Catalá abre otro frente político a Rajoy con el sorprendente apoyo del PSOE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abierto otro frente político al Gobierno de Mariano Rajoy a costa de la polémica sentencia de La Manada. Y esta vez con el sorprendente apoyo del PSOE, a través de la portavoz socialista en el Congreso, Margarita Robles.

El ministro descalificó a uno de los magistrados que firmaron la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenó a cinco personas por abusos sexuales. En concreto, en referencia al juez Ricardo González, que redactó un voto particular que insistía en que no había delito porque la víctima disfrutó, el ministro aseguró en la COPE que "todos saben que este juez tiene algún problema singular", argumentando en este sentido que le "sorprende" que el Consejo General del Poder Judicial no haya ejercido su "potestad disciplinaria" contra él.

El Gobierno y el PP decidieron desde el primer momento subirse a la crítica y las movilizaciones contra la sentencia, aparcando la fórmula retórica del respeto a las decisiones judiciales. Fuentes del PP recuerdan lo que ocurrió en las semanas previas a la movilización feminista del 8 de marzo y cómo el PP tuvo que subirse 'a posteriori' a esa ola, tras descalificarla antes. Ahora, el Ejecutivo ha anunciado con energía una nueva reforma del Código Penal como consecuencia de la sentencia, aunque aún esté pendiente de dos posibles recursos.

Pero las palabras de Catalá, que fue reprobado hace un año por todos los partidos salvo el PP, han abierto un nuevo frente, a sumar a otros como el de Cristóbal Montoro y Cataluña, y que le pone frente a profesionales de la Justicia y formaciones políticas. No es habitual que un ministro hable así de un juez. Lo habitual es que los miembros del Ejecutivo recurran a expresiones de respeto a las decisiones judiciales y, por eso, sus declaraciones han terminado por convertir la polémica sobre la sentencia en un enfrentamiento entre poderes del Estado: el ejecutivo que culpa al judicial; el judicial porque rechaza lo que considera una intromisión y una deslegitimación del tribunal, y una parte importante del legislativo que, arremetiendo contra el voto particular del magistrado, cuestiona la actuación del ministro.

Por eso, todas las asociaciones de jueces y magistrados emitieron un duro comunicado que acababa con la petición de dimisión del ministro. A esta crítica a Catalá se unieron Podemos y Ciudadanos, pero la portavoz del PSOE remachó las palabras del ministro para asegurar que "cuando Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice". Robles, magistrada en excedencia, fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre septiembre de 2008 y diciembre de 2013.

Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial asegura con insistencia que no hay causa alguna que justifique haber apartado al magistrado antes del polémico juicio. "En el actual mandato del CGPJ —es decir, en los últimos cuatro años— no se ha incoado ningún expediente disciplinario contra él. De haber existido actuaciones disciplinarias anteriores a lo largo de sus 32 años de carrera, los antecedentes estarían cancelados, según lo dispuesto por el artículo 427 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", aseguró esta institución.

El Consejo, que salió a responder con contundencia a Catalá, está presidido por Carlos Lesmes, quien tiene una magnífica relación política y personal con el Gobierno y con el ministro de Justicia.

Juan Manuel Fernández, vocal del Poder Judicial y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, aseguró que "no hay ningún motivo" para que el Consejo actuara contra él en este procedimiento. Y José María Macías, vocal del Consejo, dijo estar perplejo con las palabras del ministro, pidió que las aclare y aseguró que no le consta que el juez discrepante de la sentencia de La Manada tenga "algún problema singular".

Posteriormente, el Consejo volvió a aclarar tajante que "en el actual mandato del CGPJ", no ha tenido entrada en el Servicio de Inspección ninguna comunicación de la Audiencia Provincial de Navarra solicitando “seguimientos e inspecciones” en relación a la actuación profesional del magistrado Ricardo González. Además, en la petición de visitas presenciales para el año 2017 que realizó la presidencia del TSJ de Navarra, no figuraba ninguna petición de visita de inspección a la Sección Segunda de la AP de Navarra. En el listado de peticiones para 2018 sí figuran tanto la Sección Segunda como la Sección Tercera de la AP de Navarra, sin indicación de motivo extraordinario para la visita. Tampoco consta que el Promotor de la Acción Disciplinaria haya recibido en este tiempo "ninguna petición de los órganos gubernativos de Navarra en relación con el magistrado".

Es decir, ni el ministro, ni el PSOE, ni el Poder Judicial dieron dato alguno para explicar a qué se refiere lo del "problema singular" para apartar al juez del caso.

El enfrentamiento del Ministerio de Justicia con jueces y fiscales se produce justo en el momento en que todas las asociaciones de ambas carreras mantienen un calendario de paros y movilizaciones contra el Gobierno, con duros comunicados previos contra el Ejecutivo.

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José Mari Alonso. Pamplona

Fuentes próximas al ministro aseguran a El Confidencial que "no pidió su incapacitación, solo que el consejo adopte medidas para evitar situaciones extraordinarias".

Añaden que Catalá "habló de la independencia y calidad del poder judicial, de que la sentencia se puede recurrir y eso son garantías, de que hay que revisar la redacción del Código Penal, porque en esta materia la sociedad española ha cambiado y la tolerancia es cero. Y además de todo eso, dijo que el Consejo tiene que asegurar que todos los jueces tienen las capacidades necesarias para hacer bien su trabajo. Y en un caso puntual, con todo el respeto personal, habría que haber tomado medidas. Y que eso lo saben en Pamplona sus compañeros y mucha gente. No se pueden tapar los problemas sino resolverlos, y no ha dicho nada de expedientes disciplinarios ni incapacidades".

En el frente político, el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, dijo desconocer a qué se refería el ministro de Justicia.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra, pidió la dimisión del ministro de Justicia, al considerar que se ha "inmiscuido en el poder judicial" con sus críticas al juez. "Catalá es un ministro que ya está reprobado por el Congreso, y que tendría que haber dimitido hace mucho tiempo por proteger a sus amigos corruptos y nombrar a un fiscal anticorrupción que básicamente lo que hacía era cometer corrupción", dijo Belarra.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, aseguró que las palabras de Catalá demuestran "poco respeto por la separación de poderes" y suponen "señalar" a un juez.

El PDeCAT pidió la comparecencia del ministro en el Congreso de los Diputados. Es decir, sólo el PSOE apoya a Catalá.