¿Quién agita el árbol? La nueva Ley del Deporte no podía influir en el caso Negreira ni queriendo

"Tengo ganas de enfrentarme a todos los sinvergüenzas que están manchando nuestro escudo", dijo el presidente del FC Barcelona en referencia al caso Negreira. Un Joan Laporta que el próximo lunes dará por fin explicaciones, después de todo este tiempo haciéndose permanentemente la víctima de una trama de la que participó. "Algunos, motivados por la envidia, intentan erosionar nuestra reputación con campañas hechas desde la mala fe", añadió el mismo Laporta, aunque sin concretar a quién se refería, algo que probablemente haga en su esperada comparecencia, donde serán muchas las preguntas, alguna a buen seguro buscando chivos expiatorios.

El pasado 17 de febrero, el Consejo Superior de Deportes (CSD) hizo pública una nota en la que, en contra de lo que se recogía en algunas 'informaciones', aclaraba que "la nueva Ley del Deporte NO ha influido en ningún sentido en el caso Negreira". Sin embargo, casi dos meses después, ya sea en un intento por desacreditar al Gobierno desde el punto de vista político o cobrarse alguna deuda pendiente desde el deportivo, hay quien sigue afirmando que desde el CSD se "impulsó una Ley de Deporte que pudo acabar con la prescripción del caso", algo que no es cierto, por más que así se hubiera pretendido.

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Fuentes del CSD consultadas por este diario insisten en que "el artículo 112 de la nueva Ley del Deporte 39/2022 que recoge los plazos de prescripción de las infracciones muy graves, graves y leves NO se encuentra en vigor, toda vez que la disposición transitoria tercera de la nueva Ley del Deporte 39/2022 establece que el régimen disciplinario y sancionador no entrará en vigor hasta que se produzca el desarrollo reglamentario de la ley".

Como quiera que el mencionado artículo 112 forma parte del régimen sancionador y disciplinario, desde el CSD explican que "sigue rigiendo en este caso la Ley del Deporte de 1990 y el Real Decreto 1591/1992". "La Ley de 1990 establece en su artículo 80 un plazo de prescripción de 3 años para las infracciones muy graves. El RD 1591/1992 establece en su artículo 29 el mismo plazo de 3 años. Por tanto, el plazo aplicable sería de 3 años y ya habría transcurrido, puesto que los hechos se remontan a 2018", añaden.

"El artículo 112 de la nueva Ley que recoge los plazos de prescripción de las infracciones muy graves, graves y leves NO se encuentra en vigor"

Por si esto no fuera suficiente, en el organismo que preside José Manuel Franco vuelven a recordar que "en todo caso, que el plazo de prescripción de las infracciones muy graves NO ha variado de la Ley 10/1990 a la Ley 39/2022. Por tanto, el plazo de la nueva Ley del Deporte no es el aplicable a este caso (artículo 112), aunque es el mismo que el previsto en la Ley de 1990 (artículo 80)".

Pero hay más, pues, como explican las mismas fuentes del CSD, "en cualquier caso, aunque el plazo de prescripción de las infracciones muy graves se hubiera ampliado, tampoco se aplicaría en este caso, de acuerdo con el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables". Es decir, todo lo contrario de lo que está sucediendo con la llamada ‘ley del solo sí es sí’, pues, según el artículo 2.2 del Código Penal, "tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena".

El plazo es el mismo que estaba

Por último, se puntualiza y explica que "es cierto que sí se han modificado los plazos de las infracciones leves y graves. La modificación de esos plazos de prescripción de las infracciones leves y graves se debe a adecuar esos plazos al régimen general del sector público (Ley 40/2015), ya que en la Ley de 1990 eran plazos inferiores y se han subido. El plazo de prescripción de las infracciones muy graves (3 años) no se ha modificado de la Ley de 1990 a la nueva Ley de 2022 y se ha mantenido porque ya estaba equiparado al plazo existente en el régimen general del sector público (3 años)".

Cabe recordar que la prescripción de las infracciones en vía administrativa son de tres años las muy graves, un año las graves y un mes las leves en la Ley de 1990, mientras que en la de 2022 son de 3 años, 2 años y 6 meses, respectivamente. Sin embargo, y a la espera de las decisiones que pudiera tomar la UEFA en el ámbito estrictamente deportivo, el caso Negreira sigue su curso por vía penal y se antoja que habrá que esperar bastante tiempo para saber qué consecuencias tiene para el FC Barcelona, sin olvidar que al otro lado de la cuerda estaba el Comité Técnico de Árbitros (CTA), del que Enríquez Negreira fue vicepresidente.

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