BBVA recurre por "infracción procesal" las nuevas imputaciones del caso Villarejo

BBVA recurre las nuevas imputaciones del caso Villarejo, que afectan al propio banco y a cuatro empleados. La entidad presidida por Carlos Torres presentó hace algunos días un recurso de reforma en la Audiencia para anular la decisión del juez Manuel García-Castellón por "grave infracción procesal".

El segundo banco español no discute los hechos de fondo de estas nuevas imputaciones, pero sí su forma. Así, el juzgado, a petición de la Fiscalía, incorporó dos informes policiales en otra pieza del caso Villarejo, la número 7 (Kitchen). Estos documentos demostrarían que BBVA contrató en 2018 a una empresa de uno de los socios de Villarejo, el policía Antonio Bonilla. Con ello, empleados del banco habrían obtenido "información reservada de bases policiales" a demanda.

Como señalaron los fiscales del caso, Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro, se trata de nuevos hechos clave para la investigación que el 'forensic' interno de BBVA no había puesto sobre la mesa.

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Por su parte, BBVA defiende que los informes policiales son de abril de 2021 y 2022, por lo que la Fiscalía ha tenido tiempo de sobra para pedir su incorporación a la pieza número 9 (BBVA). No hacerlo, añade la defensa del banco, implica que "durante 15 meses se han estado llevando a cabo investigaciones a espaldas de BBVA y sin efectuar la más mínima notificación a la misma sobre los supuestos ilícitos penales que ahora se le pretenden imputar".

Defensa

La entidad considera que los fiscales y el juez tendrían que haber investigado estos hechos en la pieza 7 o haber deducido testimonio durante estos 15 meses. Y que lo contrario supone "incumplimientos de normas esenciales del procedimiento que vulneran el derecho de defensa".

Junto a ello, BBVA defiende que la contratación en 2018 de la sociedad de Bonilla, Anbycol, no está relacionada con la contratación de Cenyt, "de manera que se plantean incluso dudas sobre si, en caso de tener que ser investigados, deberían serlo en un procedimiento separado". Este contrato se ejecutó con Villarejo ya en prisión. Para la entidad, el hecho de que Bonilla fuera anteriormente director de Operaciones de Cenyt, la empresa de Villarejo, no es suficiente para que todos los contratos se investiguen juntos.

Lejos de esta posición, el juez García-Castellón justificó las nuevas imputaciones y la prórroga del caso: "Con relación a la persona jurídica investigada (BBVA) y a Antonio Bonilla, se considera, sin embargo, que resulta precisa la nueva declaración como investigados, pues estos hechos, si bien se encuentran directamente vinculados con las contrataciones de Centy (Antonio Bonilla fue su director de Operaciones), tienen la particularidad de que son posteriores a la detención de José Manuel Villarejo Pérez y se producen en la misma dinámica, pero referenciándose a través de la mercantil Anbycol en fecha del 14 de enero de 2018, entre otras".

Los cuatro empleados imputados son del área de seguridad tecnológica: Óscar Santos, Simón Galera, José Manuel Cantero y Ana María Encinas. Entre los presuntos perjudicados por la contratación de Anbycol hay un antiguo banquero privado, Javier Fernández Castrillón, que dejó la entidad coincidiendo con esas fechas, y varios directivos y empresarios de sociedades como Colortec Química y Salto Systems.