Varapalo para BBVA: la Audiencia rechaza un recurso clave en el caso Villarejo

Malas noticias para BBVA. La Audiencia Nacional ha rechazado un recurso clave que presentó la entidad en el caso Villarejo, con el que intentaba bloquear una de las nuevas líneas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción. Así lo ha decidido en un auto fechado en este lunes la Sala de lo Penal del juzgado, según publica Efe.

Esta nueva investigación gira en torno a un contrato que dio el banco a la sociedad Anbycol, del exsocio de Villarejo, Antonio Bonilla, que presuntamente sirvió para obtener información reservada de clientes y empleados a comienzos de 2018. BBVA recurrió esta investigación primero ante el juez Manuel García-Castellón por "infracción procesal", que se opuso a este intento. Y posteriormente envió el recurso a la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ahora lo ha denegado.

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J. Zuloaga

El banco presidido por Carlos Torres y sus asesores legales, Garrigues y Uría Menéndez, confiaban en que este recurso prosperaba hasta el punto de que el representante legal del grupo, Adolfo Fraguas, decidió no declarar cuando fue citado por el juez hace varias semanas. La entidad tendrá que decidir ahora si pide testificar, con el posible retraso para la causa que provocaría, algo por lo que lleva quejándose públicamente en los últimos meses.

En su último escrito, la Fiscalía acusaba a BBVA de "falta de coherencia" por afirmar en reiteradas ocasiones que colabora con el juzgado y tratar de bloquear esta nueva línea de investigación. Uno de los puntos que destacaron desde Anticorrupción, es que el propio banco incluyó el contrato de Anbycol de 2018 entre los revisados por el forensic de PwC. Por ello, los fiscales no entendían que en 2019 se viera bien revisar la relación de este banco con la sociedad y no en 2022.

Información clasificada

La documentación que tiene en su mano Anticorrupción apunta a que Anbycol, del exsocio de Villarejo, consiguió información clasificada en bases policiales de decenas de personas. Entre ellas, figuran los nombres de Javier Fernández Castrillón, exbanquero privado, y socios y empleados de algunas empresas, entre quienes podrían estar antiguos clientes de este exempleado, como Colortec Química y Salto System.

Bonilla prestó estos servicios en un momento en que el presidente Francisco González (FG) estaba preparando su relevo en manos de Torres. Durante estos meses de 2018 fue cuando se negoció la salida del director de Seguridad, Julio Corrochano, responsable de la contratación de Villarejo, que dependía indirectamente del entonces CEO. Varios de los empleados imputados por esta causa dependían de la mano derecha de Torres, Ricardo Forcano.