La Fiscalía pide a BBVA medio millón de correos de directivos próximos a Torres

El último tramo del caso Villarejo se ha convertido en un camino tortuoso para BBVA. Tras un último intento de enterrar la investigación, la entidad presidida por Carlos Torres no solo no lo ha logrado, sino que ha recibido un regalo envenenado por parte de Anticorrupción. Los fiscales vuelven a cuestionar el forensic que PwC hizo para la entidad en su investigación interna, sobre el que hay serias dudas, y apuntan indirectamente a Torres, uno de los grandes olvidados del informe. BBVA no quiso hacer comentarios.

De este modo, el auto de ampliación de la investigación del pasado 26 de abril recoge una petición de Anticorrupción de que se examinen 1,6 millones de documentos del banco (hits) hasta ahora olvidados, de los que en torno a medio millón son de directivos actualmente próximos al presidente: su asesor directo, Juan Asúa, el director de Auditoría Interna, Joaquín Gortari, y el director de Comunicación, Paul G. Tobin.

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Jorge Zuloaga

"El Ministerio Público interesa que se solicite al BBVA, siempre y cuando dicha parte esté dispuesta a ello, en virtud de su derecho de defensa, la siguiente documentación: (...) los 3.923.449 hits, correspondientes a la versión 7 del mapa documental y que no han sido aportados a las actuaciones, ni revisados por ninguna parte salvo la propia defensa del BBVA", expone el auto. El juez Manuel García-Castellón da la petición por buena en su escrito, aunque en la parte dispositiva no hace mención expresa a los 3,9 millones de documentos. Pese a ello, las fuentes consultadas, de la acusación, señalan que la petición debería cursarse.

Las mismas fuentes explican que la decisión es clave por dos razones. La primera, porque amplía el foco del caso más allá de los 2,3 millones examinados hasta ahora en el caso, tanto por la investigación de BBVA como por la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional. Y la segunda, porque siembra de nuevo dudas sobre las explicaciones dadas hasta ahora por la entidad respecto a la decisión de no investigar a su actual presidente.

El papel de Torres y su asesor

La entidad ha defendido reiteradamente que el papel de Torres, que fue consejero delegado desde 2015, sí ha sido supervisado a través de los correos indirectos revisados: "La correspondencia que el Sr. Torres mantuvo por correo electrónico con los investigados en este procedimiento y con el resto de custodios sí ha sido analizada, del mismo modo y con las mismas keywords [palabras clave] que la de cualquier otro empleado. No hay que olvidar que si el Sr. Torres envía o recibe un correo, dicho correo se encuentra tanto en su buzón de correo como en el del emisor o receptor del correo", señaló BBVA en un escrito al juez del 22 de abril de 2022.

La duda que surge ahora, según dichas fuentes, es que ha habido tantos correos sin revisar (1,6 millones) que puede haber aspectos que se han dejado de lado. Un documento conocido recientemente, publicado por El Mundo, refleja que la actual directora de los Servicios Jurídicos, María Jesús Arribas, propuso incluir a Torres en el forensic a principios de 2019, pero sus asesores legales, Garrigues y Uría Menéndez, decidieron descartar esta opción.

Entre los documentos no examinados, hay 10.000 del expresidente Francisco González, uno de los principales investigados del caso al ser el número uno de la entidad durante los 12 años que hubo relación (con interrupciones) con Villarejo. Aunque FG, como se le conoce en el sector, niega cualquier conocimiento, la Fiscalía le ve clave en la causa. Al contrario que su sucesor, el banquero gallego ha sido investigado a fondo, hasta el punto de chocar frontalmente con el banco por ello.

Junto a estos 10.000 hits, también hay 167.000 de Gortari, 127.000 de Tobin, 190.000 de Asúa, 308.000 de Javier Malagón (Contabilidad), 117.000 de Nazario Campo (Seguridad), 66.000 de Javier Ayuso (Comunicación), 155.000 de Ignacio Moliner (Comunicación), 100.000 de Juan Carlos Pérez Moreno (Jurídico), 30.000 de José Manuel García Crespo (Jurídico), 26.000 de Inés Díaz Ochagavia (Seguridad), 50.000 de Ignacio Pérez Caballero (Comercial), 14.000 de Ángel Cano (ex-CEO), 84.000 de Antonio Béjar (Riesgos), 33.000 de Eduardo Arbizu (Jurídico), 30.000 de Eduardo Ortega (Jurídico) y 8.000 de Elena Martín (secretaria).

Algunas fuentes señalan que gran parte de estos 1,6 millones son falsos positivos de la investigación de BBVA que nada tienen que ver con el caso Villarejo. Aun así, otras cuestionan la falta de explicaciones al respecto por parte del banco y que sus principales directivos "no han cumplido con lo de la mujer del César".

Otras dudas

En este contexto, uno de los mayores interrogantes es el papel de Asúa. El asesor del presidente y expresidente de BBVA España no fue ni siquiera incluido en la investigación inicialmente. Garrigues propuso incorporar sus documentos en noviembre de 2019, aunque nunca llegaron a ser analizados. Este directivo ha estado involucrado en la coordinación de la investigación interna.

Las mismas dudas surgen con Ricardo Forcano, ex número dos de Torres cuando era CEO, y que fue jefe directo de Julio Corrochano, jefe de Seguridad y contacto de Villarejo en el banco. Al igual que en el caso del presidente, sus correos fueron copiados para el forensic, pero en ningún momento procesados ni analizados, a pesar de que bajo su dirección de RRHH se pactó una salida generosa para Corrochano, cuando Villarejo ya estaba en prisión.

Tras la ampliación del plazo, el caso BBVA-Villarejo debería acabar el próximo 29 de julio. La entidad vasca se juega mucho en este caso, que sigue de cerca el BCE, y que podría derivar en responsabilidades para el consejo si el tribunal considerara que no ha colaborado con la Justicia, algo en lo que a día de hoy coinciden Anticorrupción y el juez García-Castellón, en especial por el forensic.