Un banquero de BBVA recurre al caso Villarejo tras perder un juicio de 50 millones

Una de cal y una de arena para BBVA en un pleito millonario contra un exempleado. La entidad presidida por Carlos Torres ha ganado recientemente un juicio en el que reclama 50 millones y pide seis años de prisión para un antiguo banquero privado, Javier Fernández Castrillón, que ha recurrido. BBVA se querelló contra él por dejar al descubierto a clientes que tuvieron que ser indemnizados por la entidad.

La mala noticia para el banco es que los jueces madrileños han decidido quitar dos de los tres cargos por los que quería que le condenaran (apropiación indebida y falsedad documental), lo que podría dejar a BBVA sin derecho a indemnización por parte de la aseguradora, que exige que haya apropiación para devolver los 50 millones a la entidad. Por ello, junto al banquero privado, la entidad financiera también ha recurrido la sentencia. Desde el grupo, no hicieron comentarios.

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Junto a ello, el segundo banco español se ha encontrado recientemente con que Fernández Castrillón se ha personado como perjudicado por un presunto espionaje ilegal en la pieza 9 del caso Villarejo. Su nombre fue uno de los que salieron en la línea de investigación destapada por la Policía Nacional ligada a los contratos de BBVA con Anbycol, de Antonio Bonilla, uno de los socios del comisario Villarejo.

BBVA recurrió a esta sociedad a comienzos de 2018 tras desvincularse de Cenyt (de Villarejo), una vez el comisario fue llevado a prisión a finales de 2017. Y, según la Fiscalía, consiguió a través de Anbycol "información reservada de bases policiales" a demanda, referente a clientes y empleados como Fernández Castrillón.

Recurso fallido

La entidad presidida por Torres trató, sin éxito, de anular esta nueva línea de investigación con un recurso de apelación que fue rechazado por la Sala de lo Penal. El contrato de Anbycol es clave para los fiscales, ya que podría demostrar una continuidad del banco a la hora de contratar empresas ligadas a antiguos policías, con el presunto objetivo de obtener información ilícita.

El contrato con Anbycol se produjo en paralelo con el despido de Fernández Castrillón y la querella que presentó el banco, en 2018. Según la entidad, este banquero generó un agujero de más de 50 millones de euros, cantidad que tuvo que restituir el banco, con las cuentas de tres clientes del servicio de altos patrimonios, que entraron en descubierto. Fuentes próximas al banco consultadas por este medio señalan que fue la oficina del consejero delegado, entonces Torres, la encargada de gestionar este conflicto.

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Fernández Castrillón trabajaba en el equipo de la unidad de altos patrimonios de Madrid, con clientes con más de dos millones de euros disponibles para invertir. BBVA y dos de los tres clientes afectados interpusieron una querella.

La sentencia dictaminó que este banquero era responsable de administración desleal, pero no de apropiación indebida ni falsedad documental. A pesar de ello, el juez no rebajó la pena de seis años que pedía el banco, lo que extraña en el mundo legal, algo que tendrán que aclarar los tribunales. En una batalla legal que podría durar años, tanto en este pleito como en el caso Villarejo.