tira y afloja previo a las negociaciones oficiales con JxCAT, en el PSOE manejan como otra de sus bazas conseguir el apoyo de Coalición Canaria para abaratar el precio de los independentistas catalanes. Si el partido de Fernando Clavijo llega a un acuerdo con Sánchez, los socialistas ya solo necesitarían la abstención de JxCAT en lugar de su voto a favor.