Cabello, inhabilitado: la doble vara de medir que deja en evidencia al Gobierno con Rubiales

Con el caso Rubiales acaparando toda la actualidad, no solo deportiva y nacional, sino de información general y a nivel internacional, casualmente la semana pasada se conoció que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha sancionado con un año de inhabilitación a David Cabello, el expresidente de la Federación Española de Bádminton (Febsa), por gastar 121.755,09 euros de manera irregular entre 2017 y 2020, año en el que, debido precisamente a las informaciones de este diario, incluida una sobre su condena a seis meses de cárcel por un delito de plagio, se vio obligado a dimitir y no presentarse a la reelección tras 16 años en el cargo.

La Subdirección General de Control Financiero y Deporte Profesional averiguó que David Cabello, quien sorprendentemente sigue siendo miembro del council de la federación internacional de bádminton y, toda una paradoja, del Comité de Gobernanza y Ética de la propia BWF, "cobró dietas de trabajo, nacionales o internacionales, que tenían por objeto retribuir cada día de trabajo en la Federación, siendo las mismas una cantidad independiente de la correspondiente a los gastos de desplazamiento o manutención, toda vez que estos se reembolsan aparte". Vamos, la lacra que tanto daña la imagen de las federaciones deportivas españolas.

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Según puede leerse en la resolución del TAD, "se considera probado que por la asamblea general de la Fesba no se adoptó acuerdo de remuneración del presidente ni se fijó, en consecuencia, cuantía alguna de remuneración a su favor, en los ejercicios 2017 a 2020 (...) Dichas cantidades ascienden a la cuantía de 37.721,79 euros en el ejercicio 2017, 53.675,30 euros en el ejercicio 2018, 27.339 euros en el ejercicio 2019 y 3.019 euros en el ejercicio 2020". En total, los mencionados 121.755,09 euros que la Fesba financió con sus recursos propios, de ahí que no cabría la solicitud de reintegro por parte del CSD, "si bien es su deber velar por la correcta gestión de los fondos de la Federación, independientemente de su procedencia".

Estudian más medidas legales

De este modo, es la propia Fesba, ahora presidida por Andoni Azurmendi, la que ya está estudiando si se debe reclamar ese dinero a David Cabello, toda vez que en la resolución del TAD se deja claro que "habiéndose acreditado tanto la existencia del elemento objetivo como del subjetivo de la infracción tipificada en el artículo 76.2.d) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, los hechos probados han de calificarse como constitutivos de la referida infracción consistente en la incorrecta utilización de fondos privados". Cabe recordar que, a diferencia del fútbol, 121.755,09 euros es mucho dinero para el bádminton español, además del daño reputacional que este tipo de noticias suponen al empañar los éxitos deportivos, el último, la plata de Carolina Marín en el Mundial disputado en Copenhague.

Como curiosidad, pero también un aviso a navegantes, en sus alegaciones, Cabello no duda en apelar a la "responsabilidad de otros cargos federativos", en referencia a "las presuntas deficiencias imputadas a otros cargos distintos del de presidente, sin que conste la incoación de procedimientos sancionadores respecto de los mismos. Parece invocar el Sr. Cabello una suerte de causa de exención de responsabilidad disciplinaria por la sola razón de que no se hayan incoado los referidos procedimientos respecto de quienes ocupan o han ocupado otros cargos federativos distintos del suyo". Lo que se dice querer morir matando, ya que basta que el expresidente de la Fesba alegue esto para que el CSD entre de oficio contra quienes fueron sus directivos y colaboradores más directos.

Andreu Camps, de Cabello a Rubiales

Al igual que sucede en el caso Rubiales, el TAD ostenta competencia para tramitar y resolver expedientes disciplinarios a instancia del CSD y de su comisión directiva, de ahí la responsabilidad del anterior secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, de no haberlo hecho con las numerosas denuncias que recibió al ahora suspendido presidente de la RFEF. Por la FIFA, no por el CSD, aunque ahora su sucesor, Víctor Francos, tenga mucha prisa por inhabilitarle. Parece evidente que desde Moncloa se ha tenido una doble vara de medir con Rubiales y que su protección le está saliendo muy cara, no solo al Gobierno de Pedro Sánchez, sino a la imagen de España a nivel internacional y, por extensión, de cara a organizar el Mundial 2030, pues la FIFA apoya a la candidatura sudamericana.

Según expertos en esta materia tan compleja para los ajenos a la ingeniería jurídica, "lo que debe hacer el CSD es abrir expediente y suspender cautelarmente a Rubiales, tal y como hizo, por ejemplo, con el expresidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela. Sobre todo, porque si no se abre el expediente, la infracción prescribe", algo que seguramente intentarán conseguir los abogados de Rubiales, con dos exmiembros del TAD como Andreu Camps, secretario general de la RFEF, y Tomás González Cueto, del despacho GC Legal, a la cabeza.

"Se puede y se debe abrir expediente a Rubiales", añaden las mismas fuentes, "y si hace falta tomar medidas cautelares, como suspenderle mientras se tramita la querella. Se hizo con Ángel María Villar, a quien por la operación Soule le suspendieron en el CSD, aunque posteriormente el TAD le inhabilitara por otra causa". Es decir, toda la ingeniería jurídica de la que antes hablábamos y que tan bien manejan en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con cargo a la RFEF.

Las denuncias a Rubiales se acumulan

Aunque ni se puede ni se deben comparar estos y otros casos, parece evidente que si a Cabello el TAD le ha inhabilitado durante un año por gastar de manera irregular 121.000 euros de una federación de la que ya no es presidente, a Rubiales podría caerle la sanción máxima, que en el caso de la inhabilitación son 15 años, ya que a la "denuncia propia" que anunció Francos, en la que se le imputan dos infracciones muy graves, atentar contra la dignidad y decoro deportivos, y abuso de autoridad, deberían unirse las cuatro que la Fiscalía ha llevado a la Audiencia Nacional por el beso a Jenni Hermoso y a la que habría que sumar todas las de la Supercopa Files.

Y es que, efectivamente, aunque Rubiales haya caído —aunque aún no del todo— por su comportamiento en la celebración de la Copa del Mundo femenina, mucho antes este diario denunció numerosas presuntas irregularidades. Desde recibir una ayuda de más de 3.000 euros por vivienda que, en teoría, no le correspondía, los contratos suscritos para llevar la Supercopa de España a Arabia con Piqué como intermediario pese a estar en activo aún como jugador, el espionaje denunciado por el presidente de AFE, David Aganzo, presuntamente ordenado por la RFEF, a la famosa fiesta de Salobreña, donde también se incumplió la ley electoral.

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Por cierto, si algo o alguien une a Rubiales y Cabello es la figura de Andreu Camps, el secretario general de la RFEF que estuvo implicado en la mencionada denuncia por plagio, si bien fue absuelto, y es miembro del Tribunal de Apelación de la Federación Internacional de Bádminton. Una BWF, a la que la Fesba informará de la sanción de un año de inhabilitación a su expresidente por si, como parece lógico, considera oportuno apartarle. Es decir, lo que ha hecho la FIFA con Rubiales, antes que el propio Gobierno español, retratado por su doble vara de medir y un proteccionismo al suspendido presidente de la RFEF que algún día explicarán o se sabrá.