Fernando Martín, al banquillo con 80 M de fianza por el pelotazo de Gürtel en Arganda

El expresidente de la constructora Martinsa Fernando Martín tendrá que sentarse en el banquillo por la pieza del caso Gürtel sobre Arganda del Rey. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral contra 21 personas y ocho empresas, entre quienes se encuentran el empresario Fernando Martín, el cabecilla de la trama Francisco Correa, su mano derecha Pablo Crespo y la sociedad Martinsa como persona jurídica. El magistrado impone además fianzas de casi 80 millones de euros a Correa, Crespo y Fernando Martín, a los que considera piezas fundamentales en las adjudicaciones irregulares de la localidad madrileña.

De la Mata abarca para ello el periodo que va desde 1998 hasta 2009, en el que la trama se habría dedicado a "enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la citada localidad". También destaca cómo Correa y Crespo "corrompieron" a todo tipo de funcionarios "con sus promesas y dádivas, hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal". Los hechos serían constitutivos, según la resolución judicial, de los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho pasivo, falsedad en documento mercantil, cohecho activo contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.

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En cuanto a las fianzas, el juez explica que su objetivo es asegurar el pago de "las eventuales multas y responsabilidades civiles", imponiendo así cifras de alrededor de 80 millones para seis de los acusados: 78 para Correa, 78 para Crespo, 79 para Fernando Martín, 75 para el asesor fiscal Ramón Blanco, 75 para el constructor Manuel Salinas y 80 para el empresario aragonés Amando Mayo. En el caso de que no procedan al abono de las mismas, De la Mata recuerda en su auto la posibilidad de decretar "el embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar dichas responsabilidades".

En el banquillo se sentarán también el exalcalde de Arganda Ginés López, el que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, su hermano Joaquín y la exdiputada madrileña María Josefa Aguado. Según sostiene el juez, los cabecillas de la trama "sobornaron a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública", logrando así "captar los proyectos de las administraciones públicas donde contaban con personas afines" para presentar sus empresas "a los concursos previamente concertados".

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Entre los negocios investigados, destaca el pelotazo de la constructora Martinsa en la UE-124, una gran parcela de 158.000 metros cuadrados que pertenecía al Ayuntamiento de Arganda y cuya adjudicación fue supuestamente manipulada por Correa. El magistrado explica en el auto que Correa, Crespo y Blanco habrían convenido con Ginés López y Benjamín Martín Vasco el cobro de una comisión de 25 millones para que el contrato fuera entregado a Martinsa, pago del que se sospecha que se encargaron Fernando Martín, Manuel Salinas y Amando Mayo.

"Con el fin de poder adjudicar las parcelas integradas en la UE 124 a la empresa preseleccionada, se tramitó formalmente el correspondiente expediente de contratación de forma que la operación apareciera como de dudosa rentabilidad para los eventuales licitadores, conociendo los investigados que, una vez adjudicado, se procedería a modificar las condiciones de la venta, especialmente en lo referido al número de viviendas a construir", explica el magistrado.

La investigación ha revelado que esta comisión se habría abonado en dos pagos de 12 y 12,8 millones entre 2004 y 2006 en cuentas que Correa tenía en Mónaco y en Suiza, así como con un tercer pago de 130.000 euros transferido directamente a Blanco Balín en una cuenta abierta en el país helvético a nombre de una sociedad panameña. Una vez efectuadas las transferencias, la comisión se distribuyó presuntamente entre algunas personas que habían actuado de intermediarias a favor de Martinsa, entre ellas Correa, Blanco Balín, López y Martín Vasco.