La Audiencia condena a Villarejo a 19 años de cárcel en el primer juicio de la macrocausa
La sentencia aborda el espionaje a un bufete de abogados, la batalla por la herencia del creador de la urbanización La Finca y el encargo de dos empresarios para recuperar una deuda
El comisario jubilado José Manuel Villarejo. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 19 años de cárcel en la primera sentencia del caso Tándem, la investigación que acumula más de 40 piezas sobre las supuestas operaciones parapoliciales que llevó a cabo cuando aún seguía en activo. La sentencia marca un antes y un después en la causa al considerar probado que Villarejo incurrió en los delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, pero al mismo tiempo le absuelve del de cohecho.
En este primer asalto, la Audiencia Nacional enjuiciaba tres piezas: el supuesto espionaje a un bufete de abogados (pieza Iron), la batalla por la herencia del creador de la urbanización La Finca (pieza Land) y el encargo de dos empresarios para recuperar una deuda (pieza Pintor).
La Audiencia Nacional también condena al socio de Villarejo Rafael Redondo a 13 años de cárcel por los mismos delitos, así como a otras nueve personas a penas de entre tres meses y dos años. La sentencia finaliza con la absolución de 16 de los acusados, entre los que destacan la esposa del comisario Gema Alcalá, su hijo José Manuel Villarejo Gil y los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla. El comisario Enrique García Castaño, que en un primer momento se sentó en el banquillo con una petición de cárcel de 81 años, terminó por ser apartado del juicio por motivos de salud.
La resolución de la Audiencia Nacional supone un revés para la Fiscalía Anticorrupción, que pedía 83 años y medio de cárcel para Villarejo. Al descartar el delito de cohecho para el comisario, también hace que el resto de piezas de la causa se tambaleen, aunque fuentes jurídicas avisan de que cada una de ellas presenta características distintas. En el caso de estos tres primeros encargos, los magistrados sostienen que “no los realizó en el ejercicio de su cargo ni guardaban relación con sus actividades públicas”.
En función del acusado, la Fiscalía le imputaba cohecho activo, que es el cometido por el particular que corrompe o intenta corromper al funcionario público con sus dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas, o cohecho pasivo, que es el realizado por el propio funcionario que acepta el pago o el soborno en cuestión. Según concluye la sentencia, Villarejo debe ser absuelto de ambos: a pesar de su condición de comisario en activo, actuó en la esfera privada y no pública.
Una vez descartado este delito, los magistrados explican que los hechos analizados y el engaño acreditado podrían haber encajado en otros tipos penales que no se han imputado a los acusados: “El engaño en grado superlativo perpetrado frente a sus incautos clientes —a pesar de la cualificación profesional que se les puede presuponer— y el desplazamiento patrimonial a consecuencia de semejante falacia situarían la actuación de Villarejo dentro de la órbita de delitos de carácter defraudatorio de los que no ha sido acusado”.
Villarejo, condenado a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental
La sentencia incluye un voto particular de la magistrada Carmen Paloma González, que discrepa de sus dos compañeros al entender que Villarejo sí debería haber sido condenado por cohecho pasivo. Las acusaciones aún pueden recurrir ante la Sala de apelación de la Audiencia Nacional, pero si se confirma el criterio mayoritario, tanto la Fiscalía como el magistrado instructor del caso Tándem, Manuel García-Castellón, tendrán que decidir si reconducen la investigación apuntando a otros delitos.
La Audiencia blinda los audios
Pese a este problema con el cohecho, la sentencia da validez a las pruebas obtenidas durante la investigación. Las defensas trataron de tumbarlas apuntando a que la unidad de Asuntos Internos no cumplió con la correspondiente custodia antes de entregárselas al juzgado, pero los magistrados destacan que "todos los pasos seguidos se documentaron por medio de diligencias y comparecencias, absolutamente todos".
Este razonamiento de las defensas afectaba a su vez a los audios, para lo que denunciaban que podían haber sido alterados por el modo en que manejaron los soportes originales. "En ningún caso los autos autorizantes de la medida obligaban a que el volcado de los dispositivos informáticos se llevase a cabo durante la diligencia de entrada y registro, legitimando de forma plena la incautación de los efectos para que la extracción de la información o el volcado se efectuase posteriormente", concluye la sentencia.
Los condenados
En la pieza Iron, la Audiencia Nacional ha condenado a Villarejo a cuatro años de prisión por relevación de secretos y a otros tres por falsedad continuada en documento mercantil en relación con la obtención de determinados datos tributarios del despacho Balder. Los magistrados también imponen cinco años de cárcel a su socio Rafael Redondo por los mismos delitos y penas de entre seis meses y dos años de cárcel a cuatro exdirectivos de Herrero & Asociados, el despacho que contrató al comisario: María Ángeles Moreno, Francisco Carpintero, Mario Carpintero López y Álvaro Martínez. Tanto Herrero & Asociados como su entonces director general, Andrés Medina, han sido absueltos.
En Land, Villarejo suma tres años más por falsificación de documento mercantil y nueve por tres delitos distintos de revelación de secretos particulares. Esta vez, por la obtención de los datos de posicionamiento y tráfico de llamadas, entre julio y agosto de 2013, de Silvia Gómez-Cuétara, viuda del propietario de Procisa, y de una conocida de esta y de un empleado. Todo ello por encargo de Susana García Cereceda y dos de sus trabajadores, Francisco Lorenzo Peñalver y David Fernández Aumente, a los que la sentencia impone penas de entre nueve meses y 10 meses y medio de cárcel. En el caso de Redondo, la condena asciende a ocho años en esta pieza.
En Pintor, la Audiencia Nacional solo condena a los empresarios Fernando Muñoz y Juan Leocadio Muñoz a tres meses de prisión por descubrimiento, pero descarta el de extorsión en grado de conspiración ante la "inexistencia de tal delito". Ambos pactaron con la Fiscalía Anticorrupción antes de sentarse en el banquillo y, a cambio de reconocer los hechos, se les rebajó la petición de pena a menos de dos años de cárcel para evitar su posible entrada en prisión. El tribunal ha absuelto a su vez al abogado Ricardo Álvarez-Ossorio.
Junto a los ya mencionados Riaño y Bonilla, el listado de absoluciones se extiende a los policías Javier Fernández Pérez y Juan Manuel González Escobar, así como a los detectives Gervasio Cañabete, Nuria Morales, Elisa Gabán y Juan Manuel León. También el abogado que consta como investigado en diversas piezas, David Macías, y al funcionario de de la Agencia Tributaria, Antonio Chaparro.
La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 19 años de cárcel en la primera sentencia del caso Tándem, la investigación que acumula más de 40 piezas sobre las supuestas operaciones parapoliciales que llevó a cabo cuando aún seguía en activo. La sentencia marca un antes y un después en la causa al considerar probado que Villarejo incurrió en los delitos de revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, pero al mismo tiempo le absuelve del de cohecho.
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