La Fiscalía estudia una ampliación del caso BBVA mientras FG pide el archivo parcial

El caso BBVA-Villarejo podría afrontar una nueva prórroga y ampliación de pruebas. La Fiscalía Anticorrupción preparaba a finales de la semana pasada un escrito que apoyaría estas dos líneas, según fuentes legales consultadas por este medio. El motivo sería buscar una nueva fórmula para que las acusaciones del caso puedan acceder a la investigación interna del banco (forensic), de 2,3 millones de archivos.

Los fiscales encargados del caso transmitieron esta posibilidad el pasado viernes a varios abogados presentes en los últimos interrogatorios del caso, al consejero José Maldonado y al exdirector de Comunicación Ignacio Moliner.

Según las fuentes consultadas, los abogados del banco, Helena Prieto, de Garrigues, y Jaime Gallo, de Uría Menéndez, abrieron un diálogo con los fiscales sobre las peticiones que hay para acceder al forensic. La entidad es partidaria de que se dé un acceso controlado a las acusaciones al mismo, a través de un filtrado que haría previo la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional. Sin embargo, dichas fuentes explican que en Anticorrupción se estaba valorando la opción de que se dé la opción a que las acusaciones usen sus propias firmas de forensic para analizar los 2,3 millones de archivos.

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Esta posibilidad podría suponer una nueva ampliación del caso, que a finales de enero se prorrogó por tres meses más, que vencen a finales de esta semana. El forensic ha sido fruto de numerosos choques entre BBVA, la Fiscalía y las acusaciones en los cuatro años y medio de investigación. Anticorrupción cree que la investigación ha sido parcial y que el banco podría haber ocultado hechos importantes en la misma.

Hace dos años, el juez decidió que la UAI revisara los 2,3 millones, con nuevas aportaciones menores. Las acusaciones sostuvieron entonces que la Policía Nacional carecía de medios técnicos y personales para analizar en profundidad los archivos, de ahí que la Fiscalía esté estudiando ahora alternativas. El objetivo es que las principales partes del caso puedan revisar si hay aspectos clave en el forensic y que afecta a su situación penal.

Posición de FG

A la espera de la decisión final de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Manuel García-Castellón, uno de los principales investigados del caso, el expresidente del banco, Francisco González, ha pedido esta semana que se archive parte del caso para él. Sigue la línea marcada por el ex-CEO Ángel Cano, que cree que todos los presuntos delitos de los contratos firmados por la entidad en 2004 y 2005 con el comisario Villarejo estarían ya prescritos.

Aunque FG, como se le conoce en el mundo financiero, niega cualquiera de los delitos que se le imputan en este asunto, su defensa insiste también en que el plazo de prescripción de los mismos es de 10 años y recuerda que fue citado por su presunta participación en "delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos", según recoge EFE. Estos delitos, en diversas ocasiones, entre las que cita a Iberdrola, se ha concluido que prescriben a los 10 años.

La fecha en la que se habría hipotéticamente interrumpido el plazo de prescripción en el caso de González sería el 14 de noviembre de 2019, cuando se le citó como investigado; si bien, argumenta que los supuestos delitos que se le imputan en relación con Sacyr estaban prescritos antes de la incoación de la causa, en diciembre de 2018.

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Además, el escrito del expresidente de BBVA considera "insostenible" defender la existencia de continuidad delictiva en los hechos objeto de investigación, desde el año 2004, tanto desde un punto de vista fáctico como jurídico, atendiendo a la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo así como a las últimas resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional en otras causas en fase de instrucción.

Esta petición de archivo se suma a las de Cano, a la de la directora de Seguridad del banco, Inés Díaz Ochagavía, y una trabajadora de su equipo, la secretaria Ana María Encinas. Esta última ya ha recibido el visto bueno del tribunal a su petición, y el resto están esperando una respuesta de los fiscales y el juez.