El Gobierno aprueba el plan del Tajo con caudales mínimos y un recorte del trasvase al Segura

El Consejo de Ministros aprobó este martes el real decreto que regula los planes hidrológicos con la incorporación de los caudales ecológicos "graduales" en el Tajo y un recorte en las aportaciones al trasvase al Segura que podrá alcanzar hasta 110 hectómetros cúbicos en el año 2027. La propuesta, elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera y apoyada por la Junta de Castilla-La Mancha, ha propiciado las protestas de los regantes del sureste español y cuenta con la oposición de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. Este mismo martes, colectivos de regantes se manifestaban a las puertas de la Moncloa contra el plan hídrico del Gobierno.

"Se fija un caudal por primera vez para el Tajo, el más caudaloso. Nos obliga a imaginar el modo en que la aplicación de ese caudal no pueda suponer ningún riesgo para las cuencas que se han beneficiado del trasvase. Será gradual ese caudal, empezando con siete hectómetros en 2023, llegando a ocho y terminando en 2027 con 8,6", señaló Ribera en su comparecencia. La ministra defendió la aplicación progresiva de estos caudales y defendió el plan de obras en infraestructuras de desalación (con subvención en el precio) y depuración con el que van acompañados para compensar las "expectativas" de los territorios receptores.

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Las tres autonomías presentaron alegaciones al Consejo de Estado en las que reclamaban la incorporación de una disposición transitoria que permita revisar el estado de la cabecera del Tajo a partir de 2025 y replantear los aportes de agua. El órgano consultivo no ha cuestionado la legalidad del decreto, pero incluyó en su dictamen consideraciones como la necesidad de mejorar la coordinación entre las dos cuencas para hacer "compatible" el trasvase y cuestionó la falta de trasparencia en la votación del Consejo Nacional del Agua que debatió la disposición adicional, finalmente excluida tal como estaba pactada con algunas de las administraciones presentes, como la Generalitat Valenciana.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Teresa Ribera aseguró que finalmente ha tenido en cuenta estas observaciones "no esenciales" del Consejo de Estado y su departamento ha "reforzado" el decreto. La modificación introducida con respecto al decreto enviado al Consejo de Estado es una referencia al nivel de cumplimiento del plan de inversiones compensatorio que se ejecutará a la vez que se van elevando los volúmenes ecológicos. El nuevo texto, según ha podido saber El Confidencial, habla de evaluar "su impacto en la consecución del objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de la cuenca del Segura y de la mitigación del desequilibrio existente entre demanda y aportaciones naturales, expuesto en el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura”, lo que en la Generalitat valenciana, por ejemplo, interpretan como "una puerta abierta" a exigir una revisión de caudales a partir de 2025 o 2026.

En ese sentido, Ribera dijo que a partir del 25 y 26 habrá datos contrastados sobre la mejora no tanto de la cantidad a lo que afecta el caudal ecológico, sino con respecto a la calidad", señaló. Citó las inversiones previstas en la depuración de aguas de la Comunidad de Madrid, que en teoría deberían servir para reaprovechar mejor recursos y liberar hectómetros para el trasvase. Es decir, Ribera apuesta por unos caudales ecológicos aparentemente inmnutables, pero se abre a mecanismos para revisar las aportaciones al trasvase desde el Tajo en función del grado de cumplimiento de obras para mantener el agua en condiciones. Para ello se conformarán comisiones bilaterales con las autonomías. Los caudales mínimos, no obstante, no se tocarán, según insisten desde Transición Ecológica.

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La ministra afirmó que, en "el peor de los escenarios", la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos, que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío.

A la espera de conocer el detalle del texto al completo, que se publicará en el BOE, el Ejecutivo valenciano que preside el barón socialista Ximo Puig lanzó una primera valoración en la que dijo acoger con "satisfacción moderada" los cambios introducidos por el ministerio en el real decreto del Tajo-Segura. "Las principales modificaciones apuntan en la buena dirección en la medida en que recogen una evaluación de la situación de las cuencas de ambos ríos, un importante refuerzo de las inversiones y el compromiso de realizar una nueva planificación hidrológica. Ahora bien, la Generalitat está valorando al detalle el nuevo texto y, en función de ese análisis, no descarta tomar otras vías, incluidas las legales, para defender aquellos puntos que no se ajusten a la posición del Consell y a las justas demandas de los regantes alicantinos", señalaban fuentes de la Generalitat.

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, manifestó que “Sánchez y Puig destrozan el presente y el futuro de miles de familias al recortar el Trasvase Tajo-Segura sólo por un capricho ideológico”. Mazón aseguró que se “trata de una barbaridad, es la peor política, de la peor calaña, sin ningún rigor, sin ninguna justificación. En definitiva, se trata de un capricho que pone en peligro el empleo de miles de familias y pone en jaque un sector económico fundamental para el desarrollo de la Comunitat Valenciana”.