Un correo de 2014 conecta a la directora jurídica de BBVA con Villarejo

Nuevos documentos contradicen la estrategia judicial de BBVA en el caso Villarejo. Un correo electrónico de diciembre de 2014, al que ha tenido acceso este medio, revela que la actual directora del área Legal del banco, María Jesús Arribas, tuvo entonces información relacionada con Cenyt, la empresa del comisario Villarejo.

Este dato es clave, ya que esta alta directiva del banco está citada a declarar como testigo este viernes, y el banco lo ha recurrido, alegando que Arribas solo tiene conocimiento de la causa como "abogada interna" encargada de dirigir la estrategia legal desde mayo de 2018, cuando saltó el escándalo a la opinión pública. Lejos de ello, estuvo en correos ligados a la empresa de Villarejo mucho antes. Y no ha sido investigada por ello. Preguntados por esto, desde BBVA no hicieron comentarios.

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"Os adjunto copia escaneada del contrato firmado esta mañana con Cenyt", señalaba en este correo un ejecutivo de los servicios jurídicos, José Ignacio Delgado, al entonces director de Riesgos, Manuel Castro; a su entonces número dos en España, Ignacio Pérez Caballero; al responsable de los Servicios Jurídicos, Eduardo Arbizu, y a Arribas, que entonces reportaba a este último.

Las fuentes consultadas ponen la atención en que el forensic de BBVA olvidara a Arribas, al contrario que a su antiguo superior, Arbizu, imputado en la Audiencia por su supuesta responsabilidad de revisar los contratos de Cenyt y no haber detectado irregularidades.

De hecho, ambos también figuran en otro correo de noviembre de 2017, en el que se adjunta la "carta para la terminación anticipada de común acuerdo del contrato formalizado con Cenyt". Es decir, que Arribas conocía los contratos con la empresa de Villarejo y cómo tuvieron que ser cancelados cuando el comisario entró en prisión a finales de 2017.

A pesar de ello, BBVA defiende en un reciente escrito que "la Sra. Arribas solo había tenido conocimiento de los hechos objeto de la presente causa a raíz de la investigación interna dirigida por los despachos externos, en la que ella misma intervenía como letrada interna".

Conflicto de interés

Dichas fuentes ven un claro conflicto de interés en esta situación, por la que BBVA y sus asesores externos (Garrigues, Uría Menéndez y PwC) decidieron incluir a unos directivos y exejecutivos en su investigación, y a otros no. De hecho, Arribas ha reportado en todo lo referente a este caso a Carlos Torres, presidente del banco, y su asesor, Juan Asúa. Los tres quedaron al margen del forensic, a pesar de que la propia Arribas sugirió inicialmente que se incluyera a los otros dos en la revisión de PwC.

Abogados consultados por este medio creen que BBVA está intentando evitar que declare Arribas como testigo para que no tenga que explicar por qué se sacó del forensic a sus superiores.

Una de las dudas que hay en el sector es hasta qué punto ha estado informado de todas estas circunstancias el consejo de administración. Arribas ha reportado sobre este tema en alguna ocasión al Comité de Auditoría del consejo, que actualmente preside el vicepresidente del grupo, José Miguel Andrés Torrecillas, expresidente de EY España.

Al margen de este posible conflicto de interés en la investigación interna, BBVA fundamenta su recurso contra la declaración de Arribas en que es su abogada interna y, por tanto, podría vulnerar "el deber de secreto profesional del abogado". "Indudablemente, puede afectar a terceros y precisamente esta situación es la que proscribe la regulación del secreto profesional en el estatuto", afirma la entidad. Y añade que "supone, además, una agresión inadmisible contra el derecho de defensa de BBVA".

Frente a ello, uno de los escritos presentados por otro investigado, Antonio Béjar, cree que el banco se equivoca, ya que "BBVA es empleador de Arribas, no cliente", por lo que no hay secreto que se pudiera vulnerar. Añade que, en tal caso, este deber también se podría haber roto con Arbizu, que coordinó la investigación interna unos meses antes de que lo hiciera su número dos.

Béjar añade que el recurso de BBVA "paradójicamente conduce a la idea de que quizá debería declarar como investigada para poder acogerse al derecho a guardar silencio". La Fiscalía Anticorrupción ya estudió esta posibilidad el año pasado. Algo que podría volver a ponerse sobre la mesa si la directiva decide no declarar este viernes.