"Este Gobierno ha sacrificado cualquier idea política racional a su supervivencia"

Eloy García es catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Antes ejerció la docencia en esta materia en las Universidades de Alcalá de Henares y Vigo. Es también Técnico de la Administración Civil del Estado, ahora en excedencia. Dirige la colección Clásicos del Pensamiento de la Editorial Tecnos que ha publicado hasta el momento 178 títulos, recuperando a autores españoles y extranjeros expertos en diversas áreas de especialización jurídica. Recientemente ha dirigido la edición de los comentarios de Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, al borrador de la Constitución de 1978, y los de Nicolás Pérez Serrano a la Constitución republicana de 1931.

Es el responsable de la introducción en España de las obras de la Escuela de Cambridge que estudiaron el pensamiento republicano clásico y la contextualización del discurso político. Toda esta trayectoria le connota como uno de los constitucionalistas más expertos del panorama español en esta materia. En esta entrevista con El Confidencial repasa con criterio crítico la gestión del Gobierno de coalición en el cumplimiento del espíritu constitucional y en su programa legislativo.

PREGUNTA. En el ámbito jurídico se viene afirmando que el Gobierno de Sánchez ha intentado mutaciones constitucionales. ¿Lo cree? ¿En qué consisten?

RESPUESTA. La mutación constitucional es un cambio en la Constitución que no utiliza el procedimiento formal. No crea una norma nueva, ni altera la letra de ningún precepto existente. Consiste en un cambio de la Constitución que no recurre al procedimiento establecido en el título X. Un ejemplo de mutación sería El debate del estado de la nación, introducido por una convención o acuerdo constitucional en el Gobierno de Felipe González, que se mantiene hasta vivo hoy.

"El Gobierno ha introducido prácticas materialmente contrarias al espíritu democrático de la Constitución que debilitan los controles"

P. No es una reforma constitucional, ¿no es así?

R. No, efectivamente. La mutación se diferencia de la reforma constitucional en varias notas características, una de ellas es que resulta menos estable y más lábil —menor certeza— y está siempre sujeta a la voluntad de las partes y nunca es definitiva, o siéndolo no puede tener seguridad de serlo. Dicho de otra forma, una mutación obliga a los sujetos políticos que la promueven, en tanto en cuanto estos lo aceptan y nada más. Pero cuando la aceptación se pierde, es fácil volverla atrás y los actores políticos no pueden temer otro castigo que la repulsa del electorado en forma de voto desfavorable. Entonces, si se quiere mantener la novedad, se impone la reforma porque en el conflicto entre letra escrita y la práctica constitucional convencional prevalece siempre la primera.

P. ¿Puede aportar algún ejemplo claro?

R. Sí. Es lo que sucedió por ejemplo en Estados Unidos con la reelección del presidente para un tercer mandato. La práctica, hasta entonces respetada, fue ignorada por Franklin Roosevelt, que llegó a ser elegido hasta cuatro veces como máxima autoridad de la nación, sin que ante la existencia de norma escrita nada pudiera evitarlo. De manera que, muerto Roosevelt, se necesitó reformar el texto de la Constitución mediante una enmienda, la vigesimosegunda, para impedir la tercera reelección de cualquier otro presidente.

P. ¿Le parece gratuita, entonces, la crítica al Gobierno en este punto?

R. Por partes. En este marco conceptual, no creo que el Gobierno que acaba ahora su mandato haya introducido cambios en forma de mutaciones. Más bien lo que ha hecho ha sido introducir prácticas materialmente contrarias al espíritu democrático de la Constitución que debilitan los controles y obligaciones que la ley fundamental impone a los gobernantes, y ha profundizado en un debilitamiento normativo e institucional que ya apuntaba y no es solo obra suya, aún cuando haya sido profundizado notablemente durante en las dos últimas legislaturas.

"Ha habido un creciente clientelismo en los cargos públicos, por ejemplo, el fiscal general del Estado y el Tribunal Constitucional"

P. ¿Cuáles son esas prácticas contrarias al espíritu democrático?

R. Varias. Por ejemplo, el reforzamiento de la posición del liderazgo del presidente del Gobierno, en general, y especialmente en materia de relaciones internacionales, más allá de lo que establece la Constitución, forzando interpretaciones y lecturas. Los cambios de postura con relación al Magreb así lo atestiguan, por ejemplo. Como también lo hace el prácticamente nulo debate con respecto a la situación de la guerra de Ucrania. Ambos chocan, sin ir más lejos, con el artículo 94 de la Constitución (relativo a las condiciones sobre la asunción de obligaciones internacionales por el Estado).

P. ¿Alguna más de política interna?

R. Sí. Se ha producido también de manera paralela una desnaturalización del Parlamento que se aprecia en la creciente vulgarización del debate, no solo en lo que se discute, si no en cómo se hace. También en la degradación legislativa tanto en la utilización de vías inapropiadas —el repetido recurso al art. 86 CE, que habilita al Gobierno en casos de urgente necesidad a dictar decretos ley—, como en la conversión de la ley en un recurso retórico carente de programa normativo, en un instrumento de agitación y debate político, no en una regulación. Y un debilitamiento de la Administración, introduciendo personal no funcionario en puestos directivos mediante el procedimiento de exceptuar y, sobre todo, no preparándola para afrontar sucesivos anuncios que repetidamente se lanzan. Se trata de acudir a entes privados para realizar tareas administrativas en todo tipo de trabajos desde las auditorías a las tareas secundarias. Nunca había sido más inefectiva la administración, ni se había encontrado más desmotivada.

P. Preocupa la provisión de cargos institucionales, siempre muy vinculados al Gobierno.

R. Se ha producido, sí, un creciente clientelismo en los cargos públicos, del que representan sendos ejemplos el fiscal general del Estado y el Tribunal Constitucional. En general, la degradación de la política es mera lucha por el poder y la clientela, para lo que lo importante es obtener acuerdos que permitan permanecer. Lo que supone obviar el proceder normal de la política democrática, que es el consenso.

"La misión del TC se limita a defender el orden político constitucional y a evitar que los poderes constituidos se conviertan en constituyentes"

P. ¿Cómo denominaría a este fenómeno político y jurídico-constitucional?

R. Debo repetirlo, no estamos tanto ante diferentes ejemplos de mutaciones, como frente a una desustanciación de las instituciones, de la Constitución y en general de la política, en la que los cuerpos pierden su contenido esencial y se vacían materialmente, quedando reducidas a puras formas que tienen la apariencia de lo que dicen ser, pero no su contenido porque están vacías. Este vacío es lo que desde Maquiavelo (Historia de Florencia) conocemos como corrupción, la sustitución del interés colectivo de todos por el interés particular de alguno. Una corrupción que en el mundo postmoderno permanece encubierta por la figuración virtual.

Tal vez, el ámbito político-constitucional donde más se evidencia el crecimiento de este mal sea en los partidos. Los partidos han sustituido la ideología por construcción virtual y la militancia y la polémica que generaban por mansa clientela entregada jerárquicamente a quien los domina.

P. ¿Ha influido el hecho de que el Gobierno lo haya sido de coalición y con dificultades para conseguir mayorías parlamentarias?

R. Este Gobierno ha tenido como línea de acción el poder, y ha sacrificado cualquier idea política racional a su supervivencia. Pero hasta esto lo ha hecho con desatino porque para sobrevivir se ha entregado a ideas y proyectos quiméricos de quienes les apoyaban desde posturas ideológicas extremistas y hasta contrarias al consenso constitucional construido en la Transición.

P. Usted ha citado al Tribunal Constitucional. Existe preocupación por las teorías creativas en determinadas sentencias. Eso que se llama constructivismo jurídico.

R. Es curioso la adopción del término constructivismo para denominar lo que no es otra cosa que una réplica tardía de lo que otrora se llama uso alternativo del derecho. Un movimiento originado entre la judicatura italiana de los años 70, para romper el rígido positivismo de la jurisprudencia y avanzar en la transformación socialista de la política y en definitiva del Estado. La situación actual española no tiene nada que ver con la italiana de los años 70. Primero, porque la cuestión de ahora no es transformar el mundo haciéndolo avanzar hacia el progreso, sino conservar lo que hemos conseguido según Albert Camus. Y en esa línea están, por ejemplo, los diferentes discursos de la sostenibilidad. Segundo, porque la función del TC no es operar como una fuerza de avanzada que se sirva de las sentencias para concienciar a la sociedad. Su misión se limita a defender el orden político constitucional y sobre todo a evitar qué los poderes constituidos se conviertan en constituyentes a fuerza de burlar la Constitución.

"La acción del TC en los últimos tiempos no parece comprender bien su cometido y adolece de subjetividad"

P. Pero la misión del Constitucional está muy delimitada en la Carta Magna y en su propia ley reguladora.

R. Sí, pero la acción del TC en los últimos tiempos no parece comprender bien su cometido y adolece de una subjetividad que posiblemente proceda de un entendimiento del amparo que termina trasladándose a los otros recursos que tiene una dimensión objetiva. Pero, además, todo esto se hace invocando un lenguaje muy oscuro. Las sentencias del TC cada vez están escritas en un lenguaje más apodíctico y autorreferencial y son de difícil lectura hasta para el experto. ¡¡¡Qué lejos queda la claridad por la que clamaba Beccaria!!!

P. ¿Cree que la intelectualidad en España observa con mucha precaución las políticas gubernamentales: decretos leyes, proposiciones de ley…?

R. No cabe la menor duda. Frente al importante apoyo que la primera legislatura socialista obtuvo de la intelectualidad española, hoy los hombres de la cultura guardan un enorme distanciamiento, se sienten ajenos al proyecto del Gobierno, porque ven en él una cierta falacia, un intento de justificar la posesión del poder sin demasiado esfuerzo, ni por supuesto grandes contenidos. Y, ¡es que no hay un proyecto político, ni un verdadero programa detrás de la acción de Gobierno! ¡Hay solo táctica y estrategias para mantenerse en el poder!

"Frente al importante apoyo que la primera legislatura socialista obtuvo de la intelectualidad, hoy se sienten ajenos al proyecto"

P. Quizás también exista una cierta crisis intelectual.

R. Cierto que todo ello se complica porque vivimos un momento intelectualmente muy difícil en que el oficio de pensar está más atorado que nunca. Desde la crisis del pensamiento ideológico, que afecta a esa forma de pensar y no a una ideología específica, hemos perdido nuestro sistema de conocimiento y eso nos coloca en una situación insólita. El mundo cambia y apenas tenemos mecanismos intelectuales para entenderlo. Las piedras que en su caída desprendía el Muro de Berlín han terminado cayendo a los dos lados y no solo a uno. Y eso plantea un grave problema porque comporta el nacimiento de una nueva realidad, cuando carecemos de una forma sólida de comprenderla.

P. ¿Existe corrientes de pensamiento propias en España como en otros países de nuestra misma fortaleza intelectual?

R. El problema de la cultura y de la política moderna es a la vez de la realidad y del pensamiento, y esto segundo se aprecia especialmente en España, cuyo pensamiento siempre fue débil y tributario de aportaciones foráneas. Sin embargo, nuestra realidad es fuerte, somos la nación más beneficiada de la globalización, la cuestión es cómo aprovecharlo y encauzarlo. Para eso es necesario pensar y, desde el pensamiento, impulsar reformas que puedan favorecer nuestra estabilidad, porque de eso se trata en este siglo XXI, de estabilizar la vida humana en un mundo lábil y enormemente cambiante, un mundo disruptivo. La política está para eso, pero debe ser, como decía Maurras, polítique d´abord y no mera ambición de poder.