CASO BBVA-VILLAREJO

BBVA ofrece 2,3 millones de archivos al juez de Villarejo tras negarle 223 correos

La entidad defiende a su secretario del consejo y a sus 'exdircom' de la petición de imputación y desvela que FG tendrá la seguridad del banco hasta dentro de ocho años

Foto: Sede de BBVA en Madrid.
Sede de BBVA en Madrid.
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BBVA pasa al contragolpe en el caso Villarejo. La entidad presidida por Carlos Torres presentó este miércoles un escrito en la Audiencia Nacional cargando contra Luis Pineda, presidente de Ausbanc. Para el banco, el intento de Pineda de imputar a su secretario del consejo, Domingo Armengol, y a sus exdirectores de Comunicación, Javier Ayuso e Ignacio Moliner, es un "despropósito".

BBVA se quita de encima estos intentos argumentando que son artimañas del presidente de Ausbanc con el fin de ganar puntos en el juicio en que es el principal acusado, que se abrió tras una denuncia anónima del banco: "Pineda busca como sea anotarse algún tanto en el presente procedimiento, por la vía de conseguir alguna imputación que le permita sostener en su juicio que no es más que una pobre víctima de una conspiración policial".

Más allá de su choque histórico con Pineda, el escrito de BBVA aborda otras cuestiones del caso. Entre ellas, las críticas a su investigación interna, cuestionada por la Fiscalía Anticorrupción.

"El 'forensic' encomendado por BBVA es un profundo trabajo de investigación interna que la entidad inició meses antes de su imputación; que no sustituye, en ningún caso, a la propia investigación judicial (con la que sí se colabora, ampliándola y enriqueciéndola con las evidencias obtenidas); y que es muestra y consecuencia necesaria del robusto sistema de cumplimiento normativo implantado en la entidad. Además, y no es un asunto menor, se trata de un ingente trabajo que la entidad costea voluntariamente de su propio bolsillo y a la que aporta cuantiosos recursos materiales y humanos", expone el banco en su escrito firmado por los abogados de Garrigues y Uría Menéndez.

Los archivos polémicos

Las dudas sobre la investigación interna giran en torno a las órdenes que el coordinador de la misma —Garrigues, en nombre de BBVA— fue dando a PwC. También ha generado ruido que el banco haya pedido que no lleguen a la Audiencia determinados correos, por cuestiones ajenas a la investigación.

De este modo, el socio de PwC responsable del 'forensic', Javier López Andreo, que declaró en febrero como testigo, explicó que la auditora examinó 24 millones de documentos de BBVA, y de ellos propuso analizar 2,3 millones. El banco le dio autorización a investigar 200.000, por priorizar unas líneas. Posteriormente, BBVA negó a PwC el envío de 223 correos electrónicos analizados por "estar cubiertos por el secreto profesional, por el privilegio abogado-cliente de distintos profesionales y de diversos procedimientos, o por algún tipo de protección legal por su carácter reservado".

En su escrito de esta semana, BBVA ofrece al juzgado enviar los 2,3 millones de 'hits' (impactos) obtenidos inicialmente por PwC, con la condición de que sea el juez quien los analice y filtre —expurgo— antes de decidir cuáles se distribuyen entre el resto de partes del proceso. "Los ponemos a disposición, lógicamente, solicitando que se respeten las garantías y salvaguardas que deben observarse en el manejo de documentación y comunicaciones privadas (y potencialmente ajenas al objeto de este procedimiento) y que también pueden ser sensibles desde la perspectiva del secreto empresarial y bancario", afirma el banco en su escrito.

Este ofrecimiento choca con el que hizo la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía a Garrigues el pasado 27 de septiembre de analizar toda la información del caso, que fue rechazado.

BBVA también reconoce en su escrito que su consejo acordó en febrero de 2017 ampliar en cinco años más —hasta 10 años— el periodo en el que asumirá los costes de seguridad de Francisco González, entonces presidente, una vez dejara el cargo. Su presidencia concluyó en 2018, por lo que, según este acuerdo, tendrá medidas de seguridad sufragadas por el banco hasta finales de 2028. El consejo fundamentó esta decisión en un informe del departamento de Seguridad que alertaba de que "habían tenido conocimiento de la existencia de unos hechos y circunstancias que incrementaban, de manera significativa, el riesgo de seguridad del presidente de la entidad". En la causa, obran distintas investigaciones de Villarejo a un búlgaro que coincidió en prisión con Pineda.

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