La 'condena' del juez Ricardo González: una depresión hace 11 años y multas por retrasos
Ricardo González, el magistrado que apoyó la absolución de La Manada en un polémico voto particular, ha sido sancionado en cuatro ocasiones por los retrasos en sus resoluciones
En la Audiencia de Navarra, de puertas para adentro, nadie dudaba de que el magistrado Ricardo González apostaría por la absolución de los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años de Madrid durante los Sanfermines de 2016. Sus actuaciones le delataban, no solo por las tres veces en que en distintos momentos del proceso judicial, incluso después del juicio, se mostró favorable a la excarcelación provisional de los integrantes de La Manada en contra del criterio de sus dos compañeros, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo, y Raquel Fernandino. Su actitud en el juicio no dejaba lugar a dudas.
En las 11 jornadas del juicio, celebrado en noviembre del pasado año, González solo tomó la palabra en una ocasión. Lo hizo para interpelar a la joven por “tres o cuatro precisiones” que, ya con el enunciado de las mismas, parecían arrojar tinta para redactar la sentencia condenatoria. ¿De qué forma, ya sea gestual, verbal o de otra índole, podrían saber los acusados que no eran relaciones sexuales consentidas?”, vino a insistir en dos ocasiones a la denunciante después de que hubiera declarado que entró en estado de 'shock', cerró los ojos y que lo único que deseaba es que todo pasara cuanto antes. “No valoro nada, quiero simplemente puntualizar, desde mi punto de vista, extremos que pudieran ser relevantes en su caso”, se justificó ante el sentido de su intervención, donde ya dejó claro a la víctima que la denuncia de que fue violada era solo “la percepción” de ella. “En cualquier caso, daño, dolor durante ese episodio ha quedado claro que no sintió usted”, zanjó su interrogatorio. Su veredicto ya estaba escrito.
"En cualquier caso, daño, dolor durante ese episodio ha quedado claro que no sintió usted", interpeló el magistrado a la víctima durante el juicio
El sentido de su voto particular no ha sorprendido dentro de la Audiencia Provincial, pero sí, y mucho, el contenido. Sus palabras, sus expresiones, sus argumentaciones, muchas veces fundamentadas en esas percepciones que reprochó a la víctima —interpreta los vídeos grabados por dos de los acusados como “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”, entre otras afirmaciones—, han causado gran asombro, cuando no estupor. “No es de recibo”, apuntan fuentes judiciales “Él ya tenía decidido desde el principio que eran inocentes”, sostiene un magistrado que le conoce.
Su polémico veredicto particular se proyecta en 237 páginas, más de un centenar por encima de la sentencia que condena a los cinco acusados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, que cuenta con 134, algo de por sí “inaudito”, según señalan fuentes judiciales. Ha habido solicitudes para exigir su cese por el contenido de su voto particular, pero tampoco han faltado apoyos desde el ámbito judicial a su "labor" e “independencia”, con críticas a las “desmedidas” reacciones surgidas desde todos los ámbitos hacia su persona.
También le ha puesto en la diana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con sus palabras de que “todos saben que este juez tiene un problema singular”, sin aportar mayor aclaración, para defender que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería haber actuado “preventivamente” contra él. Del estupor por unas palabras (escritas) se ha pasado a la estupefacción por unas palabras (verbales), con unanimidad en la petición de “inmediata dimisión” del ministro desde las asociaciones de jueces y fiscales. Son, según denuncian, “insinuaciones sin fundamentar” que han sembrado de dudas la capacidad de González para impartir justicia.
En lo que no existen dudas es que su currículo está manchado con cuatro sanciones por los retrasos en sus resoluciones entre finales de los años noventa y principios de este siglo, cuando González ejercía como magistrado en el Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Por ejemplo, una de las sanciones obedece a una demora de más de dos años en dictar una sentencia en un proceso abierto por divorcio. En su conjunto, las sanciones impuestas, según las sentencias del Tribunal Supremo, sobrepasaron las 350.000 pesetas de multa. Además, una de ellas conllevó la suspensión por seis meses por una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos.
Una de las sanciones impuestas a González se debe a una demora de más de dos años en dictar una sentencia en un proceso abierto por divorcio
Porque la principal 'condena' dentro del juicio al que está sometido este magistrado es por su excesiva dilación a la hora de dictar sentencia sea cual sea la dimensión del caso. “Sus retrasos son injustificables”, apuntan fuentes judiciales. Sobre todo, se ve “inaceptable” la demora en redactar el voto particular en el caso de La Manada, mucho más largo que la propia sentencia condenatoria, habida cuenta de que los acusados llevan en prisión provisional desde julio de 2016. Pero sobre él no solo cae el veredicto de la desmesurada dilación, ya que también se pone en cuestión el contenido de alguna sentencia “cuando menos extraña”. “Hay resoluciones de él que no tienen un pase”, afirma un juez. Por el contrario, en el otro lado de la balanza, hay compañeros que ponen en valor sus “muy buenas resoluciones”.
González llegó a permanecer tiempo atrás más de un año de baja laboral, al parecer, por depresión. En 2008 se volvió a incorporar a su puesto y posteriormente ha sufrido alguna recaída, según apuntan compañeros de la Audiencia Provincial, que ponen de manifiesto que la Sección Segunda, la competente en los casos de violencia de género, soporta una elevada carga de trabajo. Las palabras de Catalá han dado lugar a mucha rumorología en torno al magistrado, sobre su capacidad profesional, si bien a este respecto fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) replican de forma contundente que no han recibido ninguna queja sobre la labor de González. “Es un juez absolutamente normal”, aseveran.
Existe división de opiniones sobre el magistrado: algunos compañeros no le tienen en “buena estima" y otros defienden que es un juez "muy inteligente"
Nacido en Madrid en 1960, casado y con dos hijos, González acumula 32 años de carrera. Su trayectoria profesional, iniciada en 1986, le ha llevado por la Comunidad Valenciana, Castilla y León, el País Vasco y Navarra, adonde llegó en 2001 para ejercer como magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra. La Comunidad Foral es el destino de dos hermanos que también decidieron seguir el camino judicial dentro de una familia con gran tradición en el mundo de la judicatura: uno en el Juzgado de Primera Instancia de Pamplona y otro en el Juzgado de lo Social número 3.
Quienes le conocen hablan de un carácter hermético, dado a pocas palabras. “Ante todo, es muy discreto”, aseguran. Además, es reacio a hablar de los casos que lleva con otros magistrados. A nivel profesional, hay división de opiniones, entre quienes dicen que algunos compañeros no le tienen en “buena estima” y los que dicen que “es un magistrado muy inteligente”.
Como magistrado de la Sección Segunda, ha tenido entre sus manos muchos casos relacionados con violencia machista. Pero nada que ver con el de La Manada, tanto por su dimensión y repercusión como por la peculiaridad en relación a otras denuncias de agresión sexual, derivada de la existencia de un medio de prueba documental, en este caso los siete vídeos y las dos fotografías tomadas por dos de los acusados durante los hechos. No es habitual que exista en estos casos la posibilidad de contar con otras pruebas, más allá de las declaraciones de las diferentes partes para acreditar el delito. Lo que era una prueba de cargo se ha convertido, a ojos de González, en prueba de descargo. Donde los peritos de la Policía Foral ven “humillaciones y vejaciones” hacia la joven, este magistrado ve en la víctima una “innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión” y sin evidenciar “asco, repugnancia, rechazo, negativa, desazón o incomodidad”. González no aprecia que este estado de 'shock' al que aludió la víctima durante su declaración sea “de tal intensidad que la tenga paralizada o sometida”.
En la Audiencia de Navarra, de puertas para adentro, nadie dudaba de que el magistrado Ricardo González apostaría por la absolución de los cinco jóvenes sevillanos acusados de violar a una chica de 18 años de Madrid durante los Sanfermines de 2016. Sus actuaciones le delataban, no solo por las tres veces en que en distintos momentos del proceso judicial, incluso después del juicio, se mostró favorable a la excarcelación provisional de los integrantes de La Manada en contra del criterio de sus dos compañeros, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo, y Raquel Fernandino. Su actitud en el juicio no dejaba lugar a dudas.
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