CASO BBVA-VILLAREJO

BBVA denuncia investigaciones de Villarejo para el interés personal de FG

El banco se intentó personar como perjudicado alegando que Cenyt investigó cuestiones para FG como la búsqueda de fincas, el uso del avión privado o su guerra con Ausbanc

Foto: Imagen: EC.
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El presidente de BBVA, Carlos Torres, decidió hace una semana no mantener sus palabras de 2019 respaldando a su predecesor, Francisco González (FG). Explicó que habiendo una causa judicial, prefería no pronunciarse sobre ninguna persona. El sumario del caso BBVA-Villarejo explica más motivos: el banco denunció en marzo del año pasado que se sentía perjudicado por algunas investigaciones del comisario Villarejo, a través de su empresa Cenyt. Encargos del exclusivo interés personal de FG.

Así figura en un escrito de la Fiscalía de julio de 2019 al que ha tenido acceso este medio, en el que asegura que se adjudicaron servicios a Cenyt "al margen de la normativa interna, en beneficio exclusivo del entonces presidente, Francisco González Rodríguez, y no en beneficio o provecho de BBVA". Anticorrupción explica que BBVA se considera perjudicado por determinados servicios prestados por Cenyt, "que no aparecen amparados en un contrato escrito". De hecho, en un escrito anterior, del 25 de marzo de 2019, el banco sostiene que existen indicios "de la posible comisión de un delito de corrupción entre particulares, del que habría resultado perjudicada la entidad".

Entre ellos, la Fiscalía, a raíz del escrito de BBVA, destaca los "trabajos para la búsqueda y adquisición de fincas por parte de Francisco González Rodríguez, así como un informe sobre utilización privada del avión corporativo". Se trata del Proyecto Rick, que tuvo lugar en 2013 y 2014 para la "localización, valoración y adquisición de fincas" por parte de FG en "El Escorial, Toledo, Islas Baleares, Marbella y Madrid, que habrían servido" para comprar una en Marbella.

Según la documentación recibida por los fiscales, hubo correos electrónicos en los que participaron Antonio Béjar, exdirector de Riesgos; Joaquín Gortari, exsecretario de FG; Fernando Raya; el mismo FG, y Julio Corrochano, exdirector de Seguridad. Fue este último el que recibió un informe de Cenyt en 2015 que solo incluía unas fotos desde la calle de las fincas de Marbella.

Sede de BBVA en Madrid. (EFE)
Sede de BBVA en Madrid. (EFE)

Francisco González envió un comunicado este martes en el que asegura que ya declaró ante el juez que "no participó en la contratación de esta empresa [Cenyt] ni tuvo conocimiento de la contratación de la misma por parte de BBVA hasta mayo de 2018". Desde el banco, recuerdan que "han colaborado con la Justicia" y defienden que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad". Desde el entorno de FG aseguran que "de ello cabe deducir que BBVA no considera que haya responsabilidad de los máximos responsables de la entidad, incluido Francisco González".

El avión privado

Del escrito, también se desprende otro informe, de septiembre de 2016, "relativo a aspectos sobre la seguridad en cuanto al uso privado del avión corporativo por parte de altos directivos", "indiciariamente, el Sr. González [este entrecomillado de BBVA]".

El escrito de BBVA también se da por perjudicado por la contratación de Cenyt para la guerra de BBVA contra Ausbanc, ya que el interés de dicha contratación podría derivar "del público enconamiento y manifiesta animadversión existentes entre el Sr. González y el Sr. Pineda". Por ello, el banco se retiró de la investigación contra la asociación de consumidores, "como parte de la firme decisión de la actual dirección de la entidad de romper con cualquier actividad de la presidencia anterior que pudiera haber estado relacionada con la empresa Cenyt".

Junto a estos factores, BBVA quería personarse como perjudicado alegando que fue Corrochano quien dirigió casi toda la relación con Cenyt; que se benefició económicamente por ello; que al banco le ha hecho "daño de reputación y moral". Esgrimía factores como el pago de mobiliario al responsable de Seguridad por un importe cercano a los 45.000 euros. El banco señalaba también que no existen pruebas de que Cenyt pagara a policías y cometiera, por ello, un posible delito de cohecho. El juzgado rechazó esta petición, y por el contrario imputó al banco a finales de julio.

Anticorrupción rebatió los argumentos de la entidad alegando que todos los contratos firmados con Villarejo salvo uno —por un importe total de 10,2 millones de euros— fueron suscritos por Corrochano y afectan "a varias áreas sensibles" (seguridad corporativa o riesgos y recuperaciones, entre otras) y a múltiples ejecutivos de la entidad durante un prolongado espacio temporal. No funcionaron los mecanismos de control, agregan, y se propició que la vinculación se prolongara durante al menos 13 años. En la facturación de los servicios del comisario, "intervinieron varios departamentos y distintos centros de coste".

La Fiscalía reitera en este punto, en contra de lo argumentado por BBVA, que hubo "inexistencia de alertas, supervisión y control eficaz" para evitar la "permanente vulneración de la normativa interna" al seleccionar, adjudicar y contratar proveedores. Asimismo, el escrito recuerda que en el proceso de facturación, contabilización y pago de facturas de Cenyt, intervinieron varios departamentos o unidades de negocio de la entidad.

Otra justificación de BBVA sobre el perjuicio recibido giró en torno al sobreprecio del contrato con Cenyt respecto del que firmó por seguridad con otra empresa el 1 de junio de 2016, pero Anticorrupción recuerda que ambos contratos coexistieron hasta el 31 de diciembre de 2017, según se constata de correos electrónicos de mayo de 2016 enviados por el investigado Nazario Campo Campuzano a Francisco Javier Montero, con copia a la imputada Inés Díaz Ochagavía.

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