El envite perdido por la abogada estrella de Garrigues en el caso de BBVA y Villarejo

Tras casi cuatro años de investigación, BBVA se va quedando sin comodines en la partida del caso Villarejo. La entidad presidida por Carlos Torres perdió la semana pasada un envite clave con el que pretendía bloquear una línea de investigación sobre el presunto espionaje a clientes y empleados. A dos meses del posible cierre de la causa (29 de enero), esto deja al banco con menos opciones de defensa. A día de hoy, a BBVA le queda un órdago: aferrarse al ejemplo de Iberdrola, Repsol y CaixaBank, otras empresas a las que la Audiencia desimputó por la contratación de Villarejo.

Está en juego la estrategia diseñada por la principal asesora legal del banco, la exfiscal Helena Prieto, de Garrigues, que desde 2019 ha marcado la senda que debía seguir la entidad dentro y fuera de la Audiencia. Su éxito o fracaso tendrá un gran impacto para el banco, empezando por el propio consejo de administración, que podría asumir responsabilidades en caso de que hayan provocado un perjuicio al banco por una estrategia equivocada, según fuentes financieras consultadas por este medio. En caso de que se abra juicio oral, el Banco Central Europeo (BCE) entrará a revisarlo a fondo, según las mismas.

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El banco no va a tener fácil que el juzgado le compre la comparación con Iberdrola, Repsol y CaixaBank. Así, la primera se libró por prescripción —cinco años— al tratarse de un contrato de 2011, algo que a priori no podría beneficiar a BBVA, que siguió contratando a Villarejo y sus socios hasta 2018. Y la Audiencia archivó el caso del banco catalán y la petrolera por contar con un buen modelo de prevención de delitos, aunque no detectara un contrato con Cenyt, la empresa del comisario. Frente a ellas, BBVA no contaba con él, según la Fiscalía, y estuvo pagando a Villarejo durante una década, en la que este facturó más de 10 millones.

El banco se juega mucho en este caso, por los directivos y empleados que tiene imputados, y por la propia responsabilidad de la persona jurídica. Para evitar esto último, BBVA tendrá que acreditar que tenía un modelo robusto de prevención de delitos —que fue vulnerado por algunos empleados— y que ha colaborado desde el primer minuto con el tribunal. Esto último ha sido puesto en tela de juicio en más de una ocasión por parte del juez y los fiscales.

Este es el entorno en el que BBVA afronta el tramo final del caso, que podría concluir el 29 de enero, y al que podría sumar una dificultad adicional: la declaración voluntaria de su expresidente Francisco González (FG). El banquero gallego, presidente entre 2000 y 2018, fue señalado por la entidad por, presuntamente, usar los contratos de Villarejo en su propio beneficio. Por ello, no es descartable que FG responda al banco con dardos envenenados en su declaración del próximo 15 de diciembre.

Esta amenaza se suma al fracaso del recurso recientemente perdido. La entidad intentó sin éxito bloquear una investigación que gira en torno a un contrato que dio el banco a la sociedad Anbycol, del exsocio de Villarejo Antonio Bonilla, que presuntamente sirvió para obtener información reservada de clientes y empleados a comienzos de 2018. La documentación que tiene en su mano Anticorrupción apunta a que esta empresa consiguió información clasificada en bases policiales de decenas de personas.

'Forensic' en tela de juicio

Una de las cosas que más chocaron a los fiscales y abogados de esta causa es que BBVA recurriera esta investigación tras haberla hecho él mismo hace dos años. Así, la entidad encargó a PwC, a través de Garrigues y Uría Menéndez, el análisis del contrato con Anbycol. Dio como resultado que "la contratación de Anbycol no ha cumplido con lo establecido en la Normativa de Compras de BBVA". Aun así, no encargaron a PwC que fuera más allá y buscara correos vinculados al caso. Alguno de ellos hacía referencia a información recibida por la entidad de "acceso restringido".

Fuentes judiciales creen que BBVA podría haber "mirado a otro lado en esta investigación", mientras impulsaba otras contra exempleados como FG, el exdirector de Riesgos Antonio Béjar y el exdirector de Seguridad Julio Corrochano. Coincide, recuerdan estas fuentes, que el contrato afecta al área que lideraba la antigua mano derecha de Torres, Ricardo Forcano, que entre 2016 y 2018 fue responsable del área de Talento y Cultura. De hecho, hay trabajadores de su antiguo departamento imputados. Consultado por este medio, Forcano señala que "no conoce" a las personas imputadas.

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Junto a este frente de la investigación, la última semana también ha dejado una ronda de declaraciones de empleados del área de Contabilidad, en la que algunos profesionales afirmaron que no pudieron revisar las facturas de Cenyt porque no tenían autorización para ello, según Europa Press.

Otro potencial problema para BBVA es el escrito que el abogado del expresidente de Sacyr Luis del Rivero envió hace algunos días a la Audiencia, en el que recuerda que el exdirector de Comunicación Javier Ayuso reconoció que hay correos electrónicos enviados entre empleados del banco en que se analizaban las maniobras para detener el asalto de Sacyr al banco, para lo que se contrató a Villarejo. Estos e-mails no han sido puestos sobre la mesa hasta el momento, por ello, Del Rivero pide acceso a ellos.

Esta solicitud, la declaración de FG y la negativa a testificar de BBVA sobre Anbycol abren el interrogante de si, finalmente, habrá una nueva prórroga en el caso. Podría ocurrir si el banco pide ser citado de nuevo para aclarar el contrato de 2018, algo que no hizo en noviembre por la confianza de sus abogados en ganar el recurso ante la Audiencia. Por ello, parte de los letrados del caso ya apuestan por una nueva prórroga, de tres meses, que alargaría el caso hasta primavera.