Sánchez da oxígeno a sus barones con el plan antisequía para retener voto del campo ante el PP

El Gobierno aprobará este jueves un paquete de ayudas millonarias dirigidas a agricultores y ganaderos. El objetivo, según la Moncloa, se centra en "seguir afrontando las consecuencias de la sequía en España", aunque no son pocos los barones socialistas que ante la situación del campo en sus territorios habían reclamado soluciones antes del 28-M. La presión ha funcionado y el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario y monográfico el mismo día que arranca oficialmente la campaña. De este modo, Pedro Sánchez da munición a sus dirigentes territoriales para vender estas medidas durante dos semanas clave, tratando así de retener el voto del campo y cerrar el paso al PP en un asunto, como es la guerra del agua, que los populares han capitalizado como arma arrojadiza. Sánchez, al mismo tiempo, busca neutralizar las potenciales movilizaciones en el campo, canalizándolas a través del diálogo en la Mesa de la Sequía, ya que varias de las reivindicaciones lanzadas en este foro formarán parte del plan antisequía.

Desde el PSOE, desvinculan este paquete de ayudas de la estrategia electoral que vienen manteniendo con diferentes anuncios enfocados a diferentes públicos objetivos, como la política de vivienda o los recientes descuentos a jóvenes para viajar en tren por España o Europa. "Hay una sequía y el Gobierno tiene que ofrecer soluciones", argumentan, sin acabar de justificar las razones que han llevado al Ejecutivo a convocar para ello un Consejo de Ministros extraordinario. Otras fuentes del partido deslizan que la fecha elegida tiene que ver con la necesidad de evitar reprimendas de la Junta Electoral Central por electoralismo durante la campaña, después de que la portavoz, Isabel Rodríguez, recibiese ya varios apercibimientos. De lo que no hay duda es de que los barones, a falta de conocer la concreción del paquete de medidas, han celebrado una iniciativa que les dará oxígeno entre el electorado vinculado con el sector primario. Tanto los afines como los más críticos con Ferraz.

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Una de las medidas que está previsto abordar, precisamente, es la que había reclamado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para pedir a la Comisión Europa flexibilizar los requisitos a la hora de recibir las ayudas de la PAC. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha abordado ya esta posibilidad con la Comisión Europea para que los agricultores y ganaderos no vean en riesgo su acceso a las ayudas por las dificultades en que se encuentran los cultivos españoles como consecuencia de la sequía. Una de las principales peticiones de Page, quien compartirá mitin electoral este domingo con Pedro Sánchez, pasaba por que se puedan dar ayudas urgentes a agricultores de cereal de secano con cargo a fondos de la PAC.

Otros presidentes autonómicos, como Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, han puesto el foco en la necesidad de promover estas ayudas y han avanzado que las complementarán con otras medidas autonómicas. Ambos han reconocido las dificultades que atraviesan ganaderos y agricultores de sus territorios y desde el Gobierno extremeño manifestaban este miércoles su deseo de que "haya buenas noticias", en referencia al Consejo de Ministros.

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El campo centrará así la agenda del Ejecutivo en el arranque de la campaña, con un paquete millonario y ayudas reclamadas por los barones socialistas. Desde la Moncloa, niegan electoralismo y ponen en valor algunas de las ayudas ya aprobadas, como la rebaja de 1.807 millones de euros en el IRPF a 828.000 agricultores y ganaderos. Una rebaja fiscal a la que suman 650 millones en ayudas directas extraordinarias ya pagadas a sectores ganaderos y cítricos para paliar el coste de fertilizantes, así como el fomento de los seguros agrarios con 257,7 millones de euros en 2022 y 317,7 millones en 2023.

La batería de medidas permite también al socialista Ximo Puig amortiguar el malestar en el sector agrícola tras la aprobación del decreto impulsado por la ministra Teresa Ribera que fija las condiciones futuras del trasvase Tajo-Segura. Las medidas de apoyo contra la sequía no cambian ese decreto, recurrido ante el Tribunal Supremo por la Generalitat, pero pueden suponer una respuesta a demandas del sector en la Comunidad Valenciana y acelerar el programa de inversiones que llevan aparejado, uno de los aspectos que sí tiene el respaldo de los socialistas valencianos.

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Las asociaciones de agricultores están a la espera de conocer la letra pequeña de lo que apruebe el Consejo de Ministros para valorar su alcance, con la particularidad de que, por ahora, la sequía está siendo mucho más perjudicial en Andalucía o Cataluña. El campo valenciano está sufriendo problemas en los cultivos de secano, especialmente olivo y almendro, pero no en los de regadío, cubiertos con las reservas que acumula el sistema del Júcar y las del propio Tajo-Segura.

Aun así, fuentes del sector admiten que la situación es de preocupación hacia el futuro. Por ahora no ha habido restricciones, pero las previsiones de cara al verano no son buenas, porque no se esperan lluvias. El sector venía reclamando medidas específicas relacionadas con la fiscalidad, los módulos, seguros agrarios, inversiones, etc. La consellera de Agricultura, Isaura Navarro (Compromís), reunió hace varias semanas a la mesa valenciana de la sequía para recoger las demandas de los distintos colectivos en un documento que transformó en una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, fechada el pasado 8 de mayo.

El documento recoge las reivindicaciones asociación por asociación, algunas coincidentes con las medidas anunciadas para el Consejo de Ministros de este jueves o ya implementadas por el Gobierno, como las reducciones de IRPF en el sistema de módulos. Lo que quiere conocer el campo valenciano es la letra pequeña del nuevo paquete de medidas. Acogerse a las ayudas no será automático. Habrá que acreditar pérdidas de cosechas y el impacto de la sequía, aunque es probable que haya una relajación de los requisitos. “Tenemos que ver dónde y a qué cultivos se aplican las ayudas”, explican desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) en modo precaución.

El PP estalla: "Es electoralismo puro y duro"

El anuncio de un nuevo paquete de ayudas millonarias para paliar la sequía el mismo día que arranca la campaña para el 28-M ha desatado la furia en las filas populares, donde asumen que, ante un escenario electoral “ajustado” en buena parte del mapa nacional, Sánchez ha activado una estrategia “tramposa” para movilizar voto y tratar de inclinar la balanza hacia la izquierda, en este caso, en el ámbito rural. “Tira de chequera para comprar votos”, sentencia un dirigente popular. Entienden en las filas del PP que, con la nueva “lluvia” de ayudas, el Gobierno pretende capitalizar la bandera del campo por la que también pelean otras baronías populares. “Es electoralismo puro y duro”, sentencian desde un Ejecutivo autonómico.

En esta batalla está, por ejemplo, Juanma Moreno. El barón andaluz no se enfrenta a la reelección, pero sí pretende que su histórica victoria autonómica de 2022 no sea un espejismo y se extienda al resto de provincias, para lo que busca el favor del voto rural con su defensa cerrada de la ley de regadíos en Doñana, enfrentándose al criterio del Ejecutivo y de Bruselas. También Fernando López Miras, candidato a la reelección en la Región de Murcia, busca mirar a los ojos de los votantes preocupados por el castigo de la sequía en su territorio. Desde su entorno, recuerdan que el presidente popular ya elevó a la Mesa Nacional de la Sequía la habilitación de ayudas directas a los productores de cultivos de secano y cultivos de cereales; la aplicación de medidas fiscales al sector agrícola y ganadero, o la flexibilización de determinados requerimientos para las subvenciones y compromisos de las ayudas de la PAC, peticiones que ahora recogerá el Gobierno en su nuevo paquete antisequía.

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En Castilla y León, donde el voto rural jugará también un papel determinante, se quejan de que el Ejecutivo dirigido por Alfonso Fernández Mañueco ya propuso medidas para modernizar regadíos y hacer una gestión más eficiente del agua, y lamentan que el Gobierno central no haya contactado con los territorios para armar un plan nacional, como también exige desde los muros de Génova el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo.

Ni Génova, ni los barones del PP entran a criticar el fondo de las medidas que aprobará el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves, pero no ocultan su malestar por que el Ejecutivo haya “ignorado” durante meses las propuestas que han realizado diferentes comunidades autónomas para paliar una “situación límite” en sus respectivos territorios, e intente arrogarse ahora el rédito de esas propuestas a tan solo dos semanas de unas elecciones que se deciden en clave regional y local. Los populares hacen énfasis en el hecho de que el Gobierno no haya consensuado su plan antisequía con el resto de ejecutivos autonómicos. Se prevé que el ruido y la tensión vayan en aumento en los próximos días, ya que algunos barones del PP —previa conversación con Feijóo— elevarán una petición formal para celebrar una Conferencia de Presidentes que aborde de forma conjunta una "problemática de país".