Guía para los que se han perdido en la mayor trama empresarial del caso Villarejo

El comisario José Manuel Villarejo se convirtió en una pesadilla para una amplia lista de empresarios y políticos entre 2017 y 2018, cuando se les empezó a vincular a su empresa, Cenyt. Años después, muchos de ellos han podido pasar página, en especial los grandes grupos del Ibex 35 que estuvieron bajo el foco, salvo BBVA. Este banco fue uno de los clientes vip del comisario y arrastra ya cinco años de investigación en los que su colaboración ha sido duramente cuestionada por el juez y los fiscales.

¿A qué se debe esta diferencia de trato frente a otras grandes compañías como CaixaBank o Repsol, que han conseguido archivar sus piezas, o Iberdrola, que ha limitado los potenciales daños? Decenas de facturas durante más de una década explican la difícil situación procesal de BBVA, en cuya organización estuvo asentado Villarejo (con altibajos) desde 2004 hasta su detención en 2017. En ese tiempo, el comisario recibió más de 10 millones del banco. Fue su mayor filón financiero y este respondió a todo tipo de encargos de distintos empleados del segundo banco español.

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El caso Villarejo estalló a finales de 2017 con el arresto del comisario y el registro de sus principales propiedades. Durante los meses siguientes, las portadas de los medios se convirtieron en un reguero continuo de escándalos ligados a Cenyt. El turno de BBVA llegó en mayo de 2018, y la Audiencia Nacional empezó a investigar en julio. Unos meses después, la publicación de distintas informaciones por parte de este medio y Moncloa.com dio un acelerón al caso. Pese a sus repetidos intentos, BBVA todavía no ha conseguido detenerlo. De hecho, el presidente de la entidad, Carlos Torres, llegó a afirmar públicamente hace más de un año que el proceso “se ha alargado demasiado” y “es muy cansino”.

En esta causa, se investigan distintos contratos del banco con Cenyt y con algunos de antiguos aliados de Villarejo, como el comisario Antonio Bonilla (Anbycol). El más conocido es el primero, de 2004, en el que el comisario ayudó al banco a repeler el intento de entrar en su consejo de Sacyr Vallehermoso. Cenyt espió entonces 15.000 llamadas en tiempo real de altos cargos del Gobierno, empresarios, competidores y periodistas.

La puerta de entrada para Villarejo en el banco fue Julio Corrochano, antiguo policía que ocupaba el cargo de director de Seguridad. El bloqueo a Sacyr (operación Trampa) fue coordinado por un pequeño grupo de directivos liderado por el entonces presidente, Francisco González (FG), en el que no estuvo el entonces consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri (ahora en CaixaBank). FG siempre ha defendido que nunca supo quién estaba detrás de la empresa que contrataba Corrochano y que los informes que recibió de Cenyt “hablaban de cosas comunes y sin relevancia”.

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Tras este encargo, el siguiente gran contrato de BBVA con Cenyt surgió entre 2009 y 2010. El presidente del banco había dado orden a sus equipos de rastrear a sus grandes morosos de la crisis inmobiliaria, como Fernando Martín (Martinsa), Luis Portillo (Colonial) o la compañía Prasa. FG quería saber si estos empresarios estaban ocultando activos al banco. El primer encargo se hizo a la agencia de inteligencia Kroll, pero la ausencia de resultados de éxito llevó al banquero gallego a pedir a Antonio Béjar, entonces responsable de Riesgos en España, que se contratara a una nueva agencia que eligiera Corrochano, que terminó siendo Cenyt. Estos contratos estuvieron vigentes hasta 2014, por lo que podrían ser bajo los que la entidad consiguió el listado de llamadas de El Confidencial durante 2012.

De las fincas a los periodistas

Entre 2010 y 2017, Villarejo y su socio Rafael Redondo prestaron todo tipo de servicios al banco. Desde el análisis de la seguridad del presidente al estudio de fincas que FG estaba tratando de comprar. También hay decenas de documentos sobre la seguridad en países donde estaba presente el banco, el presunto espionaje a periodistas en 2016, el conflicto con Ausbanc y otro tipo de intermediaciones entre la entidad y la Policía. Una vez Villarejo entró en prisión a finales de 2017, el banco siguió contratando a una empresa de su entorno (Anbycol, de Antonio Bonilla), con la que presuntamente también tuvo acceso a bases de datos policiales.

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Todas estas presuntas irregularidades han hecho que haya una lista de decenas de imputados en esta pieza del caso Villarejo, y todavía más perjudicados. Entre los investigados, se encuentra una veintena de directivos y exdirectivos del banco, desde el expresidente hasta actuales miembros del comité de dirección, como el director de Auditoría Interna, Joaquín Gortari; el asesor del presidente, Juan Asúa, o el director de comunicación Paul G. Tobin.

El banco ha estado durante todo este proceso en manos de dos asesores jurídicos, Garrigues y Uría Menéndez, y contrató en 2019 y 2020 un informe forensic a PwC. Este trabajo ha sido muy criticado por el fiscal, bajo la premisa de que no se ha hecho para descubrir la verdad de los hechos, sino para defender al banco.

El caso vive actualmente sus últimos coletazos. El juez amplió la investigación por tres meses a finales de abril. La instrucción podría cerrarse a finales de julio. Aun así, quedan pruebas pendientes, ya que todavía está atascado el acceso a su investigación interna (el forensic de PwC) a otras partes. Más allá de todos los investigados, el banco y su consejo de administración se juegan mucho en esta causa a nivel de prestigio, credibilidad ante los supervisores y posibles demandas.