La Fiscalía recurre la primera condena a Villarejo para salvar el delito clave de la causa

La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido la primera sentencia del caso Tándem, la investigación que acumula más de 40 piezas sobre las supuestas operaciones parapoliciales que Villarejo llevó a cabo cuando aún seguía en activo, para intentar salvar el delito de cohecho sobre el que pivota la causa. La Audiencia Nacional descartó este delito al concluir que "los actos llevados a cabo por el comisario no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas", pero la Fiscalía critica que la sentencia incurre en un "manifiesto error en la valoración de la prueba" al pasar por alto "su vinculación con las funciones policiales que tenía encomendadas".

En este primer asalto, la Audiencia Nacional enjuició tres piezas: el supuesto espionaje a un bufete de abogados (pieza Iron), la batalla por la herencia del creador de la urbanización La Finca (pieza Land) y el encargo de dos empresarios para recuperar una deuda (pieza Pintor). La Audiencia Nacional condenó a Villarejo a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, pero, al absolverle del cohecho, provocó que las piezas que siguen pendientes de juicio se tambaleen.

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En función del acusado, la Fiscalía le imputaba cohecho activo, que es el cometido por el particular que corrompe o intenta corromper al funcionario público con sus dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, o cohecho pasivo, que es el realizado por el propio funcionario que acepta el pago o el soborno en cuestión. Según concluyeron los magistrados, todos los acusados debían ser absueltos de ambas modalidades por falta de pruebas. A pesar de su condición de comisario en activo, el tribunal sentenció que Villarejo actuaba en la esfera privada y no pública.

Al recurrir la sentencia ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, la Fiscalía trata de salvar el cohecho por dos vías distintas. La primera consiste en pedir que se sume este delito a la condena del comisario por "haberse basado su absolución en infracción de norma del ordenamiento jurídico". Si el tribunal no atiende este argumento, Anticorrupción deja caer una segunda opción que consistiría en "la anulación de la sentencia respecto a este pronunciamiento absolutorio respecto al delito de cohecho pasivo (...) por incurrir en manifiesto error en la valoración de la prueba obre la auténtica actividad desplegada por el acusado José Manuel Villarejo".

El recurso de la Fiscalía se ve reforzado por el hecho de que la sentencia incluye un voto particular de la magistrada Carmen Paloma González, que discrepa de sus dos compañeros al entender que Villarejo sí debería haber sido condenado por cohecho pasivo. Pese a ello, su petición inicial de que el comisario fuera condenado a 83 años y medio de cárcel parece ya inalcanzable.

Pide anular absoluciones

La Audiencia Nacional acordó, además, la absolución de 16 de los acusados, entre los que destacan la esposa del comisario Gema Alcalá, su hijo José Manuel Villarejo Gil y los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. Salvo en el caso de su hijo, la Fiscalía recurre esta decisión y pide que sean condenados. Según defiende sobre su mujer, la sentencia incurrió en un "error patente en la valoración de la prueba respecto a su participación en el delito de cohecho pasivo propio por el que fue acusada".

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Anticorrupción también pide anular la absolución del policía Juan Manuel González Escobar, del abogado David Macías y del ex director general del despacho Herrero & Asociados Andrés Medina. En el caso de otros clientes y colaboradores del comisario que sí fueron condenados, pide elevar las correspondientes penas de cárcel.