El TC rechaza la abstención de una magistrada conservadora ante la ley del aborto
Espejel alegaba que su abstención estaba justificada porque en julio de 2009, cuando ejercía como vocal del CGPJ, participó en el informe sobre el anteproyecto de ley
El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes que la magistrada Concepción Espejel, de corte conservador, se abstenga de la deliberación sobre la ley del aborto que salió adelante durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La propia magistrada quería dar un paso atrás al considerar que su trayectoria le impedía participar en el debate, pero la mayoría progresista del tribunal ha concluido que la decisión no está justificada.
Espejel alegaba que debía abstenerse porque en julio de 2009, cuando ejercía como vocal del CGPJ, participó en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de ley del aborto. El análisis fue sometido a votación en el órgano de gobierno de los jueces, pero no llegó a ser aprobado y, por tanto, tampoco fue incorporado al proceso legislativo. Pese a ello, la magistrada sostenía que este informe afectaba a su imagen de imparcialidad.
El pleno del Constitucional considera que su abstención no está justificada por cuatro motivos: el informe del CGPJ no dio lugar "a la aprobación de dictamen alguno", su criterio jurídico "fue expresado hace más de doce años", el paso atrás se ha anunciado "en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley" y el grueso del recurso contra la normativa "no coincide con el del anteproyecto de ley" en cuyo estudio participó.
El pleno ha adoptado esta decisión sin el respaldo del bloque conservador y los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa han anunciado que formularán un voto particular contra la misma.
En cuanto a las recusaciones formuladas por el exministro Federico Trillo y otros exdiputados del PP contra cuatro magistrados por esta ley del aborto, fuentes jurídicas apuntan a que el tribunal responderá a las mismas este miércoles. Trillo pide apartar de la deliberación a la propia Espejel y a los progresistas Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán, apuntando para ello a ya tuvieron que revisar la ley como fiscal general, secretario de Estado de Justicia y vocales del CGPJ.
Campo queda apartado de recursos clave
Pese a rechazar la de Espejel, el pleno del Constitucional sí ha avalado este martes la abstención del magistrado Juan Carlos Campo de cara a recursos clave. Entre ellos, la retirada del escaño al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, las fórmulas de acatamiento utilizadas por algunos diputados y la decisión de no pedir al Gobierno los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes del procés cuando él formaba parte del Gobierno.
La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, es su actual pareja, por lo que el tribunal apoya que Campo se aparte de asuntos que afectan a la Cámara Baja. En otros casos, la abstención se ve justificada por su etapa como exministro de Justicia, lo que le obliga a mantenerse al margen del análisis de determinadas leyes y proyectos del Gobierno.
En lo que se refiere a la ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez, el tribunal también ha avalado este martes su abstención en el recurso contra la normativa catalana que trata de sortear la obligación de impartir al menos un 25% de la enseñanza en español. En junio de 2022, ella misma avaló esta ley autonómica cuando formaba parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, el órgano encargado de velar por la adecuación al Estatut y a la Constitución de las leyes de la Generalitat.
Desde el pasado 9 de enero, el tribunal cuenta con una mayoría de siete magistrados progresistas frente a cuatro conservadores, por lo que el paso atrás de Campo y Díez en los mencionados asuntos en ningún caso implica un cambio de fuerzas determinante a la hora de resolver los recursos.
El Tribunal Constitucional ha rechazado este martes que la magistrada Concepción Espejel, de corte conservador, se abstenga de la deliberación sobre la ley del aborto que salió adelante durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La propia magistrada quería dar un paso atrás al considerar que su trayectoria le impedía participar en el debate, pero la mayoría progresista del tribunal ha concluido que la decisión no está justificada.
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