El Constitucional aplaza los asuntos más políticos a junio por el periodo electoral

El Tribunal Constitucional dejará al margen los recursos más políticos durante una temporada. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido va a aparcar, de momento, aquellos asuntos que se consideran sensibles. Una norma no escrita en los tribunales aconseja un parón provisional en las semanas previas a unos comicios con la intención de que ninguna decisión influya en el voto. Así, quedarán para después del próximo 28 de mayo los dos recursos de amparo presentados por el exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra las resoluciones que supusieron su salida del Congreso de los Diputados en octubre de 2021. Tampoco se prevé que el TC estudie antes de esa fecha el recurso del PP contra la reforma que prohíbe al CGPJ realizar nombramientos.

La convocatoria de estas elecciones se ha publicado este 4 de abril y dará paso al registro de las listas de cada formación. La campaña electoral comenzará el viernes 12 de mayo a las 0:00 y se extenderá hasta el 27 de mayo a medianoche, cuando empieza la denominada jornada de reflexión. No será, así, hasta el mes de junio cuando se condense la deliberación de esos recursos. Queda también pendiente la nueva revisión sobre el aborto por el recurso presentado contra la nueva ley que entró en vigor hace unas semanas. Recientemente, el TC avaló la constitucionalidad de la norma de 2010, aprobada bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

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Sobre la mesa del TC permanecerá así aún el doble recurso que presentó Rodríguez tras perder su plaza en la Cámara Baja a consecuencia de la condena del Supremo por un delito de atentado a la autoridad, al considerar probado que dio una patada a un policía durante una protesta en 2014. El canario no solo recurrió la condena, también la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que le dejó sin puesto.

Nadie le ha sustituido y, desde entonces, octubre de 2021, la formación morada cuenta con una persona menos para afrontar votaciones, muchas veces agónicas para el Gobierno de coalición. El Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la condena y sus efectos y, con ello, decidir respecto al escaño que permanece congelado desde hace más de un año. La sentencia que se encuentra en el origen le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas en el proceso y la pena de cárcel se sustituyó por una multa de 540 euros, pero con la accesoria de inhabilitación para ser elegido cargo público durante el tiempo de condena.

Opinión

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En cuanto a los recursos sobre la limitación de funciones del CGPJ, el Constitucional se plantea dilatar la deliberación a después del verano. El TC admitió los recursos en 2021, pero, de momento, no ha abordado la cuestión. La combinación de esa reforma legal y de la falta de renovación del Consejo está provocando serios problemas en el Tribunal Supremo, que ve cada vez más mermadas sus plazas.

Desde que el TC pasara a tener mayoría progresista, el tribunal ha despejado el camino a algunas de las leyes estrella del Ejecutivo. En sus últimos plenos, ha avalado en su integridad la norma que regula la eutanasia y la conocida como ley Celaá. Todas las resoluciones han contado con votos discrepantes de parte de los magistrados de la minoría conservadora.