El dictamen sobre Puigdemont divide al TC y provoca el enfado del bloque progresista

La vuelta al trabajo del Tribunal Constitucional el próximo septiembre se verá marcada por una nueva polémica: la decisión de la Sala de Vacaciones, por dos votos a uno, de rechazar el intento de Carles Puigdemont de anular la orden de detención nacional contra él. El dictamen de este miércoles ha provocado el enfado del sector progresista, que considera que no era una cuestión urgente y debería haberse esperado al resto de los magistrados. Durante los últimos seis años, todos los recursos relacionados con el procés se habían admitido a trámite por unanimidad para su posterior debate en el pleno, critican fuentes de este sector.

El malestar se ve agravado por el hecho de que la decisión se haya adoptado por una mayoría que, destacan, es coyuntural. El pleno del tribunal está compuesto por siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores desde el pasado enero, pero, en la Sala de Vacaciones, las fuerzas se reparten a favor de estos últimos. De esta manera, la inadmisión del recurso de Puigdemont ha salido adelante con dos votos a favor de los conservadores César Tolosa y Concepción Espejel, y uno en contra de la progresista Laura Díez, quien considera injustificada la "premura" del pronunciamiento.

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La Fiscalía del Tribunal Constitucional ya ha anunciado que recurrirá esta decisión, por lo que el debate terminará por llegar al pleno el próximo septiembre. Según apuntan las fuentes consultadas, en el Ministerio Público tampoco consideran que no concurrían razones de especial urgencia para inadmitir el recurso de Puigdemont: "No es, por tanto, un asunto para que se sustraiga de las decisiones ordinarias del tribunal".

El voto particular

Los dos magistrados conservadores de la Sala de Vacaciones han defendido, por su parte, que el recurso debía resolverse sin esperar al resto de compañeros porque Puigdemont solicitaba que se anulara la orden de detención nacional de forma cautelarísima. Según han concluido, tenían que pronunciarse ya sobre lo que ocurriría ante un hipotético escenario en el que el expresidente catalán pisase suelo español este mismo agosto.

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La oposición del bloque progresista se plasma a su vez en el voto particular emitido por la propia Díez. "A diferencia de la opinión mayoritaria, no considero que la simple solicitud de medidas cautelares por parte de los recurrentes justifique de por sí la necesidad de decidir sobre la admisión de un asunto por parte de la Sección de Vacaciones", critica. "Considero que, además de la solicitud, debe existir urgencia en la toma de decisión sobre estas medidas cautelares de manera que la concesión o no de las mismas pueda hacer perder al amparo su finalidad".

Una vez expuesto este razonamiento, Díez considera que no cabía pronunciarse sobre las órdenes de detención por dos motivos: "En primer lugar, los recurrentes no se encuentran en territorio español, único lugar donde pueden ejecutarse las órdenes decretadas". "En segundo lugar, no puede llegar a producirse una vulneración efectiva de derechos que deban protegerse, puesto que los recurrentes desarrollan sus funciones representativas fuera del territorio nacional".

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Descartada la urgencia, la magistrada se desmarca también de la propia decisión de inadmitir el recurso de Puigdemont, que se agarraba a la supuesta inmunidad parlamentaria de la que goza por ostentar un escaño en el Parlamento Europeo. El Tribunal General de la UE (TGUE) sentenció el pasado 5 de julio que Puigdemont ya no goza de esta especial protección, pero, como la decisión aún es recurrible, Díez considera que sus argumentos deberían haber sido analizados con mayor detenimiento.

"Esta decisión que descarta de plano la inmunidad no es la propia de un trámite de admisión", critica en el voto particular. "Dada la falta de firmeza de la resolución del Tribunal General, en este trámite se debería reconocer la existencia de una posibilidad de vulneración del derecho que justifica la admisión del recurso". "A ello cabe añadir que esta cuestión jurídica no resuelta todavía por el Tribunal Constitucional es un tema que trasciende del caso concreto, al suscitar una cuestión jurídica de relevante y general repercusión".