El juez del caso Villarejo propone juzgar a un exsenador del PSOE por el espionaje a un constructor

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón da por concluida la investigación sobre el supuesto encargo que la empresa de detergentes Persán realizó al comisario José Manuel Villarejo para que espiara al exdueño de la constructora Martinsa-Fadesa. En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, acuerda la conversión en procedimiento abreviado —el primer paso para abrir juicio oral— y deja al borde del banquillo al propio Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín por cohecho y revelación de secretos,

"El denominado proyecto Saving surge como resultado de las dificultades que los responsables del Grupo Persan S.A. y, concretamente, José Moya Sanabria, apoderado de dicha empresa (fallecido), estaba encontrando para la reclamación de un reconocimiento de deuda relacionado con Fernando Martín y con el grupo Martinsa-Fadesa", explica la resolución. "La ocasión de negocio surgió en el verano de 2011, cuando José Moya Sanabria (...), a través de un intermediario llamado Francisco Rodríguez Martín, coloquialmente denominado en todas las reuniones y documentos como Curro, efectuó un encargo al entonces comisario del Cuerpo Nacional de Policía".

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EFE

El magistrado apunta a que Villarejo y Redondo accedieron a "información reservada", a "bases de datos de acceso restringido" y al tráfico de llamadas de dos empresarios relacionados con Martín y uno de sus letrados. En la documentación intervenida, se refleja que el precio del encargo se fijó en un primer momento entre los 375.000 y 1,2 millones de euros, sumándose a su vez distintos porcentajes en función de los objetivos alcanzados y una posible "provisión de fondos" de otros 800.000 euros. Las transferencias analizadas prueban que finalmente se abonaron "más de 500.000 euros al Grupo Cenyt", la empresa de Villarejo.

El presunto inductor de este encargo, Francisco Rodríguez Martín, ejerció como senador del PSOE por Sevilla durante cuatro años, entre 2004 y 2008. Tras abandonar la Cámara Baja, pasó a formar parte del Consejo de Administración de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) por el grupo socialista, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente y de presidente en funciones.

El proyecto Saving

Como avanzó este diario en 2020, el proyecto Saving ('ahorro', en inglés) tenía relación con una operación financiera que habría costado una importante suma de dinero a los accionistas mayoritarios del fabricante de detergentes, la familia Moya-Yoldi. En concreto, estos habrían concedido en 2007 un crédito con opción de compra de acciones a Martinsa por una cantidad aproximada de 72 millones de euros. La inversión fue aconsejada supuestamente por Ahorro Corporación, pero los primeros problemas llegaron solo un año después, cuando la constructora se declaró en concurso voluntario de acreedores.

Los Moya-Yoldi se sintieron estafados. Todavía más cuando, en el año 2010, se ejecutó su adquisición de participaciones de Martinsa, pero descubrieron que el crédito por importe de 72 millones de euros no había sido incluido en el informe del administrador concursal, según recogen documentos que forman parte del sumario de la pieza separada, a la que tuvo acceso El Confidencial. Fernando Martín también negó en ese momento haber contraído esa deuda con los propietarios de Persán.

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Un año después, en 2011, se puso entonces en marcha el proyecto Saving y se dividió en tres fases distintas: "En primer término, se atendía a la recuperación del estatus jurídico de José Moya; en segundo lugar, se atendía a que se dispusiese de capacidad negociadora para beneficiar los intereses de José Moya, y por último, cobrar y/o dejar de aparecer como deudor ante la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) en razón a una suma importante de dinero, cifrada en 1000 millones euros".

En 2020, el magistrado también imputó por estos hechos a uno de los directivos de Persán, Raúl Jara Lorenzo, pero, en el auto notificado este miércoles, acuerda el sobreseimiento de la causa para él porque no existen indicios suficientes. "Los intervinientes en los delitos se encuentran lo suficientemente acotados como para concluir que el fallecido José Moya Sanabria, inducido por Francisco Rodríguez Martín, habría contratado al Grupo Cenyt la realización del proyecto Saving, lo que se habría ejecutado y cobrado por José Manuel Villarejo Pérez y Rafael Redondo Rodríguez, sin que sea dable ampliar el campo de sujetos", concluye García-Castellón.