España une fuerzas con Portugal para recibir hasta 100 millones de la PAC por la sequía

El Gobierno presentará la próxima semana una iniciativa conjunta con Portugal para reclamar fondos europeos que ayuden al sector agrícola y ganadero a combatir los efectos de la sequía. El titular de Agricultura, Luis Planas, ha mantenido conversaciones con su homóloga portuguesa, Maria do Céu, según fuentes próximas al ministro, que confían en obtener una primera reacción de Bruselas en el plazo aproximado de un mes. La petición se centra en activar la reserva de crisis de la PAC (política agrícola común) por la situación "excepcional" de falta de agua en la península Ibérica, como explicó Planas este martes.

Fuentes del Departamento de Agricultura evitan anticipar una estimación sobre el presupuesto a desbloquear, pero ponen como ejemplo que las últimas ayudas fueron de 56 y 100 millones de euros. Aunque la primera se destinó a tres países y la segunda, que todavía se está discutiendo, tiene a cuatro gobiernos como potenciales beneficiarios. La petición de este apoyo presupuestario se quiere adelantar, al considerarse que bajo la presidencia de turno que España ocupará desde el 1 de julio sería más difícil de recibir. Las otras solicitudes a Bruselas para aliviar la situación de los agricultores y ganaderos se centran en materializar las ayudas Feader (Fomdo Europeo Agrario de Desarrollo Rural) no ejecutadas por parte de las CCAA y adelantar y flexibilizar otras ayudas, como las condicionadas a la renta y sostenibilidad.

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Este paquete de medidas presupuestarias por las que se batallará en Bruselas se suma a otras como la rebaja del IRPF. Este mismo martes, se publicaba una orden ministerial en el BOE por parte del Departamento de Hacienda, a propuesta del Ministerio de Agricultura, que supone una reducción de la base imponible estimada en 1.807 millones de euros. La orden establece una reducción general del rendimiento neto del 25% que podrán aplicarse los aproximadamente 828.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Los sectores que se consideran en una situación de mayor vulnerabilidad se beneficiarán, además, de reducciones específicas, que son del 50% en el caso del olivar, el almendro y la apicultura, y del 30% para cereales, oleaginosas y leguminosas, castaño, melocotón, nectarina, albaricoque y los demás sectores ganaderos.

Para la adquisición de gasóleo agrícola y compra de fertilizantes, se establece también una minoración en el rendimiento neto del 35%. Por otra parte, se mantienen las reducciones que se establecieron el año pasado para los agricultores que hayan utilizado electricidad para el riego y para los ganaderos por el uso de piensos adquiridos a terceros.

Concretamente, se establece en un 0,5 el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que representen más del 50% del importe de los productos alimenticios consumidos, y se aplica tanto a los sectores ganaderos intensivos como a extensivos. El índice corrector por cultivos en tierras de regadío que utilicen energía eléctrica se reduce a 0,75.

La menor actividad en los inicios de 2023 en este sector está en línea con el descenso de las exportaciones y una mayor cantidad de importaciones agroindustriales, lo que ha contribuido a debilitar la balanza comercial de España. Según los últimos datos aportados esta misma semana por la Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Industria, las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco han descendido un 11% en los dos primeros meses de 2023 con respecto al mismo periodo de 2022. De más de 6,4 millones de toneladas se ha pasado a algo más de 5,5 millones de toneladas, lo que supone el peor dato desde los meses de enero y febrero de 2017.

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A pesar del escenario de sequía, desde el Ejecutivo siguen confiando en que los precios de los alimentos se seguirán moderando. Sí asumen, sin embargo, algunas excepciones o repuntes puntuales en productos en los que pueda bajar mucho la oferta, como podría ser el caso del aceite de oliva. El Gobierno considera que medidas como la rebaja del IVA a ciertos productos están teniendo efectos positivos y defienden que la rebaja de precios en origen es cada vez más visible en el final de la cadena, el de la distribución.

Aunque en la Moncloa no renuncian a tomar medidas para actuar contra la inflación en los alimentos, alejan su inmediatez, al asegurar que se está analizando la evolución de las iniciativas adoptadas y que en este momento su principal "preocupación y ocupación" es el problema de la vivienda. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subía este martes su apuesta electoral en vivienda, anunciando la construcción de 20.000 viviendas públicas en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa a través del Sepes (Sociedad Pública Empresarial de Suelo). El compromiso electoral alcanza un parque público de 113.000 viviendas públicas para alquiler asequible, al sumarse a otras 43.000 financiadas con fondos UE y a las 50.000 del plan Sareb.