La ley brinda a Rubiales dos vías de recurso en los tribunales si le cesa el Gobierno

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales aguarda los pasos del Gobierno en torno a su suspensión consciente de que la ley le brinda todavía dos vías de recurso ante la Justicia ordinaria en caso de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) decrete su cese a instancias del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Le asiste la vía contencioso-administrativa, que le abocaría a un proceso largo en el tiempo, pero que en ocasiones ha dado resultados. La última parada, en caso de que agotase todas las vías, es el Tribunal Supremo. Antes, tiene la opción de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La estrategia diseñada por el Gobierno pasa por la presentación de una denuncia ante el TAD. Es la máxima instancia en materia deportiva y la Ley del Deporte le da competencias para inhabilitar a Rubiales. El Gobierno, por medio del CSD, presentó esa denuncia el viernes, apenas unas horas después de la comparecencia en la que el presidente de la RFEF anunció que no iba a dimitir, pese a filtrar a los medios su renuncia. El CSD le acusa de dos faltas "muy graves" por haber incurrido en un abuso de autoridad al besar a Jennifer Hermoso y por atentar contra el decoro deportivo al llevarse la mano a los genitales en el palco de autoridades.

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En caso de que el TAD aceptase abrir un expediente por una falta muy grave, el CSD estaría facultado para convocar en un plazo de dos días su comisión directiva y suspender cautelarmente a Rubiales. Mientras tanto, el TAD tendría que seguir la tramitación de su expediente, pero ya con el presidente apartado. Los planes del Gobierno pasaban por haber concluido este proceso durante este miércoles, pero los juristas del TAD manejan otros tiempos. No tienen plazo para resolver y llevan deliberando desde el lunes. Su tardanza demuestra que no lo tienen tan claro como el Gobierno y de hecho pidieron documentación adicional.

El presidente del CSD es Víctor Francos y el viernes advirtió contra el riesgo de incurrir en prisas, ya que eso puede brindar a Rubiales argumentos para sus más que previsibles recursos en los tribunales si es suspendido. En la vía contencioso-administrativa, muchos de los pleitos giran en torno a motivos formales. El Gobierno tiene un precedente cercano incómodo, como fue el cese del teniente coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por no informar a sus superiores políticos de una investigación judicializada que afectaba al PSOE. El mando recurrió, agotó todas las vías y el Supremo le dio la razón, por lo que el Ministerio del Interior tuvo que restituirle en su puesto.

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Esta vía podría resultar inútil para Rubiales si la FIFA confirma la suspensión provisional, por la que de momento le ha apartado de sus funciones durante tres meses. Si no se produce este escenarios y Rubiales fuese cesado por la vía sancionadora del Gobierno, se le abre la puerta de los tribunales ordinarios, que es la misma que agotó su predecesor en el cargo, Ángel María Villar. El que fuera máximo responsable del fútbol español durante 29 años fue detenido en el marco de la operación Soulé, una investigación sobre corrupción dirigida por la Audiencia Nacional que aún no ha concluido.

Villar fue detenido en 2017 e ingresó en prisión preventiva. La Comisión Directiva del CSD le suspendió cautelarmente de su cargo a los pocos días apelando a los estatutos de la propia RFEF. Aquella suspensión, adoptada por unanimidad, se decidió un día después de que el TAD le abriese un expediente. Villar ya nunca más volvió al cargo, a pesar de que recurrió su cese en la Justicia ordinaria. El artículo que se usó con Villar, el 31.7, sigue vigente en los estatutos. Dice que "en supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa que impida transitoriamente desempeñar sus funciones, el presidente será sustituido".

La sentencia del caso Villar

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el 23 de junio de 2022 a la que tuvo acceso El Confidencial, hizo firme la inhabilitación de Villar. Desestimó así el recurso que presentó el dirigente contra la primera opción, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Confirmar la resolución por la que en 2017 se le destituyó por haber cometido una infracción calificada de "muy grave".

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En concreto, la resolución administrativa consideraba que Villar, tras cesar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y pasar a ser presidente de la Comisión Gestora —sin cesar en la misma—, llevó a cabo numerosas actividades dirigidas a publicitar y promover su condición de candidato a la presidencia de la Federación y dirigidas a captar el apoyo para su candidatura.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al analizar el asunto en su sentencia, concluyó que Villar sí era culpable, al considerar evidente que el hecho de ocupar la presidencia de la Comisión Gestora de la RFEF le obligaba a guardar "estricto y escrupuloso deber de neutralidad durante el procedimiento electoral" y que, pese a ello, de la documentación aportada "queda constancia que simultaneó su cargo de presidente de la Comisión Gestora con una verdadera campaña con vistas a su reelección como presidente de la RFEF".

Una vez que el Supremo desestimó el recurso de Villar, la sentencia del TSJ madrileño pasó a ser firme y, por ende, se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), que terminó inhabilitando a Villar en diciembre de 2017. Pasaron cinco años, pero se terminó confirmando.