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La ortodoxia ambiental de Teresa Ribera tensiona a los barones del PSOE ante el 28-M
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DE LA GUERRA DEL AGUA A LAS RENOVABLES

La ortodoxia ambiental de Teresa Ribera tensiona a los barones del PSOE ante el 28-M

En las federaciones socialistas que han tenido enfrentamientos con la vicepresidenta tercera no esconden su malestar y sorpresa por la autonomía que Pedro Sánchez le ha otorgado

Foto: La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras aprobar el trasvase Tajo-Segura. (EFE/Javier Lizón)
La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras aprobar el trasvase Tajo-Segura. (EFE/Javier Lizón)
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Los tiempos marcados por el Ministerio de Transición Ecológica están chocando con barones socialistas en diferentes territorios. Son numerosas las federaciones que están viendo cómo se ponen en riesgo sus intereses electorales sin que las alertas lanzadas a Pedro Sánchez consigan suavizar o, al menos, retrasar para después del 28-M los planes más conflictivos de Teresa Ribera. El frente abierto con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, por el recorte en el trasvase del Tajo-Segura aprobado vía decreto el pasado 24 enero es solo uno de varios. El mismo día, el Congreso convalidaba el decreto anticrisis en el que se incluyó una medida para relajar los requisitos en la instalación de macroproyectos de renovables, bestia negra de las candidaturas de la España Vaciada, y que pone en la picota a las baronías de los territorios más rurales en competición con estas plataformas.

Las críticas a esta medida para aligerar los estudios de impacto ambiental de proyectos renovables fueron transversales en los discursos de los parlamentarios ese día en el pleno, incluidas las de Unidas Podemos. A estos frentes abiertos por el departamento que dirige Teresa Ribera se suman otros choques previos con los socialistas andaluces por los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana o con los gallegos y asturianos por el plan de conservación del lobo ibérico. El PSOE de Huelva se levantó en pie de guerra contra la vicepresidenta tercera y el grupo socialista se abstuvo en el Parlamento andaluz sobre el plan para aumentar el regadío que Ribera trató de frenar con una misiva a la Junta de Andalucía y que calificó de "barbaridad" e "ilegal". En Galicia, el PSOE unió sus votos a los del PP para oponerse al plan aprobado por el Gobierno en contra del criterio general de los ganaderos para proteger al lobo. También en Asturias el PSOE de Adrián Barbón se desmarcó.

"Los planes hídricos deben ser compatibles con la normativa de la UE"

Agricultores, ganaderos y territorios de la España vaciada se han sentido perjudicados en un momento u otro por algunas de las iniciativas legislativas de Transición Ecológica. Un sector de votantes que puede hacer cambiar gobiernos. Más allá de que muchas de estas medidas vengan determinadas por Bruselas, en las federaciones del partido afectadas coinciden en señalar la falta de capacidad negociadora de la vicepresidenta tercera. Y esta falta de influencia en el Gobierno que está en manos de su partido los penaliza electoralmente. Una debilidad que sus rivales políticos tratan de destacar promoviendo mociones para retratarlos y con las que tienen que posicionarse en contra del criterio del Gobierno o de lo votado por su grupo parlamentario en el Congreso. De hecho, en la Comunidad Valenciana, tanto la oposición del PP como los socios de gobierno del PSOE, Compromís, coincidieron en cargar a Puig la responsabilidad del recorte del trasvase por no haber tenido capacidad de pararlo.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica imponen la diligencia y el celo tanto con directivas de Bruselas como con los criterios medioambientales que guían sus políticas. En esta línea, fuentes cercanas a la ministra tildan de "política cortoplacista" posicionamientos como los de Ximo Puig y sus socios de Compromís respecto al trasvase del Tajo-Segura. Si estas mismas fuentes del entorno de Teresa Ribera consideran que electoralmente tienen razones "legítimas" para mostrar su oposición en público, priorizan la emergencia medioambiental.

El Gobierno optó por no demorar más la aprobación de los planes hidrológicos "antes de que la situación vaya a peor" respecto a los caudales. "No vamos a esperar a que nos pase como a Tejerina en 2008, teniendo que enviar barcos con agua a Barcelona", añaden desde el departamento que dirige Ribera. Su conclusión es tajante: "Los planes hídricos deben ser compatibles con normativa de la UE y la disponibilidad de los recursos".

"No vamos a esperar a que nos pase como a Tejerina en 2008, teniendo que enviar barcos con agua a Barcelona"

La ortodoxia de Ribera contrasta con la de Luis Planas. El ministro de Agricultura siempre ha tratado de contemporizar con el sector, actuando de intermediario con otros ministerios y llegando incluso a parar planes del Gobierno por las protestas de ganadores o agricultores, además de las distribuidoras de alimentación. Eso sí, ninguno de ellos de Transición Ecológica. En los territorios que han tenido enfrentamientos con la vicepresidenta tercera no esconden su malestar y sorpresa por esta autonomía que Pedro Sánchez le ha otorgado al ser el departamento menos influenciable.

Los "votos del agua" han entrado en campaña cuando la reedición del Govern del Botànic, que lidera el socialista Ximo Puig, pende de un hilo, según todas las encuestas, por las mínimas diferencias entre bloques. En este contexto, el recorte del trasvase perjudicando los intereses de los regantes de la huerta de Alicante, cuya diputación ya está en manos de los populares, no hace más que reducir las posibilidades de los socialistas de mantenerse en el Gobierno. Las comunidades de regantes elevan hasta 100.000 los empleos directos e indirectos generados por el sector agroalimentario. No en vano, desde el PP valenciano ironizaban que, tras aprobar el recorte del trasvase, "Sánchez nos ha hecho la campaña".

Oposición en la España vaciada

El otro gran frente, más disperso por diferentes territorios, tiene que ver con las instalaciones de proyectos de renovables para las que se aligerarán trámites administrativos y condiciones. "Provocará la mayor agresión ambiental de la historia", reprochaba el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, durante el último pleno del Congreso en el que se convalidó la medida incluida en el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Según recriminó, se abre el camino "a una burbuja de renovables a costa del medio rural de Teruel, de Aragón y de la España vaciada, donde precisamente por serlo el suelo es barato, hay poca gente y la capacidad de presión ciudadana es muy baja". Su discurso finalizaba advirtiendo que, "como consecuencia, hay y habrá aún más una España próspera y otra España a la que se sacrifica en beneficio de la anterior".

El Gobierno ha dado así la puntilla a sus relaciones con el representante de la España Vaciada, que, tras facilitar la investidura, se ha ido alejando del Ejecutivo hasta votar en contra de los últimos presupuestos. Una posición que los socialistas calificaron de electoralista en su momento. Sin embargo, junto a Guitarte también llamaron la atención sobre los efectos de facilitar con menos burocracia este despliegue de instalaciones otros socios parlamentarios y de Gobierno. En el caso de Unidas Podemos, el diputado Juantxo López de Uralde advirtió al Gobierno que "lo que hacen es permitir que los malos proyectos, los proyectos que afectan negativamente al medio ambiente, se cuelen, con lo cual perjudican a aquellos que están haciendo las cosas bien", además de que "esta medida no está alineada con lo que ha dicho la Unión Europea".

Los tiempos marcados por el Ministerio de Transición Ecológica están chocando con barones socialistas en diferentes territorios. Son numerosas las federaciones que están viendo cómo se ponen en riesgo sus intereses electorales sin que las alertas lanzadas a Pedro Sánchez consigan suavizar o, al menos, retrasar para después del 28-M los planes más conflictivos de Teresa Ribera. El frente abierto con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, por el recorte en el trasvase del Tajo-Segura aprobado vía decreto el pasado 24 enero es solo uno de varios. El mismo día, el Congreso convalidaba el decreto anticrisis en el que se incluyó una medida para relajar los requisitos en la instalación de macroproyectos de renovables, bestia negra de las candidaturas de la España Vaciada, y que pone en la picota a las baronías de los territorios más rurales en competición con estas plataformas.

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