El PP pide apartar a Campo y Díez de recursos clave en el TC: eutanasia, ley Celaá...

El Grupo Parlamentario Popular ha pedido apartar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional propuestos por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, de los recursos interpuestos contra siete normativas: la ley de la eutanasia, la ley rider, la subida del impuesto de Patrimonio, la reforma educativa de la ley Celaá, el decreto que prohíbe echar a okupas si no hay violencia, la limitación de las funciones del CGPJ y la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. En el caso de Campo, añaden además la reciente reforma con la que el Gobierno trató de acelerar la renovación del propio Constitucional.

Como ya avanzó El Confidencial en diciembre, el hecho de que el Gobierno propusiera al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez como nuevos magistrados del Constitucional implicaba asumir un riesgo: la posibilidad de que tuvieran que abstenerse ante determinados recursos por su trayectoria política. En las últimas semanas, ambos han comunicado ya su paso atrás a la hora de resolver determinados recursos, pero el PP intenta ahora apartarles de otros siete.

TE PUEDE INTERESAR

La magistrada del TC vinculada con la Moncloa se apartará del recurso del 25%

P. Gabilondo

El Grupo Parlamentario Popular apoya la recusacíon de los dos magistrados en dos motivos: por un lado, presentan amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes y, por otro, han ocupado un cargo público o desempeñado un empleo en en el que han participado directa o indirectamente en el objeto del pleito.

Una vez presentadas las recusaciones, la última palabra la tiene el Pleno del Constitucional, compuesto por once magistrados. Desde el pasado 9 de enero, el tribunal cuenta con mayoría progresista y, aunque las recusaciones salieran adelante, los conservadores seguirían en minoría a la hora de resolver los recursos contra estas normativas: si el PP logra su objetivo y Campo y Díez se apartaran de las deliberaciones, el pleno quedaría con cinco progresistas frente a cuatro conservadores.

De forma paralela, Vox también está recusando a magistrados por su "vinculación con el Gobierno". Este martes, el Pleno tuvo que abordar su petición de apartar a Cándido Conde Pumpido y María Luisa Segoviano del recurso contra la reforma laboral, además de a Campo y Díez, quienes ya han decidido abstenerse de forma voluntaria de diversos recursos. Al cuestionar a cuatro de sus 11 miembros, Vox pone en riesgo la posibilidad de alcanzar el mínimo de ocho para resolver el asunto, pero las fuentes consultadas advierten de que sus recusaciones difícilmente prosperarán.

Las abstenciones de Campo y Díez

Tras su toma de posesión como magistrados del Constitucional este mismo enero, Campo y Díez ya han anunciado su paso atrás de cara a diversas deliberaciones. En el caso del exministro, destaca su abstención en los recursos contra decisiones adoptadas por la Mesa del Congreso de los Diputados, pues la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, es su actual pareja: la retirada del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados, la decisión de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del procés cuando él formaba parte del Gobierno...

TE PUEDE INTERESAR

El Senado sube el tono y acusa al anterior TC de "alterar" la Constitución

Iván Gil Beatriz Parera

En cuanto a Díez, la magistrada ha decidido abstenerse de la mencionada normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. En junio de 2022, ella misma avaló esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, el órgano encargado de velar por la adecuación al Estatut y a la Constitución de las leyes de la Generalitat.