Cajones cerrados y un ipad 'desaparecido': el despacho de Tito Berni, congelado en el tiempo

El despacho de Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el Congreso de los Diputados va camino de cumplir 20 días cerrado a cal y canto. El 14 de febrero, cuando la dirección del grupo socialista forzó al exdiputado canario a entregar su acta, tras la detención de su sobrino, Taishet Fuentes Gutiérrez, el PSOE aseguró estas dependencias. Despojado de su aforamiento, Tito Berni fue detenido casi una semana después, el 20 de febrero. Los socialistas entendieron que la jueza podría requerir el acceso a sus dispositivos y a los documentos que pudiera custodiar y por eso blindaron este espacio. En pleno terremoto por el caso Mediador, el que fue su lugar de trabajo sigue como congelado en el tiempo, con los cajones cerrados y un iPad desaparecido.

Las puertas se abren con una clave, pero también existe la opción de utilizar una llave al uso, y ese mismo día ejecutaron cambios para que nadie volviera a entrar en este despacho de la tercera planta, dentro de un complejo que comprende decenas de miles de metros cuadrados a ambos lados de la Carrera de San Jerónimo. Las dependencias del Congreso, según la investigación, albergaron reuniones del exdiputado canario y otros implicados en la trama. El sumario recoge que la Policía ha detectado "múltiples indicios de entregas de dinero en efectivo al diputado" durante estas visitas, que en ocasiones habrían desembocado en prostíbulos, de ahí la importancia de garantizar que el despacho permaneciera inalterado.

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Los socialistas aseguran no saber siquiera qué hay en los cajones: están tal y como los dejó el exdiputado, ya conocido como Tito Berni. Sobre el escritorio, el ordenador de mesa que tenía a su disposición, y en los espacios de almacenamiento podría encontrarse el iPad que, hasta la fecha, no consta que haya sido retornado al Congreso. También podría encontrarse en Canarias. Según RTVE, el teléfono móvil del Congreso sí fue entregado por el propio exparlamentario a la Policía.

Oficialmente, la Cámara Baja rechaza pronunciarse sobre este caso: ni aclara qué dispositivos ha retornado Fuentes Curbelo, ni tampoco quiere hacer comentarios sobre un hipotético registro de estas dependencias. Fuentes del Congreso y de los grupos parlamentarios afirman, sin embargo, que no existe un protocolo escrito que obligue a quien entregue su acta a renunciar a los dispositivos en un intervalo temporal concreto, ni que fije unas condiciones específicas.

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La norma no escrita es que sus señorías pueden entregar sus dispositivos móviles, bien al momento, bien en el plazo de unos días, tras salvar la información que consideren relevante. También pueden quedárselos, abonando un importe a determinar por la institución, en función del coste y de los años de uso de los terminales. La responsabilidad de recuperar los dispositivos corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información de la Cámara, que también se encarga del formateo de los terminales, sin que tampoco haya constancia escrita de que estos tengan que ser borrados antes de su devolución.

El Congreso cuenta con escasos mecanismos para fiscalizar la actividad de los diputados: entre ellos está la Oficina de Conflicto de Intereses, pero la Presidencia también tiene la potestad de abrir "un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción" del Código de Conducta, "especialmente en el caso de conflicto de intereses". Los diputados también pueden requerir a la presidenta, Meritxell Batet, que abra este procedimiento de información previa; hasta la fecha han optado por registrar preguntas escritas, solicitudes de comparecencia y hasta una comisión de investigación en el caso del PP, pero no han activado este engranaje. El Código de Conducta de la Cámara Baja tampoco se cumple en materias como la agenda pública a cumplimentar por los diputados.

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El Supremo, "sin competencias" para ordenar un registro

La decisión de registrar el despacho de Fuentes Curbelo corresponde al la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, explican fuentes de la Cámara. El grupo socialista ha clausurado estas dependencias, pero no tiene potestad para decidir quién accede a las mismas, aclaran. Al perder su acta, el Tribunal Supremo no tendría competencias para autorizar un registro: "Él ya no es aforado, la autoridad la tiene la juez", afirman.

Apuntan también que la inviolabilidad de las Cortes, consagrada en el artículo 66 de la Constitución, no se refiere al espacio físico, sino a la actividad y las decisiones del Parlamento: no se puede "obligar a las Cortes a desconvocar una comisión", tampoco a convocarla, precisan. El despacho en las dependencias del grupo socialista, distribuidas entre dos de los edificios del complejo, seguirá cerrado hasta una fecha por determinar. Las incógnitas sobre lo que contiene no se despejarán hasta entonces.