Lesmes renuncia a una indemnización de 232.000 € al volver a su plaza en el Supremo

El dimitido presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, renunciará a cobrar la indemnización regulada por ley que le corresponde por la responsabilidad que ha desempeñado durante casi nueve años. La cantidad que no se embolsará tras decidir regresar a la plaza del Supremo que abandonó cuando fue designado es de 232.577,824 euros. Según especifica la norma que regula los pagos que reciben altos cargos del Estado, tiene derecho a ingresar un 80% de su actual retribución anual durante un plazo máximo de dos años si se mantuviera inactivo.

La retribución anual de Lesmes aparece reflejada en el portal de transparencia del Consejo, que también se hace eco de la citada indemnización. En el apartado sobre el régimen retributivo para el año 2022 aplicable a los altos cargos según lo previsto en los presupuestos generales del Estado en vigor, se indica que la presidencia del CGPJ tiene asignada una retribución total anual de 145.361,14 euros, repartidos entre el sueldo y otras retribuciones en función de complementos como el de destino y antigüedad. El 80% al año son 116.288,91, un total de 9.690,74 euros mensuales.

En el Consejo General del Poder Judicial solo existe una indemnización por abandono de cargo y es precisamente la que corresponde al presidente. Este tipo de remuneración se regula en la Ley 74/1980 en la que se fijaron este tipo de indemnizaciones. Además de los miembros del Gobierno que abandonan sus puestos, tienen derecho a cobrarlas otros cargos como los secretarios y secretarias de Estado, el responsable de la Fiscalía General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores o el jefe de la Casa del Rey.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial puede así percibir, a partir del mes siguiente al que se produzca su cese en el cargo y durante un plazo máximo de 24 mensualidades, si han superado ese tiempo de ejercicio, una pensión indemnizatoria mensual igual a la doceava parte del 80% del total de retribuciones asignadas al cargo respectivo en el presupuesto en vigor durante el plazo indicado.

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Solo es aplicable hasta que los cargos que cesen desarrollen nuevas funciones laborales. La decisión de Lesmes de pasar de forma automática de su actual cargo a la Sala Tercera del Tribunal Supremo provoca que no perciba la retribución ni siquiera de forma parcial. Volverá a ser magistrado raso y se incorporará a su plaza en Contencioso-Administrativo en el mismo momento en que se haga efectiva la dimisión, a través de la publicación del cese en el Boletín Oficial del Estado.

Este lunes, Lesmes comunicó de forma oficial a Felipe VI su voluntad de cesar "en las funciones que le corresponden legalmente, sin esperar a la fecha de conclusión del mandato del Consejo". En el mensaje remitido, añade que una vez acordado el cese por el Rey mediante real decreto refrendado por el presidente del Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado, debe activarse "el mecanismo de sustitución del presidente previsto en la ley". La misma carta también ha sido trasladada al presidente del Gobierno a través del Ministerio de Justicia y a los presidentes del Congreso y el Senado. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del TS fueron informados en sendas reuniones celebradas a lo largo de la jornada.

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La vuelta de Lesmes al Supremo implicará además aplazar un problema inminente en el tribunal, cuyas vacantes se multiplican a consecuencia de la prohibición de realizar nombramientos que pesa sobre el Consejo tras la reforma que impulsó el Gobierno. Él mismo explicó en su discurso de despedida, difundido a última hora de la tarde del domingo, que regresará de forma inmediata al servicio activo en la carrera judicial y servirá en el Tribunal Supremo como magistrado durante los próximos años.

Quiere con ello "paliar mínimamente, con mi modesta aportación, los graves perjuicios que se están produciendo". "La reincorporación a mi destino permitirá que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, tras la próxima jubilación de uno de sus magistrados, mantenga, al menos por un tiempo, el mínimo imprescindible de integrantes para poder constituir sus secciones de enjuiciamiento", dijo. Se refería a la jubilación el próximo diciembre del magistrado Octavio Herrero, cuya ausencia habría provocado el problema que señaló.

Resaca en el Consejo

El CGPJ vivía este lunes la resaca del anuncio. Las primeras horas transcurrieron de forma paralela a la reunión que celebraron en la Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los vocales, descabezados, parecían contener el aliento a la espera de acontecimientos. Solo hubo un movimiento a lo largo de la jornada que evidencia que los primeros pasos del Consejo sin el presidente arrancarán desde la discrepancia.

El bloque progresista del Consejo General del Poder Judicial evidenció que va a presentar batalla en torno a la sustitución de Lesmes. El magistrado y su gabinete técnico llevan semanas defendiendo que la presidencia del Supremo y del órgano de gobierno de los jueces debe pasar de forma "automática" al presidente de la Sala Primera del Supremo, Francisco Marín, pero seis de los vocales han logrado incluir un nuevo punto en el pleno que va a celebrarse el próximo 13 de octubre: "Valoración —y, en su caso, decisiones que legalmente procedan— del pleno tras el cese del presidente del Consejo General del Poder Judicial".

Con esta fórmula abierta indican que consideran que el presidente sustituto debe ser elegido por los vocales y que rechazan asumir un recambio automático que deje la presidencia en manos de Marín. El grupo sostiene que, al menos de momento, la vacante debería quedar cubierta por el vocal de más edad, que es el progresista y miembro de Juezas y Jueces para la Democracia Rafael Mozo.

Precisamente esta asociación de jueces se pronunció de forma contundente en contra de la continuidad de los vocales. "Esperamos por ello que el resto de los vocales de un órgano constitucional y democrático, como es el CGPJ, dimitan inmediatamente de sus cargos para dejar de dañar la imagen y la dignidad tanto de la Justicia como servicio público como de un poder al que no representan y al que hace demasiado tiempo que dejaron de servir", dijeron. Nadie dio, sin embargo, un paso en ese sentido a la espera del curso de las negociaciones que van a iniciar el Ejecutivo y el principal partido de la oposición.