El Congreso no guarda registro de las visitas de Tito Berni: destruyó todo

El Congreso de los Diputados no guarda registro alguno de las personas que visitaron al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni y señalado como supuesto cerebro del caso Mediador, que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. La Cámara Baja destruyó la información sobre quiénes se citaron con él, en qué fechas y a qué hora. Lo hizo con base en la "normativa vigente", alegan, aunque la Secretaría General del Congreso no especifica más. Esos datos estuvieron "custodiados" por un periodo de tiempo indeterminado por los servicios de seguridad.

Según el sumario de la operación Mediador, Fuentes Curbelo utilizaba el Congreso para impulsar sus actividades al frente de una presunta organización criminal. El entonces diputado fue presionado por la dirección del grupo socialista y renunció a su acta el 14 de febrero, 10 días antes de ser detenido en el marco de la investigación de esta causa. Se clausuró su despacho, y todos los efectos que guardaba en estas dependencias en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, entre ellos, el ordenador de sobremesa que le correspondía utilizar, fueron puestos a disposición judicial el 9 de marzo. Lo que el Congreso no guardó fueron los nombres de las personas que accedieron a la Cámara Baja con el aval del entonces diputado. Tampoco los que pudieron hacerlo gracias a la mediación de otros trabajadores del grupo parlamentario, a requerimiento de Fuentes Curbelo, una práctica habitual también entre otras formaciones.

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El Confidencial remitió el pasado 14 de marzo una solicitud de acceso a la información sobre los datos del registro de visitas de Fuentes Curbelo a través del portal de transparencia de la Cámara Baja. En su respuesta, remitida esta misma semana, la Secretaría General de la Cámara Baja explica el procedimiento habitual para autorizar visitas, cómo debe proceder cualquier parlamentario, trabajador o visitante en este contexto y que los datos de estas visitas, "con carácter semanal", se ponen "a disposición de los servicios de seguridad" del Congreso "para su custodia".

Los datos sobre visitantes, "la persona a la que van a visitar" y que autoriza su entrada, así como "la fecha y la hora en la que se produce la visita", son remitidos a los servicios de seguridad, y son "destruidos en los plazos establecidos por la normativa vigente". "Dado el tiempo transcurrido, no existen datos de las visitas que tuvo el Sr. Fuentes Curbelo", reza la respuesta a este periódico. El Congreso no ha explicitado la "normativa vigente" aludida. Fuentes de la Cámara muestran sorpresa ante esta omisión.

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Como avanzó El Confidencial, Fuentes Curbelo pudo comprar los dispositivos electrónicos que el Congreso puso a su disposición cuanto tomó posesión de su escaño —como establecen las normas de la Cámara—, además de solicitar la indemnización que, como exdiputado, le corresponde. Cerca de 10.000 euros. Fuentes oficiales del Congreso apuntaron, sobre los dispositivos electrónicos —un teléfono móvil y una tableta electrónica—, que "la Cámara no puede retener nada, si no hay nada que obligue a la Cámara a retener algo". En el momento en que adquirió estos dispositivos, aún faltaba una semana para que fuera detenido. Tampoco podían evitar que solicitara cobrar su indemnización, incompatible con el cobro de otras retribuciones.

Distintas fuentes del Congreso, también de los grupos parlamentarios, apuntaron entonces que deberían revisarse las escasas capacidades de fiscalización de la Cámara sobre las actividades de los diputados, sin que haya trascendido ninguna conclusión. El Código de Conducta de las Cortes Generales y la Oficina de Conflictos de Intereses tienen capacidades muy acotadas. Teóricamente, sus señorías deben informar de todas sus actividades y reuniones en las Cámaras, explicitándolas en su agenda parlamentaria. En las conclusiones de su informe de octubre de 2022, la oficina ya recordaba a los parlamentarios su "obligación" de publicar estas agendas, incluyendo "las reuniones que mantengan con los representantes de entidades que tengan la condición de grupos de interés, tal y como estos se definen en el artículo 6.2 del Código de Conducta". El grado de cumplimiento de esta "obligación" es muy desigual.

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En concreto, la respuesta de la Secretaría General informa de que, cuando se produce una visita a los miembros de la Cámara o al personal de la misma, "desde el puesto de control de ujieres de la portería del edificio parlamentario de que se trate, se contacta telefónicamente con la persona a la que se vaya a visitar para su conocimiento y autorización pertinente". Si se da el aval del "interesado", "en dicho puesto de control se anota el nombre de la persona a la que va a visitar, así como la fecha y la hora en que se produce la visita".

Siempre según esta comunicación, "durante su estancia en el recinto parlamentario, el visitante deberá permanecer en todo momento acompañado por la persona a la que visita", algo que a menudo es difícil de garantizar, como reconocen desde los distintos grupos.

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En concreto, el Congreso fue requerido a desvelar la información sobre todas las visitas del exparlamentario, fueran registradas a su nombre o al de trabajadores del grupo parlamentario. Se explicitó que esta petición hacía referencia a todas las visitas, "sea en periodo de sesiones, de actividad parlamentaria o no", que hubieran sido registradas "en cada uno de los accesos del Congreso de los Diputados". Estos datos, hoy, no existen.