El Gobierno acusa a Aznar de lanzar un "llamamiento golpista" e insta al PP rectificar

El expresidente José María Aznar prendió la mecha al llamar a la movilización contra la hipotética ley de amnistía, y el Gobierno ha explotado contra sus palabras al situarlo fuera del marco democrático y constitucional. Con un tono severo y visibilizando la indignación, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, ha censurado unas declaraciones que enmarcó como un "llamamiento golpista" y un "comportamiento propio de sistemas antidemocráticos". "¿Qué será lo siguiente, la llamada a un alzamiento?", se preguntó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para subrayar la inquietud del Ejecutivo.

En privado, fuentes de la Moncloa justifican su alarma por el hecho de que Aznar utilizase el adjetivo nacional en lugar de cívica en su llamada a una reacción. Niegan también que Aznar sea un verso suelto y reflexionan que "tenía muy claro qué iba a decir" insistiendo en su apelación a una "rebelión nacional, no cívica". Aznar se refirió a que "España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para impedir que este proyecto de disolución nacional se consume". A ello añadió que “nadie con sentido de responsabilidad, comprometido con el acuerdo histórico, entre españoles puede quedarse al margen de una tarea que nos debe convocar para asegurar el futuro de España”.

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Aznar rompió este martes su silencio desde el 23-J, como anticipó al acto que compartirá este viernes con Alberto Núñez Feijóo en un acto de la fundación FAES, para alzar la voz por lo que consideró "la entrega del socialismo al secesionismo". Frente a ello, reclamó recuperar el espíritu de Ermua contra la organización terrorista ETA y reivindicó el grito de "basta ya". "No es la primera vez que la fortaleza de la sociedad española se pone a prueba. La involución, el terrorismo y la sedición han querido dinamitar nuestra voluntad de convivencia. Y hay que decir basta ya. España no puede volver a un sistema basado en la exclusión, el sectarismo y la destrucción programada de la nación. No podemos volver a la España de vencedores y vencidos", arengó el expresidente.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar, al considerar que "resulta de absoluta gravedad que un expresidente del Gobierno haga este tipo de declaraciones". Unas posiciones que Rodríguez ha censurado por "parecerse más a comportamientos antidemocráticos y golpistas que a los propios de un expresidente". Asimismo, añadió que su arenga es "incompatible con los valores democráticos y constitucionales de nuestro país".

La portavoz del Ejecutivo quiso deslegitimar el llamamiento de Aznar y su persona, acusándolo de que "fue quien mintió a los españoles, quien utilizó el mayor atentado terrorista de nuestro país", en referencia al 11-M. De ahí que añadiese su "poca credibilidad" y hasta que "sus declaraciones no tienen ningún valor político ni moral". Con todo, como expresidente del Gobierno y ante "el papel que aún tiene en el PP", Rodríguez requirió al líder de los populares a que le requiera una rectificación "inmediata". En aras "del interés del país", defendió.

Aznar argumentó durante su intervención en la inauguración del Campus FAES que "España acumula energía cívica, institucionalidad y masa crítica nacional para frenar este proyecto de disolución nacional". A partir de esta reflexión, aseguró que es preciso "activar todas esas energías que, en el marco de una contienda democrática, tienen que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución, porque es vista como un obstáculo para materializar el poder de una izquierda irresponsable e insolidaria".

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Los socialistas se están encontrando presiones internas y externas en su intención de negociar con los partidos independentistas con la premisa de una ley de amnistía. Desde la vieja guardia del PSOE, encabezada por Felipe González, se han alzado diversas voces advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de una ley de amnistía. Asimismo, las demandas de los independentistas catalanes y la disposición del Ejecutivo a buscar su apoyo han vuelto a tensar las relaciones entre la judicatura y el Gobierno. En la apertura del año judicial, quedó patente el malestar ante la posible aprobación de una ley de amnistía.

En Ferraz se refieren a la "diversidad y pluralidad" de voces en su partido, aun subrayando el alineamiento del Ejecutivo con su secretario general. Por otra parte, al respecto de la militancia, ponen en valor la existencia de "mecanismos democráticos para asegurar que la posición de su dirección en la posición respaldada por la mayoría del partido". Si hay acuerdos, según adelantó este lunes la vicesecretaria general y ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se articulará una consulta para avalarla.

Obtener la ratificación de las bases es uno de los principales para encuadrar el rechazo de una parte de los históricos del partido fuera del sentir mayoritario de la organización. La consulta a la militancia, "obligatoria y vinculante", se estableció en el 39.º congreso federal, celebrado en 2017, para "los acuerdos de gobierno en los que sea parte el PSOE, sobre el sentido del voto en sesiones de investidura que supongan facilitar el Ejecutivo a otro partido político y para decidir, en su caso, la revocación de los/as secretarios/as generales".