El TC alcanza su primera gran unanimidad para frenar la república digital catalana

Una unanimidad en el nuevo Tribunal Constitucional es casi una anomalía. El órgano de garantías acaba, sin embargo, de alcanzar el acuerdo de todos sus magistrados para avalar el decreto ley con que el Gobierno socialista frenó en 2019 el desarrollo de la república digital catalana, es decir, los proyectos diseñados desde la Generalitat a partir de 2018 y destinados a crear una infraestructura digital al margen del Estado, desde una Hacienda catalana a un sistema de identificación propio. Según informan fuentes jurídicas, los sectores progresista y conservador han apoyado unidos la ponencia de la magistrada María Luisa Balaguer, que rechaza el recurso que el Govern presentó contra la iniciativa legislativa de Pedro Sánchez.

El Ejecutivo autonómico, que entonces lideraba Quim Torra, impugnó la norma al considerar que afectaba a competencias de la Generalitat sobre infraestructuras digitales y despliegue de fibra óptica, identidad digital, despliegue de la Administración digital, ciberseguridad y contratación pública. El decreto ponía coto al control, por parte de Cataluña, de aspectos como la identificación electrónica de ciudadanos ante las administraciones públicas, la firma electrónica o la ubicación territorial de los datos personales.

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La estrategia para la creación de una república virtual catalana comenzó a desarrollarse de forma paralela al referéndum de independencia de 2017. El sistema se ideó con la intención de sortear el coto al movimiento secesionista, creando una Administración digital que sustentaría el nuevo Estado. A través del sistema se facilitaba el voto telemático, la cumplimentación de trámites administrativos e incluso la expedición de documentos de identidad exclusivamente catalanes. En el desarrollo de esta nación virtual, tuvo un papel protagonista el Consell per la República Catalana, alimentado desde el exilio.

El núcleo del proyecto fue el avance de la llamada identidad digital catalana, un proyecto anunciado en septiembre por Quim Torra con una dotación inicial de 700.000 euros en tres años. La intención de la Generalitat era que ese nuevo DNI sirviera para interactuar con la Administración española y con la europea. Pero para operar en el marco de la UE se necesita que un país miembro reconozca el sistema como tal, y la Generalitat carecía de garantías en este sentido. El Gobierno de Sánchez atacó precisamente ese flanco en el decreto ley que ahora ha quedado avalado.

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Las medidas urgentes diseñadas para frenar el desarrollo de la iniciativa se centraron en obligar a las administraciones públicas a que cualquier servidor, propio o de terceros, que gestione datos personales públicos (censo, padrones, registros de población, datos fiscales, datos del Sistema Nacional de Salud...) esté ubicado en Europa. Todas las entidades que manejen estos datos con servidores fuera de la UE tienen seis meses para trasladarlos.

El decreto también especificaba que el DNI y el DNI electrónico son la única forma de identificación tanto de manera física como digital. "En las relaciones de los interesados con las administraciones públicas, no serán admisibles, en ningún caso y, por lo tanto, no podrán ser autorizados, los sistemas de identificaciones basados en tecnologías de registro distribuido y los sistemas de firma basados en los anteriores, en tanto que no sean objeto de regulación específica por el Estado en el marco del derecho de la Unión Europea", decía. Además, otorgaba al Gobierno pleno poder para intervenir "las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales". En otras palabras, la llave para intervenir y controlar internet, cerrando webs y servidores sin autorización judicial, si considera que hay un riesgo para el orden público o la seguridad nacional.