El caso Villarejo cerca al consejo de BBVA en pleno proceso de renovación

El caso Villarejo cerca al consejo de BBVA. El segundo banco español afronta en los próximos días declaraciones y recursos clave que ponen el foco en la gestión que han hecho del caso el presidente, Carlos Torres, y su equipo. La entidad, que ha sido señalada en más de una ocasión por falta de colaboración y ocultación de pruebas, lleva este viernes a declarar como testigos a su responsable legal, María Jesús Arribas, y al secretario del consejo, Domingo Armengol, ambos dependientes del presidente y considerados las últimas líneas de defensa entre el caso y el consejo de administración.

Algo que se produce en un momento clave para el máximo órgano de gobierno, que está señalado por su gestión del caso y que está pendiente de varios cambios. Uno de ellos implicará la salida de Juan Pi Llorens, que dejará de ser independiente el 27 de julio, al alcanzar los 12 años en el cargo. El banco tiene en marcha un proceso para sustituirles a él y a otros consejeros, según fuentes financieras consultadas por este medio. Desde el banco, no hicieron comentarios.

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Estas declaraciones se producen a menos de dos semanas de que la Audiencia Nacional tenga que cerrar la instrucción o, como parece, volver a prorrogarla, y tras varios recursos presentados por la entidad para dinamitar la investigación. BBVA ha recurrido en apelación: la última prórroga del caso; que las acusaciones accedan a su cuestionado forensic, elaborado por PwC, y la declaración de Arribas. La Sala de lo Penal de la Audiencia tendrá que decidir al respecto en las próximas semanas, sentenciando la instrucción o asestando un golpe a la estrategia del banco.

El plato fuerte es el de la directora de Legal. Arribas, a la que estudió imputar la Fiscalía, es una de las personas que han conducido la investigación interna del banco desde 2018, junto a Torres y su mano derecha, Juan Asúa, imputado en el caso. El exdirector de Riesgos de BBVA España Antonio Béjar pidió su declaración "a efectos de descartar cualquier tipo de exoneración de responsabilidad penal de la persona jurídica por colaboración, pues muestra cómo todo cuanto se ha investigado internamente y aportado no es más que consecuencia de la planificación efectuada para lograr dar apariencia de colaboración".

El papel de Torres

El banco ha recurrido la posibilidad de que declare su jefa de Legal alegando que es su abogada interna en el caso, y vulneraría su derecho a defensa. La Sala de lo Penal ya le compró en una ocasión estos argumentos. Aun así, todo apunta a que Arribas acudirá al juzgado sin resolverse el recurso del banco, por lo que tendrá que decidir si responde al juez, fiscales y resto de partes, o se niega a ello. Al ser testigo, podría ser reprendida por el juez si opta por este último camino.

Arribas es clave para el caso y para Torres, ya que fue la persona que propuso que se incluyera al presidente entre los directivos investigados. Sin embargo, posteriormente se descartó esta opción, así como con su ex mano derecha Ricardo Forcano, que fue superior directo del exjefe de Seguridad Julio Corrochano y su asesor Asúa.

Esta decisión del banco y sus asesores legales es muy cuestionada en el mundo legal, en el sector financiero y entre los supervisores, ya que transmite que los responsables de la investigación no quieren que se les examine a ellos mismos. Al contrario que en casos como el del polémico viaje de Antonio Horta-Osorio cuando era presidente de Credit Suisse, en el que se dio al consejo la batuta de la investigación, el caso Villarejo está siendo liderado por los ejecutivos de BBVA, con Torres a la cabeza.

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El forensic de BBVA ha sido abiertamente criticado por la Fiscalía Anticorrupción, la última vez, hace algunas semanas. Los fiscales defendieron que las acusaciones puedan acceder a los 2,3 millones de archivos (potencialmente podría ampliarse a 3,9 millones) dadas las "importantes lagunas" que tiene el trabajo del banco, sus asesores legales (Garrigues y Uría Menéndez) y PwC.

"El alcance de los trabajos siempre estuvo bajo decisión y encargo de Garrigues, esto es, PwC no autodefinió el alcance de su trabajo a partir de un hecho, sino que siguió las indicaciones de Garrigues y el BBVA con relación tanto a las personas sobre las que realizar procesos de obtención de documentación como a las palabras a usar en la búsqueda y los concretos asuntos sobre los que debería elaborar un informe", exponen los fiscales.

Fiscalía, acusaciones y BBVA llevan meses de tira y afloja para que todas las partes que lo soliciten accedan al forensic y puedan comprobar si el banco ha ocultado pruebas en su investigación interna. La última decisión de la Audiencia, recurrida por la entidad, es que las acusaciones contraten a peritos que analicen los miles de correos desde un compromiso de confidencialidad, algo que para BBVA no es suficiente, ya que podrían verse vulnerados datos de sus clientes y empleados: "Tanto da que quien acceda a los 2,3 millones de hits sean las partes o sus peritos porque, en el momento en que alguien ajeno al juzgado acceda a los mismos, ya se habrá producido la lesión de los derechos que se pretenden proteger", exponen sus abogados.

Junto a esta pelea está la de prorrogar o no el caso. BBVA defiende que la investigación judicial lleva casi dos años ampliándose sin razón. De hecho, Torres llegó a calificar el caso como "cansino". Sin embargo, los fiscales creen que el responsable de que la causa se haya retrasado tanto (lleva casi cinco años) es el banco: "Ha sido debido al legítimo ejercicio del derecho de defensa del BBVA que, bien se ha opuesto, bien ha dilatado o dificultado, dentro de las legítimas opciones procesales, la inmensa mayoría de diligencias que se han ido acordando".

Esta presunta falta de colaboración podría generar un problema en el futuro al consejo de BBVA. Así, en el caso de una condena sin atenuantes, habría accionistas que reclamarían que los propios consejeros asumieran personalmente el coste generado a la entidad, que podría ser millonario.