El presidente que se inmoló por la Justicia: "No se ha arrepentido ni un solo día"

El mandato de Carlos Lesmes llegó a su fin, hace ahora casi un año, casi nueve años después de que fuera designado presidente del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y acabó por decisión propia. Harto de confiar en un acuerdo entre el PP y el PSOE para que el órgano que presidía fuera renovado, harto de actuar como maestro de ceremonias del acto de apertura del año judicial cuando sentía que ya no debía hacerlo, harto de advertir del deterioro de la institución y ver cómo avanzaba imparable, sobre todo, harto de escuchar "ahora sí", "ya está casi cerrado", "espera solo unos meses", Lesmes lanzó un ultimátum en septiembre de 2023 y cumplió su palabra tras comprobar que las excusas de los partidos continuaban pese a todo.

Se marchó y lo hizo con la esperanza de que su salida serviría de revulsivo. Se equivocó. "No se ha arrepentido, a pesar de todo, ni un solo día", aseguran los que le tratan ahora a diario en el Tribunal Supremo. Tras marcharse, regresó a Sala Tercera del TS, la misma a la que llegó en 2010. Volvió —cuentan— a recuperar el placer de poner sentencias, de ser de nuevo anónimo y de abandonar la trinchera del Consejo, donde cada día se convierte en una negociación y cada semana en un tira y afloja.

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La falta de arrepentimiento de la que hablan sus compañeros se debe a su convicción de que continuar en el cargo equivalía a ser cómplice de una situación que le parecía entonces ya insostenible. Casi 12 meses después, la desolación de que habló Francisco Marín esta pasada semana, el magistrado que le ha sustituido de forma interina a los mandos del Supremo, ha ido avanzando en el alto tribunal. El bloqueo y la desesperada situación parecen, además, no importar a nadie.

Aquellos que le tratan aseguran que, gracias a su familia, nunca perdió el sentido de la realidad, de lo cotidiano y lo más importante. Su mujer, enfermera de profesión, no tiene vínculo alguno con la Justicia. Tiene cinco hijos y es ahora un abuelo orgulloso. Su devoción por los suyos se combina con sus profundas convicciones religiosas. En muchas ocasiones ha bromeado que este último factor. "Conservador y encima católico... lo que faltaba!", se reía.

En esta última etapa en la Sala Tercera volvió a saltar a los titulares por su decisión de aceptar apartarse de la deliberación sobre los recursos que se presentaron contra la decisión del Gobierno de conceder los indultos a nueve de los condenados por la causa del procés, incluido el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. Los afectados habían reclamado su recusación al considerar que sus declaraciones sobre la gracia afectaban a su imparcialidad. Los había tachado como algo "difícil de aceptar".

Austeridad

Su decisión de abandonar el cargo puso punto y final a una etapa con claros y oscuros, excepcionalmente larga y marcada por la última fase de crisis y bloqueo. Llegó al cargo en diciembre de 2013, tras la precipitada salida de Carlos Dívar, que cesó de forma anticipada tras verse envuelto en el pago a cargo de la institución de fines de semana de placer. Dispuesto a limpiar el nombre del órgano, impuso una austeridad sin precedentes que se aplicó a sí mismo y a toda la institución. Incidió en la absoluta transparencia en lo que se refiere al presupuesto del Consejo que, desde su llegada, publica todos los gastos de los desplazamientos oficiales realizados, así como las declaraciones de bienes de los altos cargos.

Lesmes arrancó su mandato con un Consejo con nuevas normas. Una reforma de una parte de la Ley Orgánica del Poder Judicial creó la conocida como Comisión Permanente, que agrupa a siete de los 20 vocales del órgano —cuatro del turno judicial y tres juristas— más el presidente. Solo esas personas, que se renovaban cada año, tenían hasta el momento dedicación exclusiva y potenciaron, aseguran algunos de los consultados, un sistema más presidencialista. Otros, sin embargo, defienden el modelo.

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Los primeros aseguran que el pleno perdió competencias y se propició una concentración de poder en detrimento de los vocales. Desapareció la figura del portavoz, lo que invisibilizó al Consejo en algunos de los momentos más duros para la judicatura, que en esos años convocó huelgas o se encontró en el centro de polémicas como la reacción social tras la sentencia de la Manada.

Pese a todo, los ocho años han pasado en silencio y sin grandes alborotos salvo, claro, la traca final. Los que le defienden aseguran que sobre todo y frente a todo es "un servidor público y un patriota". Entre las luces de su mandato destaca la forma en que se abordó el juicio del procés, una vista oral histórica y muy delicada que se prolongó durante meses y con la que se estrenó un hito de transparencia. Todas las sesiones se emitieron en directo para toda la ciudadanía.

Las sombras

También ha habido sombras. El Consejo ha protagonizado desavenencias sonadas con el poder ejecutivo. Desde el agarrón con el ministro Rafael Catalá por unas declaraciones públicas sobre uno de los jueces de la Manada hasta las continuas advertencias a Pablo Iglesias por distintos comentarios en su fase como vicepresidente. La delicada relación con el Gobierno acabó de enconarse después de que el Ejecutivo limitara al máximo sus funciones y prohibiera al Consejo hacer nombramientos.

Uno de los episodios más tensos fue el conocido como caso hipotecas. En aquella ocasión, pidió perdón "a los ciudadanos" en declaraciones públicas por la "deficiente" gestión del cambio de jurisprudencia sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados y reconoció que había provocado "un daño y una desconfianza" en el Supremo que creía que el tribunal no merecía.